“El IVA hay que tocarlo”: la propuesta del CPC para enfrentar el ajuste fiscal

Durante las últimas dos décadas, Colombia creció a una tasa promedio cercana al 3,4%, impulsada principalmente por la incorporación de más trabajadores y capital a su economía, aun sin conseguir avances significativos en productividad. Pero uno de esos motores comienza a agotarse: la fuerza laboral ya no crecerá al ritmo del pasado. Y eso obliga al país a enfrentar una discusión que durante años pudo aplazar.

“La productividad no lo es todo”, escribió el Nobel de Economía Paul Krugman en 1990, “pero a largo plazo lo es casi todo”. Más de tres décadas después, la frase resume buena parte del desafío que plantea para Colombia el Informe Nacional de Competitividad 2026-2027.

Entre 2005 y 2025, la productividad total de los factores (PTF) restó en promedio 0,2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Eso significa que la expansión de la economía provino principalmente de incorporar más trabajo y capital, y no de utilizar esos recursos de manera más eficiente. El problema es que la transición demográfica reducirá progresivamente el aporte de nuevos trabajadores. 

“Si en este momento no se convierte de verdad en una obsesión nacional el tema de la productividad y el tema de la inversión, no tenemos cómo. Ni siquiera vamos a poder crecer lo que crecimos en el pasado”, dice Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC) en diálogo con Forbes Colombia.

Para Maiguashca, el desafío comienza por sacar la productividad del terreno de los economistas y llevarla a la vida cotidiana. El concepto, señala, suele asociarse equivocadamente con exigir que una persona trabaje más.

“Productividad es lo que nos libera tiempo, lo que nos permite ganar más ingresos, lo que permite mejorar nuestras vidas y tener ocio”, afirma. La agenda, agrega, debe importar tanto al gran empresario como al pequeño, al trabajador por cuenta propia y a quienes permanecen en la informalidad. 

Recuperar la inversión

El segundo motor es la inversión. Y allí Maiguashca identifica como primera barrera la situación de las finanzas públicas.

El elevado déficit fiscal está presionando las tasas de interés de largo plazo y aumentando el costo del capital. El resultado, explica, es una competencia directa entre financiar al Estado e invertir en actividades productivas.

“Para un inversionista de fuera es más atractivo venir a comprar TES que pensar en un proyecto productivo”, sostiene. A ello se suma la incertidumbre que genera la tasa de cambio para proyectos cuyos retornos se calculan a varios años. 

Pero recuperar la inversión, según el CPC, requiere algo más que estabilizar las cuentas públicas. Maiguashca menciona la elevada tributación sobre el capital y, especialmente, la necesidad de recuperar la credibilidad de las reglas de juego.

“No es solamente que la tasa tributaria sea X o Y, sino que podamos decir: la vamos a dejar en ese nivel”, explica. La misma lógica aplica a contratos de largo plazo y asociaciones público-privadas: las condiciones pactadas con los inversionistas deben mantenerse durante la ejecución de los proyectos. 

El IVA entra en la discusión

El ajuste fiscal, sin embargo, no podrá descansar únicamente sobre una reducción del gasto, según la presidenta del CPC.

Maiguashca considera necesario revisar gastos estructurales relacionados con salud, pensiones, el Sistema General de Participaciones y subsidios. Aunque respalda una modernización del Estado y la reducción de gastos improductivos, advierte que esa fuente por sí sola no tiene la magnitud suficiente para cerrar el desequilibrio actual. 

Es allí donde aparece uno de los planteamientos más sensibles del informe: revisar el IVA. El CPC no propone elevar la tributación corporativa. Por el contrario, Maiguashca considera deseable reducir parte de la carga sobre el capital para estimular la inversión. Pero hacerlo mientras se corrige el déficit exige encontrar una fuente alternativa de ingresos.

“En realidad la única fuente que tiene ese poder es el IVA”, asegura. 

Su planteamiento pasa por revisar exenciones y exclusiones y acompañar el cambio con transferencias hacia los hogares de menores ingresos. Maiguashca sostiene que una proporción importante del beneficio de esas exenciones termina siendo aprovechada por los hogares de mayores ingresos y plantea compensar directamente a los más vulnerables. 

Una formalidad con la puerta en el tercer piso

La baja productividad también está estrechamente relacionada con la estructura empresarial colombiana. El 98 % de las empresas son micro y pequeñas y generan cerca del 40 % del empleo formal. Al mismo tiempo, alrededor del 60 % de las unidades productivas opera por fuera de la formalidad y la informalidad laboral ronda el 55 %. 

Para Maiguashca, detrás de esos números existe un problema regulatorio, pero también cultural: Colombia construye las normas desde la desconfianza y pretende cubrir todos los riesgos posibles, elevando el costo de cumplirlas.

“La casa de la formalidad es una casa preciosa de tres pisos, pero la puerta está en el tercer piso”, dice. Esa puerta, explica, comienza con el salario mínimo y continúa con numerosos requisitos diseñados bajo un estándar ideal que buena parte de trabajadores y pequeños empresarios no puede alcanzar.

El informe propone precisamente una “limpieza regulatoria transversal” que abarque desde los trámites aduaneros y el licenciamiento ambiental hasta la construcción, la educación y las nuevas modalidades de trabajo. 

Una economía que mira hacia adentro

El mismo problema aparece en la internacionalización. Colombia ha firmado 17 tratados de libre comercio y multiplicó por siete sus exportaciones de bienes en 35 años. Sin embargo, en 2024 el comercio exterior de bienes y servicios equivalía apenas al 37 % del PIB, frente al 74,6 % de México, 71,3 % de Costa Rica y un promedio de 57,2 % entre los países de la OCDE.

Maiguashca considera que parte del tejido empresarial continúa pensando en las exportaciones como una salida para los excedentes y no como el mercado para el cual una compañía puede concebirse desde su nacimiento.

A eso se agregan obstáculos administrativos. “El andamiaje está pensado para que sigamos mirando hacia dentro”, señala al mencionar inspecciones, trámites sanitarios, operación portuaria y otras barreras no arancelarias. Incluso cuestiona que la Ventanilla Única de Comercio Exterior no haya eliminado la necesidad de interactuar con numerosas entidades. 

Cuando tener la razón no basta

El Informe Nacional de Competitividad introduce además una autocrítica poco habitual en documentos de este tipo: después de dos décadas produciendo diagnósticos y recomendaciones, reconoce que el conocimiento técnico ha perdido capacidad para conectarse con una parte de la sociedad e influir en las decisiones públicas. 

Maiguashca cree que los propios técnicos tienen responsabilidad. “Pensamos que tenemos razón” y que eso puede llevar a considerar que quien piensa diferente “es un ignorante”, afirma. Para ella, las reformas requieren mayor disposición a escuchar realidades que no necesariamente aparecen en los modelos económicos. 

Esa dificultad para construir acuerdos atraviesa buena parte del diagnóstico del CPC. Maiguashca describe a Colombia como una sociedad desconfiada, que ya exhibía rasgos de polarización antes de que el fenómeno adquiriera dimensión global y que tiende a desplazar las discusiones estructurales cada vez que aparece una nueva urgencia.

De ahí que insista en acercar la discusión sobre productividad a la vida cotidiana. “Tenemos que entender que productividad es lo que nos libera tiempo, lo que nos permite ganar más ingresos, lo que permite mejorar nuestras vidas y tener ocio”, concluye.

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