El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno tocará las puertas del FMI para buscar una salida ante la crítica situación fiscal.

Colombia volverá a pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo anunció el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante su alocución de este domingo.

La razón es sencilla: el país enfrenta “la más crítica” situación fiscal “de toda nuestra historia”, explicó el primer mandatario durante su intervención televisada. Inmediatamente ordenó al ministro de Hacienda, Juan Gómez Martínes, y al equipo económico ponerse al frente de las conversaciones.

¿Qué significa realmente que Colombia acuda al FMI? Actualmente Colombia no tiene un acuerdo nuevo con el Fondo ni se conoce todavía el instrumento que buscará el Gobierno. Iniciar conversaciones no equivale a haber negociado un crédito ni, mucho menos, a tener aprobado un programa de ajuste. No obstante, el contexto económico permite afirmar que la salida puede resultar en un plan de ajuste como el que el país realizó para enfrentar la crisis de finales del siglo pasado durante el Gobierno de Andrés Pastrana.

Colombia tiene hoy un problema fundamentalmente fiscal. Y si las conversaciones terminan en un programa tradicional respaldado por el FMI, el país podría recibir financiación para enfrentar sus necesidades externas al tiempo que se compromete con un programa de consolidación fiscal, con metas verificables y con revisiones periódicas del FMI.

Una relación de largo aliento

No es la primera vez que Colombia toca la puerta del Fondo. Colombia es miembro del FMI desde 1945 y ha tenido 28 acuerdos con el organismo. La historia muestra que el país ha recurrido a esta institución multilateral en circunstancias muy diferentes y utilizando instrumentos distintos.

Uno de los episodios más interesantes ocurrió durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando Abdón Espinosa Valderrama era ministro de Hacienda. A mediados de los años sesenta Colombia enfrentaba dificultades de balanza de pagos y un régimen cambiario complejo. El FMI recomendaba, entre otras medidas, una devaluación del tipo de cambio. La respuesta colombiana fue simplemente rechazar una gran devaluación de una sola vez.

En marzo de 1967 las autoridades introdujeron un mecanismo de ajustes frecuentes de la tasa de cambio, el llamado crawling peg, uno de los primeros sistemas de este tipo implementados en el mundo y que se mantuvo vigente hasta 1991.

La crisis de la deuda

El siguiente episodio particularmente importante ocurrió durante el gobierno de Belisario Betancur, quien tuvo como ministro de Hacienda a Roberto Junguito. A comienzos de los años ochenta Colombia enfrentaba un deterioro de sus cuentas externas y fiscales. La economía había perdido dinamismo y el país necesitaba recuperar la confianza de sus acreedores internacionales.

El Gobierno decidió emprender un programa de ajuste que incluía medidas fiscales, monetarias y cambiarias. Pero quiso evitar un acuerdo tradicional de crédito con el FMI. Lo que hizo fue bastante particular: Colombia pidió al Fondo que certificara que su programa era suficientemente sólido como para recibir eventualmente apoyo financiero, que monitoreara su cumplimiento como si existiera un acuerdo stand-by y que permitiera al Gobierno entregar sus evaluaciones a los acreedores. El Directorio del FMI aprobó este novedoso mecanismo en julio de 1985.

El caso Pastrana

La experiencia más recordad llegó al final de los años noventa. Colombia atravesaba una profunda crisis económica, con recesión, desequilibrios fiscales y externos y dificultades en el sistema financiero. En diciembre de 1999 el FMI aprobó un acuerdo de tres años por 1.957 millones de derechos especiales de giro, unos US$2.700 millones de entonces, para respaldar el programa económico colombiano de 1999-2002.

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Aquí aparece el mecanismo que normalmente se tiene en mente cuando se habla de un “programa del FMI”. El Gobierno obtiene recursos del Fondo para fortalecer su posición externa (no para cubrir el déficit fiscal) y, a cambio, acuerda un programa de política económica de ajuste. Este programa contiene metas y compromisos que son objeto de seguimiento y revisiones periódicas.

La carta de intención de 1999 estableció revisiones semestrales del programa y criterios de desempeño que debían cumplirse durante el período del acuerdo. Eso incluyó reforma tributaria, plan de ajuste del Estado y una ley para controlar el gasto de departamentos y municipios, entre otros aspectos. 

La pandemia y Duque

La experiencia más reciente es muy diferente. Durante la pandemia, Colombia hizo un desembolso de US$5.400 millones de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI. El dinero estaba destinado a atender las mayores necesidades de financiamiento, apoyar la respuesta presupuestaria frente al COVID-19 y mantener una adecuada liquidez internacional. Pero la Línea de Crédito Flexible no funcionaba como un programa tradicional.

El propio FMI explicaba que los desembolsos de la LCF no estaban escalonados ni condicionados al cumplimiento de metas de política económica. El instrumento estaba diseñado para países con fundamentos macroeconómicos y marcos institucionales considerados muy sólidos y funcionaba, en buena medida, como un seguro frente a choques externos.

¿Vamos por otro otro plan de ajuste como el de 1999?

Colombia no parece estar recurriendo al FMI porque se esté quedando sin reservas internacionales. El Fondo señaló en su última consulta del Artículo IV que las reservas internacionales de Colombia eran adecuadas y equivalían, a junio de 2025, al 131% de las reservas necesarias para enfrentar un choque externo. No obstante, el FMI advertía sobre el aumento del déficit fiscal, el crecimiento de la deuda y el incremento de los diferenciales de riesgo soberano.

El problema fiscal, entretanto, se ha agravado. El Plan Financiero actualizado por el Ministerio de Hacienda y citado por el Banco de la República proyecta para 2027, si no se adoptan medidas correctivas, un déficit del Gobierno Nacional Central equivalente a 9,4% del PIB y una deuda neta de 66,2% del PIB. El Banco aclara que esas cifras no son metas del Gobierno, sino un diagnóstico de los riesgos que enfrenta la situación fiscal si no se actúa.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), por su parte, ha advertido que el ajuste necesario para estabilizar las finanzas públicas es de alrededor de 4,2 puntos del PIB entre 2027 y 2030 para lograr un superávit primario. El CARF ha señalado que el ajuste podría estar entre 4% y 5% del PIB durante el próximo cuatrienio.

Es aquí donde la discusión sobre el FMI adquiere sentido: Colombia tiene reservas. Lo que necesita corregir es la trayectoria de sus finanzas públicas y en ese contexto, el seguimiento del FMI se vuelve en un respaldo de gran calado político y un mensaje para los mercados internacionales que permitiría, eventualmente, acceder a financiamiento más barato.

¿Cuál es el objetivo?

El presidente De la Espriella no fue claro sobre qué significa volver al FMI. Pero si las conversaciones desembocan en un programa tradicional respaldado por el Fondo, hay dos objetivos que parecen particularmente relevantes.

El primero sería la consolidación fiscal: reducir el déficit y colocar la deuda pública en una trayectoria sostenible. Aquí entra en juego la próxima presentación de la gran ley de rescate para reducir los gastos y una reforma tributaria para aumentar los ingresos.

El segundo sería el financiamiento. Un programa del FMI puede aportar recursos para atender necesidades de balanza de pagos. Pero el Gobierno deberá definir un plan de manejo de deuda. Esto significa refinanciar deuda para bajar intereses y alargar plazos. Un caso así se dio también en 1999, cuando Juan Mario Laserna, entonces director de crédito público, recogió deuda vigente y emitió nueva deuda en mejores condiciones de tasa y plazo.

El país queda a la expectativa de los anuncios que haga el equipo liderado por el ministro de Hacienda, Juan Gómez Martínez. Aún así, lo que queda claro es que con el FMI o sin el FMI, el gobierno de Abelardo de la Espriella debe enfrentar uno de los desafíos fiscales más grandes de la historia reciente de Colombia.