Las comisiones económicas aprobaron en primer debate el PGN de 2027. Miguel Gómez advirtió que el gasto público ha crecido por encima de la capacidad de financiación del país y que buena parte de ese aumento se ha sostenido con deuda.
Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por $634,9 billones. Sin embargo, durante la discusión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que el crecimiento del gasto público y el endeudamiento han llevado las finanzas del país a una situación que exige un ajuste fiscal.
“Este es el momento más difícil que ha vivido nuestra economía. Hemos venido financiando gasto con deuda y hemos llegado al límite”, afirmó el ministro durante su intervención ante el Congreso.
El proyecto recibió 56 votos a favor y 11 en contra y ahora deberá pasar a las plenarias del Senado y la Cámara para continuar su trámite legislativo.
Gómez defendió el presupuesto presentado por el Gobierno, pero reconoció las restricciones fiscales que enfrenta el país. Según explicó, el crecimiento del gasto durante los últimos años ha superado la capacidad de financiación del Estado.
“La verdad es que aumentamos tanto el nivel de gasto que hoy en día no tenemos cómo sostenerlo”, afirmó.
Para ilustrar la magnitud del problema, el ministro presentó cifras sobre la evolución de distintas partidas presupuestales entre 2022 y 2027. Según sus datos, los recursos de la Registraduría aumentaron 80%; los de Salud, 87%; Trabajo, 94%; Educación, 87%, y los organismos de control, 61%. El servicio de la deuda, por su parte, creció 129%.
Durante ese mismo periodo, la inflación acumulada fue de 35%, de acuerdo con las cifras expuestas por Gómez. El ministro utilizó esa comparación para señalar que el incremento de numerosas partidas presupuestales ha superado ampliamente el aumento general de los precios.
El panorama es especialmente complejo cuando se compara la evolución del funcionamiento del Estado con la inversión pública. De acuerdo con Gómez, el primero aumentó 86% entre 2022 y 2027 y el servicio de la deuda, 122%, mientras que la inversión pública creció 25%.
El ministro también sostuvo que la inversión pública y privada se encuentra en su nivel más bajo desde 1975, una afirmación que refuerza su argumento sobre la necesidad de recuperar el espacio fiscal para financiar proyectos que impulsen el crecimiento económico.
Un presupuesto condicionado
El proyecto aprobado contempla $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para el servicio de la deuda y cerca de $87 billones para inversión. Esto significa que, de cada $100 presupuestados, aproximadamente $86 se destinarán a funcionamiento y deuda, y $14 a inversión.
Gómez insistió en que el nuevo Gobierno recibió obligaciones que debe atender y defendió la decisión de reconocerlas en el presupuesto, en lugar de presentar unas cuentas que, según su diagnóstico, no reflejen las necesidades reales de financiación.
El ministro afirmó que entre 2022 y 2027 los recursos provenientes del crédito interno y externo aumentaron 319%. Atribuyó buena parte de las actuales dificultades fiscales al endeudamiento contratado durante la administración anterior.
El presupuesto reformulado asciende a $634,9 billones, unos $59,3 billones más que el proyecto presentado inicialmente en julio. La administración de Abelardo De La Espriella ha denominado la nueva propuesta el Presupuesto de la Verdad, bajo el argumento de que reconoce obligaciones de gasto y servicio de deuda que no estaban incorporadas adecuadamente en las cuentas anteriores.
La aprobación se produjo después de varias semanas de solicitudes de recursos adicionales por parte de ministerios y entidades públicas.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, había solicitado una adición cercana a $13 billones, mientras que la ministra de Trabajo, Natalia López, pidió casi $5 billones adicionales.
La ponencia presentada por el Gobierno incorporó $2 billones adicionales para Salud, $100.000 millones para la Rama Judicial y aproximadamente $99.000 millones para el Ministerio del Deporte. Los recursos destinados a Salud provinieron de una reasignación del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
La discusión también incluyó recortes a otras entidades, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya asignación fue reducida en $170.000 millones. La decisión generó controversia por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del tribunal.
Pese a las diferencias sobre la distribución de los recursos, las comisiones económicas aprobaron la ponencia mayoritaria sin modificaciones adicionales a sus artículos.
El trámite continuará ahora en las plenarias del Congreso. Entretanto, el Gobierno deberá concretar las medidas de racionalización del gasto con las que pretende enfrentar el desequilibrio fiscal y reducir las necesidades de endeudamiento durante los próximos años.
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