Con un desempeño trimestral que sigue de cerca la expansión de la economía nacional, el gremio asegurador estructuró una propuesta para blindar las finanzas públicas frente a eventos climáticos y telúricos extremos.
Según la federación de aseguradores de Colombia (Fasecolda), durante el segundo trimestre de 2026, la industria registró un crecimiento del 3,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este indicador mantiene al sector operando a un ritmo cercano al agregado macroeconómico del país, dado que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional reportó una expansión del 3,5 % durante ese mismo trimestre. Al observar el consolidado del primer semestre, las actividades financieras y de seguros mostraron un dinamismo que se ubicó por encima del crecimiento general de la economía, el cual cerró la primera mitad del año en 2,9 %.
El nivel de siniestralidad derivado del terremoto del 10 de agosto, el cual dejó un saldo de 92.336 reclamaciones y un valor asegurado comprometido de $5,75 billones con corte al 25 de septiembre, evidenció la necesidad estructural de fortalecer los mecanismos de protección financiera del país ante fenómenos naturales. Ante esta presión sobre el patrimonio privado y los recursos fiscales, Fasecolda presentó una propuesta formal para implementar un programa público-privado de aseguramiento frente a riesgos catastróficos.
El modelo planteado busca articular las capacidades de emisión del Estado, la infraestructura de las aseguradoras locales y el respaldo del mercado reasegurador internacional. Bajo un esquema de transferencia de riesgos, las compañías privadas asumirían los volúmenes de cobertura que estén dentro de su capacidad técnica y financiera, mientras que el Estado actuaría como garante o estabilizador frente a aquellos daños que, por su severidad y magnitud, excedan los límites de absorción del mercado asegurador tradicional.
El objetivo central de esta arquitectura financiera es garantizar la disponibilidad de liquidez inmediata para financiar la recuperación de los territorios tras una catástrofe, reduciendo el impacto directo sobre las finanzas públicas y minimizando la vulnerabilidad económica de las empresas y los hogares. Como complemento al fondo, la iniciativa gremial contempla el desarrollo de infraestructuras más resilientes y el fortalecimiento de las bases de datos sobre exposición y vulnerabilidad territorial para optimizar la tasación del riesgo en el país.
Escrito por: Juan Alejandro Quiroga Hernández
Lea también: “El IVA hay que tocarlo”: la propuesta del CPC para enfrentar el ajuste fiscal