Colombia avanza en la implementación obligatoria de Open Finance. Mientras la URF propone ajustes a los plazos, el sector fintech pide acelerar los estándares y la infraestructura necesarios para poner el sistema en funcionamiento.
Colombia ya decidió que las finanzas abiertas serán obligatorias. La discusión ahora está en cuánto tardará el país en convertir la regulación en un sistema que funcione en la práctica.
La Unidad de Regulación Financiera (URF) publicó este 22 de septiembre un proyecto de decreto que propone ajustes en los plazos de implementación del Sistema de Finanzas Abiertas. La iniciativa, abierta a comentarios hasta el 27 de septiembre, modifica aspectos relacionados con la publicación de estándares e indicadores y la entrada en funcionamiento del directorio de participantes.
El movimiento llega días después del Latam Fintech Market, realizado en Barranquilla, donde la velocidad de implementación apareció como uno de los asuntos de discusión entre representantes del sector financiero y el Gobierno.
“Finanzas abiertas funciona si esto se hace rápido. Finanzas abiertas funciona si se operativiza en el corto tiempo. Llevamos cuatro años hablando de finanzas abiertas y seguimos en la teoría”, dijo a Forbes Colombia Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, durante el evento.
Para Santos, uno de los desafíos está precisamente en los tiempos y en la forma como se construirá la infraestructura necesaria. El dirigente gremial pidió “fechas ciertas” y advirtió sobre obstáculos tanto en los plazos como en los procesos para poner a marchar el proceso.
De la regulación a la implementación
El Gobierno expidió en abril el Decreto 368 de 2026, que estableció el carácter obligatorio del Sistema de Finanzas Abiertas para las entidades contempladas por la regulación.
El modelo permitirá que determinados datos financieros de los clientes puedan ser suministrados de manera estandarizada a otros participantes, siempre con autorización previa del titular. La Superintendencia Financiera será la encargada de definir y actualizar los estándares técnicos, tecnológicos, funcionales y operativos que harán posible ese intercambio.
La entidad ya comenzó ese proceso. En junio reunió a representantes de 153 entidades vigiladas y actores no vigilados en las primeras mesas técnicas destinadas a recoger información para construir el cronograma y definir los estándares.
El Decreto 368 estableció además que, una vez expedido cada estándar, los proveedores de datos tendrán hasta 12 meses para habilitar el acceso a la información correspondiente. La Superintendencia podrá ampliar ese plazo, por una única vez, hasta por seis meses adicionales.
Desde el ecosistema fintech, sin embargo, existe preocupación por que una implementación demasiado prolongada reduzca el impacto del nuevo modelo.
Santos cuestionó también una arquitectura basada en múltiples conexiones entre participantes.
“Finanzas abiertas no existe con acuerdos bilaterales, tiene que haber un ente centralizador que permita que las entidades hagan una conexión y no tener que hacer 31 conexiones”, sostuvo.
La discusión puede parecer técnica, pero tiene consecuencias directas sobre la competencia en el sistema financiero.
¿Qué negocio hay detrás de los datos?
Actualmente, bancos y otras entidades conocen en detalle la relación que mantienen con sus propios clientes. Las finanzas abiertas permiten que parte de esa información pueda circular hacia otros participantes cuando el consumidor lo autorice.
Eso puede facilitar que una entidad diferente a aquella donde una persona mantiene sus productos financieros conozca mejor su perfil y pueda desarrollar ofertas ajustadas a sus características.
Para las fintech representa la posibilidad de competir con más información. Para los actores tradicionales implica operar en un escenario en el que la relación previa con un cliente no necesariamente supone conservar de manera exclusiva los datos generados alrededor de ella.
El Decreto 368 plantea entre los objetivos del sistema promover la competencia, la inclusión financiera y crediticia y el desarrollo de productos y servicios ajustados a las necesidades de los consumidores.
La norma también establece límites. El intercambio requiere autorización previa, expresa e informada del titular y se realizará mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), bajo los estándares que defina la Superintendencia.
Uno de los elementos centrales será el directorio de participantes, que permitirá identificar a los actores del sistema y los roles que desempeñan.
El sector pide velocidad
La velocidad de implementación fue también uno de los mensajes que dejó el Latam Fintech Market.
Durante su intervención de cierre, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, se refirió al desarrollo de las finanzas abiertas y lanzó un llamado concreto: “Mi invitación es: aceleremos el proceso”.
La preocupación coincide con la posición expresada por Colombia Fintech: el potencial de las finanzas abiertas dependerá no solo de las reglas aprobadas, sino de cuándo los estándares y conexiones necesarios estén disponibles para desarrollar productos sobre esa infraestructura.
La Superintendencia, por su parte, ha planteado una implementación gradual, técnica y coordinada. En las primeras mesas realizadas en junio participaron más de 260 personas de 153 entidades y organizaciones, entre establecimientos de crédito, aseguradoras, AFP, fiduciarias, comisionistas, fintech y proveedores de información.
El exsuperintendente financiero César Ferrari también había planteado la necesidad de agilizar el proceso, señalando que la entidad venía trabajando con los distintos sectores del sistema financiero y asegurador para avanzar en la implementación.
El proyecto publicado ahora por la URF vuelve a poner los tiempos en el centro de la discusión. La propuesta modifica disposiciones relacionadas con la publicación de estándares e indicadores y la puesta en funcionamiento del directorio de participantes.
Los interesados podrán presentar comentarios hasta el próximo 27 de septiembre.
Cinco meses después de establecer el carácter obligatorio de las finanzas abiertas, Colombia entra así en una etapa determinante: convertir las reglas en infraestructura.
Bancos, fintech y demás participantes tendrán que conectarse bajo estándares comunes, mientras el regulador enfrenta el reto de equilibrar velocidad, interoperabilidad y seguridad.
La regulación expedida hace unos meses abrió la puerta. El siguiente desafío será conseguir que el sistema empiece a funcionar. En este proceso, el tiempo es oro.
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