Asofondos respalda posponer la entrada en vigencia de la reforma pensional hasta 2028

Durante su intervención en el Investor Conference 2026 de Credicorp Capital, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, confirmó que el gremio respaldará la solicitud enviada por Colpensiones ante la Corte Constitucional para aplazar la implementación de la reforma pensional.

El inicio del nuevo esquema, previsto por la Sentencia C-264 de 2026 para el 1 de abril de 2027, enfrenta requerimientos pendientes de resolución en la operación de Colpensiones, las decisiones de inversión del Banco de la República y la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda.

Colpensiones solicitó formalmente trasladar la fecha de entrada en vigencia al 1 de abril de 2028, argumentando la necesidad de contar con mayor margen de tiempo para efectuar adecuaciones tecnológicas, operativas, financieras e institucionales, de manera que la administración de los trámites se ejecute de forma automatizada. Al respectó, Velasco señaló que “Sin Colpensiones va a ser muy difícil operar un sistema”, explicando que, si bien las administradoras privadas han mantenido su preparación, la operación integrada requiere de la capacidad técnica instalada en la entidad pública para asumir las funciones asignadas.

Bajo la lupa de la Procuraduría

A este panorama se suman las advertencias de la Procuraduría General de la Nación. El ente de control requirió al presidente de Colpensiones, Jaime Dussan Calderón, y al superintendente financiero, César Ferrari, un informe sobre la gestión de los riesgos operacionales y la seguridad digital de la entidad, derivados de la no renovación de los servicios de soporte, mantenimiento y actualización de sus plataformas de software.

El Ministerio Público subrayó la necesidad de contar con procedimientos técnicos actualizados para la administración de las pensiones y del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps). El requerimiento abarca áreas como la atención a los usuarios, la liquidación y pago de mesadas, el reconocimiento de derechos, la gestión de las historias laborales y las valoraciones médicas y jurídicas; procesos que, de acuerdo con los reportes de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, presentan niveles de obsolescencia.

Frente a esta situación, el organismo de control alertó sobre la posible vulnerabilidad en los datos de los afiliados, señalando que la falta de actualización tecnológica y los retrasos operativos podrían incrementar la exposición a fraudes y afectar la eficiencia del servicio. Bajo este contexto, la Procuraduría concluyó que Colpensiones carece de la preparación técnica y administrativa requerida para asumir la implementación del nuevo modelo pensional según lo proyectado.

Requerimientos del Banco de la República

Por su parte, el Banco de la República requirió precisiones jurídicas ante la Corte Constitucional de manera previa al inicio de las inversiones y preparativos logísticos necesarios para poner en marcha el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Este instrumento prevé administrar en su desarrollo recursos equivalentes a cerca del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB), estimados en unos 300 billones de pesos. Ante esta condición, el presidente del gremio expresó que “Eso significa que dichas inversiones se van a demorar al menos hasta que haya claridad en el frente de la fecha de vigencia del nuevo sistema”, añadiendo que “Las inversiones que tendrá que hacer el Banco de la República se van a demorar hasta que tengan claridad de los temas que el Banco preguntó”.

A las condiciones técnicas del sistema se suma la solicitud formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que presentó un incidente de impacto fiscal ante el tribunal constitucional. La cartera identificó la falta de incorporaciones presupuestales por un monto de 5 billones de pesos dentro del Presupuesto General de la Nación para cubrir los compromisos del pilar contributivo, sumado al trámite legislativo en la Cámara de Representantes para subsanar entre nueve y diez artículos devueltos. Frente a este panorama, Velasco indicó:

“Son tres elementos que le están diciendo a la Corte Constitucional no estamos listos. Nosotros estamos listos, pero sin esos tres actores (Colpensiones, Minhacienda y Emisor) tenemos que ponernos serios y considerar la necesidad de posponer una vez más la entrada en vigor”.

Adicionalmente, el gremio analizó el contexto macroeconómico del sistema de ahorro e ingresos de la Nación. De acuerdo con las proyecciones presentadas, Colpensiones destina actualmente 80 billones de pesos anuales al pago de prestaciones —cubiertos con 40 billones provenientes del presupuesto nacional y 40 billones de deuda y cotizaciones—, cifra que supera el recaudo por concepto de IVA, calculado en 75 billones de pesos.

Ante un nivel de cobertura laboral del 25 % y una proyección donde el pasivo pensional podría incrementarse del 100 % al 200 % del PIB a largo plazo, Andrés Velasco concluyó que “el ahorro nacional no puede disminuir”.

Registrado por Juan Camilo Torres Alarcón

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