ANIF estima en $3,2 billones la presión asociada al aumento del salario mínimo sobre Colpensiones. El 60,8% de sus pensionados recibe una mesada equivalente al mínimo.
El aumento del salario mínimo de 2026 sigue teniendo efectos sobre las cuentas públicas. ANIF estima que cerca de $3,2 billones del desfase fiscal de Colpensiones están asociados al incremento del mínimo, una cifra que permite dimensionar parte de las necesidades adicionales de recursos que enfrenta la entidad para terminar el año.
El cálculo aparece después de que el Ministerio del Trabajo advirtiera que Colpensiones necesita cerca de $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre. La Contraloría General de la República, por su parte, ha estimado las necesidades en más de $4,2 billones.
No se trata de tres estimaciones sobre exactamente lo mismo. ANIF advierte que el faltante presupuestal tiene otros componentes y calcula específicamente la presión asociada al aumento del salario mínimo.
La diferencia comienza en la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Las cuentas fueron construidas suponiendo un incremento del salario mínimo de 7,5%, pero el aumento que finalmente entró en vigencia fue de 23%.
Esa brecha tiene un impacto directo sobre el gasto pensional porque buena parte de las mesadas pagadas por Colpensiones están atadas al mínimo.
A julio de 2026, 1,18 millones de pensionados de Colpensiones recibían exactamente un salario mínimo, equivalentes al 60,8% del total. La nómina mensual correspondiente a ese grupo asciende a unos $2,1 billones, según ANIF.
Las pensiones equivalentes al mínimo aumentan en la misma proporción que este. Las que están por encima, en cambio, se reajustan con la inflación causada del año anterior. Esa diferencia ayuda a explicar por qué un incremento del salario mínimo muy superior al previsto termina trasladándose a las necesidades de recursos del sistema público.
De $3,1 billones a $3,2 billones
ANIF había hecho una primera estimación en febrero, cuando calculó en cerca de $3,1 billones el costo anual adicional del incremento del mínimo sobre estas pensiones.
En ese ejercicio utilizó como punto de comparación un aumento hipotético de 6%, correspondiente a inflación más productividad.
Ahora actualizó las cuentas con información disponible hasta julio y utilizó una referencia distinta: el aumento de 7,5% que había sido contemplado en el PGN de 2026. Con ese escenario, estima que la presión asciende a aproximadamente $3,2 billones.
El ejercicio considera 13 mesadas anuales y también incorpora el efecto del aumento de las cotizaciones. Esto último juega en sentido contrario: el mayor salario mínimo también incrementa los aportes al sistema y permite compensar parcialmente el aumento del gasto.
Hay otro elemento menos evidente detrás del cálculo.
ANIF incorpora una aproximación al denominado “efecto de arrastre”, que alcanza a algunas pensiones que estaban ligeramente por encima del salario mínimo.
Una persona que en diciembre de 2025 recibía hasta $1.660.000, por ejemplo, habría quedado por debajo del nuevo salario mínimo después de ajustar su pensión únicamente por inflación. Como ninguna pensión puede quedar por debajo del mínimo legal, esas mesadas también tuvieron que llevarse hasta el nuevo piso.
Así, el efecto fiscal no se limita exclusivamente a quienes ya recibían exactamente un salario mínimo antes del incremento.
El faltante ya había encendido las alertas
La discusión tomó fuerza la semana pasada, cuando la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró ante el Congreso que no estaban disponibles todos los recursos necesarios para pagar las pensiones de noviembre y diciembre.
Forbes Colombia informó la semana pasada que el Gobierno buscaba alternativas con el Ministerio de Hacienda para cubrir un faltante cercano a $5 billones en las mesadas de noviembre y diciembre. En esa misma discusión, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, relacionó el faltante con la diferencia entre el incremento del mínimo utilizado para construir el presupuesto y el 23% finalmente decretado.
José Ignacio López, presidente de ANIF, también había advertido desde febrero que un aumento significativamente superior a los parámetros técnicos tendría consecuencias fiscales sobre las pensiones. El nuevo análisis publicado por el centro de estudios actualiza esa estimación con los datos disponibles hasta julio.
La Contraloría se sumó después a las alertas. El organismo de control calculó que se requieren más de $4,2 billones para cumplir con los pagos de Colpensiones al cierre del año.
Según las cifras divulgadas por la entidad, los fondos administrados por Colpensiones comenzaron 2026 con gastos presupuestados por $75,58 billones, de los cuales $72,8 billones correspondían a pensiones y jubilaciones. Los aportes de la Nación previstos inicialmente sumaban $33,7 billones.
Las diferencias entre los $5 billones mencionados por el Ministerio del Trabajo, los $4,2 billones de la Contraloría y los $3,2 billones calculados por ANIF obedecen a conceptos y metodologías distintas. La cifra del centro de estudios no pretende explicar todo el faltante: busca estimar cuánto de la presión puede asociarse al incremento del salario mínimo frente a lo que había previsto el presupuesto.
El efecto no termina en 2026
La advertencia de ANIF mira también hacia el próximo año.
La reforma pensional tiene prevista su entrada en vigencia el 1 de abril de 2027, fecha fijada después de las decisiones de la Corte Constitucional. Con el nuevo esquema, Colpensiones asumiría un papel mayor dentro del sistema.
El escenario fiscal ya genera dificultades. El Ministerio de Hacienda presentó ante la Corte un incidente de impacto fiscal y ha identificado necesidades por alrededor de $5 billones que no fueron incorporadas en el Presupuesto General de la Nación de 2027 para atender compromisos del pilar contributivo.
ANIF utiliza ese antecedente para advertir que la implementación de la reforma debería estar acompañada por una estimación completa y transparente de sus efectos fiscales, de modo que las necesidades de recursos puedan anticiparse e incorporarse al presupuesto.
La discusión tiene además otra dimensión. El incremento de 2026 elevó el piso sobre el que se pagan las pensiones equivalentes al salario mínimo y el valor que resulte de las futuras negociaciones seguirá incidiendo sobre esas obligaciones.
Por eso, para ANIF, las decisiones sobre el salario mínimo tienen consecuencias que van más allá del mercado laboral. Cuando una parte considerable del gasto pensional está vinculada a esa variable, un aumento superior a lo contemplado en las cuentas fiscales termina elevando las obligaciones que debe financiar el Estado.
El debate sobre el salario mínimo de 2027 tendrá entonces otro elemento sobre la mesa: además de su impacto sobre trabajadores, empresas, empleo e inflación, cada punto de aumento puede tener consecuencias sobre una de las mayores obligaciones del presupuesto nacional, el pago de las pensiones.
Registrado por: Sebastián Tovar
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