El Caribe necesita estabilizar en el corto plazo a Air-e y evitar un mayor deterioro de Afinia, pero la solución de mediano y largo plazo obliga a construir un modelo sostenible para la prestación del servicio en toda la región y llevarlo efectivamente a ejecución.
El problema eléctrico del Caribe colombiano lleva tantos años sin resolverse que hemos terminado por ver como normal que una empresa fracase y otra llegue a reemplazarla. Electricaribe fue intervenida en 2016 por su deterioro financiero y operativo y reemplazada en 2020 por Air-e y Afinia, pero cuatro años después Air-e también fue intervenida y desde enero de 2025 se encuentra en toma de posesión con fines liquidatorios, con una etapa de administración temporal, mientras Afinia continúa operando bajo fuerte presión financiera. En una década el país ha puesto recursos, saneado deudas y modificado reglas, pero la crisis persiste porque sus causas van más allá de quién presta el servicio.
Estas empresas compran energía a los generadores, la transportan por las redes, facturan y recaudan, y con esos ingresos deben pagar sus compras, operar y mantener la infraestructura e invertir en su expansión, pero en el Caribe esa cuenta no cierra por las pérdidas de energía, el bajo recaudo, la alta proporción de usuarios subsidiados, los costos de red no compensados, las obligaciones pendientes del Estado y las obras que dependen de terceros.
Uno de esos problemas está en el costo de llevar la electricidad hasta cada usuario, que varía considerablemente entre regiones y llevó a que el Decreto 388 de 2007 creara las Áreas de Distribución para evitar que quienes viven en las zonas más costosas tengan que asumir solos esa diferencia, compensando los mayores costos de unas redes con los menores costos de otras. Air-e y Afinia están por fuera de ese mecanismo, de manera que los costos de sus redes deben ser asumidos dentro de sus propios mercados.
A esa desventaja se suma una infraestructura insuficiente que también encarece la energía al obligar al sistema a recurrir a generación más costosa cuando las redes no permiten transportar la electricidad requerida. El problema adquiere una dimensión especialmente grave en el Caribe, que de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos concentra el 39 % de las restricciones identificadas en el país. De las restricciones localizadas en la región, 73 no tienen un proyecto de expansión asociado, lo que significa que parte de la infraestructura necesaria para eliminar esos sobrecostos ni siquiera cuenta con una solución definida.
Las redes son apenas una parte del problema y la composición del mercado añade una presión distinta, como muestra el caso de Afinia, donde el 91 % de los usuarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, según el Grupo EPM, y una parte importante de los ingresos depende de subsidios pagados por el Estado. A diciembre de 2025, la empresa tenía pendientes $507.000 millones por ese concepto, $381.000 millones por consumos de alcaldías y entidades públicas y más de $1,1 billones de la opción tarifaria, obligaciones que presionan una caja con la que Afinia tiene que seguir comprando energía, prestando el servicio, invirtiendo y pagando sus compromisos.
A esa presión se suman pérdidas de energía del 29,31 %, frente a referencias nacionales de entre 8 % y 14 % reportadas por Asocodis, y un recaudo que apenas alcanza el 5 % entre unas 170.000 familias ubicadas en zonas con redes sin normalizar. Más del 40 % de los usuarios de estrato 1 no paga y la compañía calcula que deja de recaudar cerca de $91.000 millones cada mes.
Intentar cerrar esa cuenta ya le ha costado al país cerca de $6,1 billones a través del Fondo Empresarial durante el proceso de Electricaribe, como lo registra la Superintendencia, a los que se sumaron $2,21 billones en obligaciones asumidas por la Nación cuando el mercado fue reemplazado en 2020, documentados en el Conpes 3985. Air-e llegó a la intervención de septiembre de 2024 y el diagnóstico oficial de la Superintendencia registró obligaciones causadas cercanas a $1,9 billones, pero la toma de posesión no logró contener su deterioro financiero y cuatro meses después la propia Superintendencia cambió la medida a una toma con fines liquidatorios y administración temporal.
Desde la intervención, Air-e recibió inicialmente $148.000 millones del Fondo Empresarial para atender obligaciones liquidadas por XM y, aun así, la empresa factura alrededor de $395.000 millones mensuales y recauda cerca de $286.000 millones, un recaudo del 72,37 % que deja una brecha de $109.000 millones cada mes, según cifras presentadas por el agente especial interventor en septiembre de 2026, cuando su cartera total ya superaba los $7 billones. La presión financiera llevó al Gobierno a girar en septiembre otros $300.000 millones al Fondo Empresarial para atender las necesidades de liquidez del sector eléctrico, mientras continúa en trámite una garantía soberana de hasta $2 billones para fortalecer ese fondo.
La gestión empresarial importa, pero ninguna gerencia puede resolver por sí sola una ecuación que depende también de decisiones regulatorias, recursos públicos, expansión de redes y actuaciones de varias entidades, con las competencias repartidas entre la CREG, la Superintendencia, los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética, el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo Empresarial y los gobiernos territoriales. Cada entidad puede cumplir su función y aun así el problema permanecer, porque nadie tiene a su cargo estructurar la solución completa, asegurar los recursos necesarios y llevarla hasta su ejecución.
Frente a esa insostenible realidad, el Caribe necesita urgentemente una hoja de ruta única y alguien que responda por ejecutarla. El Gobierno debería designar un gerente para la recuperación eléctrica de la región, con autoridad para estructurar la solución, destrabar decisiones que involucren a distintas entidades y llevar al Consejo de Ministros aquellas que no puedan resolverse en el nivel técnico. Ese gerente necesitaría un equipo con experiencia empresarial, financiera, regulatoria, técnica y territorial y capacidad real para implementarla.
El punto de partida es evaluar la viabilidad económica del servicio en cada mercado, incorporando los costos de compra de energía y de las redes, las pérdidas, el recaudo y las inversiones pendientes. Esa base permite dimensinar la viabilidad de la operación, dimensionar la inversión necesaria para recuperar y expandir la infraestructura y distribuir de manera sostenible las cargas entre la empresa, los usuarios y el Estado.
Con esa radiografía, la recuperación comienza por las pérdidas y el bajo recaudo, concentrando esfuerzos en la normalización de redes y la recuperación comercial de las zonas donde el problema es mayor. La inversión física necesita ir acompañada de medición efectiva y mecanismos de pago compatibles con las condiciones de cada comunidad, porque renovar infraestructura sin recuperar ingresos dejaría intacta una de las causas que ha llevado a las empresas a depender recurrentemente de aportes públicos.
El saneamiento continúa con los subsidios y los consumos de entidades públicas, que deben pagarse sin obligar a las empresas a financiarlos con su propia caja. Un mecanismo que asegure el giro oportuno y permita sanear las obligaciones acumuladas evitaría que la cartera pública siga convirtiéndose en déficit de las empresas que prestan el servicio.
En paralelo debe resolverse el rezago de infraestructura. Las restricciones que aún carecen de un proyecto de expansión necesitan una solución definida y financiada, junto con la terminación efectiva de las obras ya identificadas. Resolver ese rezago reduciría el sobrecosto generado por las limitaciones de la red y evitaría que la falta de infraestructura siga deteriorando la economía del servicio.
Con esas condiciones corregidas puede diseñarse el modelo de negocio que rompa la lógica de los rescates sucesivos. La estructura actual no tiene por qué mantenerse intacta y puede ser necesario reorganizar los mercados y la operación, redefinir el papel de los activos y asegurar una financiación compatible con las inversiones que necesita la región. El resultado debe ser un negocio capaz de prestar el servicio y sostener su expansión con ingresos suficientes para cumplir sus obligaciones, sin depender periódicamente de aportes extraordinarios del Estado.
Definido el negocio, podrá escogerse la estructura empresarial y financiera que mejor lo soporte. La salida de Air-e de la intervención puede contemplar una nueva sociedad, la participación de operadores existentes o una combinación de capital público nacional, territorial y privado. Las obligaciones acumuladas durante la intervención tendrán que separarse del negocio futuro para evitar que el operador que continúe prestando el servicio nazca cargando deudas que comprometan nuevamente su viabilidad.
Ese modelo requiere a su vez una regulación que lo haga sostenible, reconociendo las particularidades de las redes del Caribe y creando incentivos para reducir pérdidas, recuperar recaudo y ejecutar inversiones sin trasladar automáticamente las ineficiencias a los usuarios. La Sentencia C-364 de 2025 condicionó la permanencia del régimen especial de la región a que subsistan las causas que lo justificaron, y la CREG incorporó esa revisión a su agenda regulatoria. Esa condición permite adoptar reglas diferenciales como parte del nuevo esquema y no como otra respuesta aislada a la crisis.
Convertir el diseño en ejecución requiere avanzar simultáneamente en los instrumentos que lo hagan posible, incorporando en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 las medidas que necesiten respaldo legal y estructurando un CONPES que ordene la hoja de ruta, coordine las actuaciones de las entidades y defina responsabilidades y recursos. Bajo la dirección del gerente de recuperación eléctrica del Caribe, esas decisiones responderían al mismo proyecto en lugar de continuar avanzando por caminos separados.
El Caribe necesita estabilizar en el corto plazo a Air-e y evitar un mayor deterioro de Afinia, pero la solución de mediano y largo plazo obliga a construir un modelo sostenible para la prestación del servicio en toda la región y llevarlo efectivamente a ejecución, para que el verdadero milagro energético del Caribe sea romper de una vez el ciclo de rescates y evitar que el próximo capítulo vuelva a comenzar con el fracaso del anterior.
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia
Lea también: Es inaplazable la modernización del mercado eléctrico colombiano