Al presupuesto le quieren incorporar 650 proposiciones por $111 billones. El gobierno dijo que no. Las comisiones económicas tienen plazo hasta el viernes para aprobar la iniciativa en primer debate.
La discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año está como para alquilar balcón: mientras que congresistas y hasta representantes del ejecutivo presentaron 650 proposiciones modificatorias del proyecto de ley, el gobierno de Abelardo de la Espriella se niega a aceptar modificación alguna.
El monto del Presupuesto ya fue aprobado por $634,9 billones. El asunto es que estas tensiones se tienen que definir antes del próximo viernes o de lo contrario, se abriría nuevamente la puerta para que el Gobierno decrete el presupuesto. A esto se le denomina “dictadura fiscal”.
El caso ya se había presentado para el presupuesto de 2025, que fue decretado por el Gobierno Petro a finales de 2024, ante la falta de acuerdo con el Legislativo.
Según el representante por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, que además es ponente de la iniciativa, “los coordinadores y ponentes nos hemos reunido y se han presentado 650 proposiciones de congresistas y del mismo gobierno, de diferentes ministerios. Y hoy (lunes) la posición del Gobierno ha sido no darle el aval a esas proposiciones”, explicó.
Según Pérez, no es cierto que se necesite el aval del Gobierno para incorporar modificaciones al Presupuesto. Esta norma se aplica, según el ponente, cuando una erogación tiene un costo fiscal importante y cuya fuente no es clara. “Este no es el caso”, dijo en entrevista con Forbes Colombia.
Aún así, destacó que siempre toda modificación se ha hecho en común acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Según Pérez, son muchos los casos en los que inclusive los ministerios han solicitado modificaciones. “Por ejemplo, el rubro destinado a deportes no incluyó los Juegos Nacionales de 2027; el presupuesto de Cultura no es suficiente para cubrir deudas gigantescas en programas clave; en Minas, no se incorporaron los valores para cubrir los subsidios eléctricos; en Minvivienda faltan recursos, lo mismo que en salud y pensiones. Al Sena le quitaron $500.000 millones y pasa algo parecido con el Consejo Nacional Electoral”, enumeró el representante Pérez.
La discusión va a continuar este martes a partir de las 11 de la mañana y los congresistas esperan que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, haga presencia nuevamente para desarrollar esta discusión.
“Tenemos plazo hasta el viernes para aprobar la ponencia y luego quedará listo para ir a plenarias a no ser que el gobierno decida expedirlo y adoptarlo por decreto”, aseguró.
Para él, es necesario revisar todos los rubros del ministerio, porque, por ejemplo, “el servicio de la deuda vale $155 billones. ¿Sí es todo eso? Porque hay muchas necesidades y no podemos dejar a la salud sin recursos o a muchos otros sectores”.
El mejor presupuesto posible
Por su parte, el senador y coordinador ponente del Centro Democrático, Carlos Manuel Meisel, explicó que el legislativo tiene toda la voluntad para acordar con el Gobierno la distribución adecuada de los recursos.
“Estamos esperando al gobierno para continuar con la discusión y posibles acuerdos a que podamos llegar y la disposición de construir en medio de todas las dificultades fiscales el mejor presupuesto posible”, explicó Meisel.
Según el senador, tanto el congreso como el gobierno “están enredados, porque el presupuesto está difícil, por la situación fiscal en la que estamos”.
Meisel recordó que desde el Legislativo le han pedido al gobierno claridad sobre la llamada ley de rescate económico o de ajuste fiscal, que permitirá lograr el equilibrio en las cuentas públicas.
“Queremos conocerla para poder ser parte del plan y poder continuar ayudándolos”.
Aún así, dejó claro que los tiempos de aprobación están muy ajustados, porque debería quedar ponencia radicada el martes y el proyecto debería ser aprobado miércoles, jueves o viernes para cumplir con los plazos de ley.
A estas alturas de la discusión el panorama no está muy claro y podría darse otra vez un evento de “dictadura fiscal” en la que el Gobierno saca por decreto el Presupuesto de la siguiente vigencia, tal y como lo había radicado en el Congreso de la República.