Mientras la regulación defiende un tope a los intereses para proteger al consumidor, líderes del sector fintech advierten que esta medida cierra las puertas del sistema formal y alimenta créditos ilegales con tasas de hasta el 669%.
La discusión sobre la tasa de usura en Colombia está en el centro del debate. Históricamente ha sido justificada como un mecanismo para garantizar créditos baratos, su aplicación práctica revela una paradoja en el mercado financiero nacional: una demanda casi universal que choca con una oferta altamente limitada.
El resultado directo es que el financiamiento más costoso no es el que ofrecen los bancos, sino aquel que asumen millones de ciudadanos al verse obligados a buscar recursos por fuera del sistema formal. Este fue el tema de conversación en el último SpaceX de Forbes Colombia en el que participaron Paolo Di Marco, presidente de RappiPay y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
Un estudio de Colombia Fintech expone la cruda realidad del crédito informal en el país. Las tasas promedio del mercado del ‘gota a gota’ alcanzan un 333% para las personas naturales y se disparan al 669% para las personas jurídicas, quienes terminan pagando nueve veces el valor de su deuda en apenas dos meses. Esta dinámica, sumada a la exclusión de 480.000 personas del mercado formal en el último año, dibuja un panorama insostenible.
“Encontramos una disonancia grande entre el mundo político, que habla de garantizar créditos baratos con la tasa de usura, y lo que pasa en realidad. Un país así es inviable en términos de crecimiento”, Santos.
Desde la barrera operativa de las entidades financieras y fintechs, la tasa de usura actúa como un límite infranqueable. El historial crediticio castigado de los usuarios y las estrictas reglas de provisión complican la viabilidad de los préstamos. Si un cliente incurrió en mora en el pasado reciente, la regulación exige a la entidad provisionar hasta el 65% del valor del crédito, un costo que no cuadra frente a un ingreso topado por la ley.
Este panorama mantiene las tasas de aprobación de la industria estancadas entre un 20% y un 30%. “Al no poder manifestar el riesgo en precios, la persona simplemente se queda sin acceso y se vuelve un círculo vicioso. Hay una exclusión permanente para quienes tuvieron inconvenientes en el pasado a los que nos encantaría darles una oportunidad, pero los números nunca van a dar por la regulación”, dijo Paolo Di Marco, presidente de RappiPay.
Un cálculo bajo la lupa
La raíz técnica de la crisis reciente obedece a los cambios en la fórmula de la tasa de interés bancario corriente. Durante los últimos años, la Superintendencia Financiera incluyó en el cálculo operaciones de naturaleza distinta, como los créditos de redescuento. Esta modificación forzó una baja artificial de la usura, lo que aceleró la exclusión casi inmediata de los perfiles de riesgo más vulnerables. “Es una manipulación política del cálculo. Estuvimos estudiando el impacto y pudimos visibilizar en tiempo real cómo, a medida que se generaba ese descenso artificial, se iban excluyendo los perfiles más riesgosos casi de manera inmediata”, señaló Santos.
A esta traba técnica se suma la visión del Estado, que asume que el crédito de consumo se destina exclusivamente a lujos. Los datos de las entidades digitales demuestran lo contrario: las tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión operan hoy como herramientas esenciales para adquirir equipos de trabajo, tecnología o financiar la educación superior.
“Vemos en nuestros clientes jóvenes, de 18 a 25 años, que uno de los usos más altos que tienen es el pago universitario. También usamos estos créditos para financiar a los comercios y emprendedores, lo que tiene una destinación directa para incrementar sus ventas o invertir en capital de trabajo”, explicó Di Marco.
Para sortear estas barreras, las plataformas han implementado modelos avanzados basados en inteligencia artificial y data alternativa, analizando los ecosistemas de compra y los pagos recurrentes para perfilar mejor la capacidad de endeudamiento de los sectores informales o independientes. Sin embargo, aunque la tecnología logra transparentar el riesgo real del cliente y reducir los costos operativos, el techo de cristal impuesto por la usura sigue limitando la aprobación masiva de nuevos créditos.
Dado que eliminar totalmente la tasa de usura es un debate políticamente inviable en la actualidad, el sector propone alternativas regulatorias probadas. Una de las soluciones apunta a la segmentación de tasas por nicho de mercado —separando el crédito comercial, por tamaño de empresa, consumo y microcrédito—, un modelo similar al implementado con éxito en Chile. Además, recalcan la urgencia de transparentar la metodología de la Superintendencia Financiera para que sea un cálculo puramente técnico y objetivo.
Flexibilizar y segmentar la tasa dejó de ser un tema exclusivamente bancario para convertirse en un mecanismo de protección social y desarrollo económico. Colombia necesita irrigar más liquidez de manera urgente para estimular el crecimiento de las mipymes. Como concluyó el presidente de Colombia Fintech: “una persona que sacamos del ‘gota a gota’ es una persona que le quitamos a la delincuencia. Le cambiamos la vida al traerla a la formalidad a través de un instrumento tan sofisticado como el crédito”.
Escrito por Lina Vargas Vega
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