Mientras que el Ministerio de Hacienda radicó un incidente de impacto fiscal, Colpensiones dice que no puede implementar la ley de aquí a abril de 2027.
La reforma pensional en Colombia, sancionada como la Ley 2381 de 2024, no termina de prosperar. Aunque la decisión de la Corte Constitucional respaldó cerca del 90% del articulado y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha oficial para la entrada en vigencia del nuevo sistema de pilares, dos acontecimientos recientes han vuelto a sacudir las bases de la transición: la radicación de un incidente de impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda ante la Corte Constitucional y las advertencias de Colpensiones sobre la imposibilidad técnica y funcional de cumplir con los plazos previstos para 2027.
Estos dos hechos abren un nuevo debate sobre la viabilidad de la reforma, no solo desde la legalidad constitucional, sino desde las finanzas públicas y la arquitectura técnica del sistema pensional.
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Este martes, el Ministerio de Hacienda radicó ante la Corte Constitucional un incidente de impacto fiscal que busca advertir los gravísimos compromisos financieros que implica la puesta en marcha de la Ley 2381 bajo el escenario macroeconómico actual.
El impacto en las finanzas públicas
El trasfondo fiscal es complejo. La revisión de las cuentas del Presupuesto General de la Nación evidencia presiones crecientes por el déficit fiscal y el endeudamiento público, en un contexto de altas tasas de interés y estrechez presupuestal. Aunque el modelo de pilares traslada obligatoriamente las cotizaciones de los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) hacia el componente contributivo gestionado por Colpensiones, la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo demanda un volumen masivo de recursos públicos para subsidiar la garantía de pensión mínima y el Pilar Solidario.
Expertos y analistas señalan que la solicitud del Ministerio de Hacienda ante el alto tribunal responde a la necesidad de evaluar modularmente los tiempos de desembolso fiscal y ajustar la carga financiera del Estado. La imposibilidad de financiar simultáneamente la transición, los subsidios pensionales y el servicio de la deuda genera alertas en los mercados de capitales, donde además preocupa la menor profundización del ahorro financiero privado al reasignarse un porcentaje relevante de los flujos de cotización hacia el régimen público.
La alerta de Colpensiones
A la presión fiscal se suma un cuello de botella operacional determinante. Colpensiones ha anunciado públicamente que no cuenta con la capacidad tecnológica, de personal ni de procesamiento de datos para implementar de manera integral el nuevo sistema de pilares para el 1 de abril de 2027.
La transición desde el modelo competitivo tradicional de la Ley 100 de 1993 hacia un modelo integrado exige mucho a Colpensiones.
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Primero, integración e interoperabilidad en tiempo real. Esto significa, articular los flujos de información y recursos con las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) en los fondos privados.
Pero además, debe contar con la infraestructura necesaria para un procesamiento masivo de datos. A Colpensiones le corresponde recibir, clasificar y administrar los aportes del pilar contributivo de más de 18 millones de afiliados sobre el tramo de hasta 2,3 SMLMV.
Finalmente hay un tema sensible: garantizar historiales unificados e historia laboral. Es necesario para la entidad, consolidar las semanas cotizadas de miles de ciudadanos que tramitaron traslados —incluyendo los más de 166.000 traslados concretados en la Ventana de Oportunidad de Traslado (artículo 76 de la reforma)—, cuyos sistemas de soporte sufrieron intermitencias tecnológicas severas reportadas durante mediados de 2026.
La advertencia de Colpensiones confirma que de iniciar la operación sin los sistemas debidamente probados y parametrizados representaría un riesgo sistémico para el reconocimiento oportuno de las mesadas pensionales y el recaudo de los aportes.
Problemas para otros actores del sistema
Más allá de los debates institucionales entre la Corte, el Ministerio y Colpensiones, la puesta en marcha del nuevo modelo supone retos profundos para empresas, independientes y administradoras.
Por ejemplo, dentro del sistema coexistirán trabajadores bajo dos marcos jurídicos completamente distintos. Primero está la Población en Régimen de Transición: Mujeres con 750 o más semanas cotizadas y hombres con 900 o más semanas cotizadas al momento de la ley, a quienes se les aplican de forma íntegra las reglas pensionales anteriores.
Luego están los afiliados al Nuevo Sistema de Pilares, que no alcanzaron el umbral de semanas y cotizarán en Colpensiones (hasta 2,3 SMLMV) y en una ACCAI (por el excedente hasta 25 SMLMV).
Esta dualidad obliga a las áreas de Talento Humano y Nómina a parametrizar minuciosamente sus software de liquidación para evitar inconsistencias en las cotizaciones y el pago progresivo al Fondo de Solidaridad Pensional (con porcentajes adicionales que van del 1,5% al 3% según el nivel de ingresos).
Un cambio procedimental clave recae sobre los contratos de prestación de servicios. La ley contempla que los contratantes deberán descontar directamente de los honorarios de los contratistas independientes el valor de los aportes a la seguridad social y girarlos al sistema, trasladando la responsabilidad administrativa y de recaudo al empleador o contratante.
Aún así, el debate legislativo de la norma, sigue técnicamente incompleto: la Corte Constitucional devolvió 9 artículos y una proposición a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de procedimiento legislativo en un plazo de 30 días hábiles. El trámite y eventual ajuste de estos artículos genera incertidumbre normativa adicional sobre aspectos clave de las reglas del juego pensionales.
El cruce entre el incidente de impacto fiscal radicado por el Ministerio de Hacienda y las limitaciones admitidas por Colpensiones sitúa a la reforma pensional en un estado de alta incertidumbre. Si bien jurídicamente existe una fecha de entrada en vigencia para el 1 de abril de 2027, la realidad financiera e institucional sugiere que el país va a seguir atravesando una zona de alta incertidumbre acerca de su régimen pensional. Por eso vale la pena preguntarse qué tan mal salió la reforma pensional de Petro.