Camilo Sánchez, presidente del gremio, destacó la disposición del nuevo Gobierno al diálogo técnico y el respeto por las inversiones.
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, destacó el cambio de ambiente que se respira en el sector de los servicios públicos con la llegada del nuevo Gobierno y su disposición a mantener un diálogo técnico con las empresas. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos que plantea la nueva regulación tarifaria del servicio de aseo y pidió revisar las decisiones adoptadas por la anterior administración.
Sánchez señaló, durante la instalación del 28.º Congreso del gremio, que el país cuenta ahora con un Gobierno abierto al diálogo, que respeta las inversiones. A su juicio, Colombia es un referente en América Latina en materia de servicios públicos y debe preservar la seguridad jurídica necesaria para garantizar la continuidad de las inversiones.
El dirigente gremial también resaltó la gestión de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y la instalación de mesas de trabajo con las empresas para abordar los desafíos del sector, particularmente las medidas necesarias frente al fenómeno de El Niño.
En ese contexto, insistió en que los servicios públicos son niveladores sociales por excelencia, generan empleo y que las empresas deben ser consideradas aliadas del Gobierno.
La controversia por las tarifas de aseo
Pese al nuevo ambiente de diálogo, Andesco presentó una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026, mediante la cual el Gobierno anterior expidió el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo, pocos días antes de finalizar su mandato.
El gremio sostiene que la regulación presenta inconsistencias jurídicas, económicas y procedimentales. Entre sus principales cuestionamientos figura que más del 50 % de las disposiciones incluidas en la resolución definitiva serían nuevas y no habrían sido sometidas previamente a discusión con los actores del sector.
Andesco también cuestiona los posibles efectos retroactivos de las modificaciones a las reglas de aprovechamiento de residuos y pide revisar el cumplimiento de los criterios de eficiencia económica, suficiencia financiera y transparencia establecidos en la Ley 142 de 1994.
Según el gremio, la aplicación de la nueva metodología podría comprometer la sostenibilidad de las empresas, perjudicar a los recicladores de oficio y generar problemas de salud pública en las ciudades. Estas advertencias forman parte de los argumentos presentados por Andesco y no constituyen efectos comprobados de la regulación.
“Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”, afirmó Sánchez.
La asociación reiteró su disposición a mantener un diálogo técnico y constructivo con el Gobierno y las autoridades regulatorias para revisar el marco tarifario y garantizar condiciones que permitan sostener las inversiones y la calidad del servicio.