El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. abrió un debate sobre la rentabilidad agrícola y la soberanía alimentaria del país. ¿Cómo va la polémica?
El sector arrocero colombiano no recibió bien las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ante representantes y productores del gremio durante un encuentro en La Guajira.
Según el ministro, “el arroz ya no es negocio, no siembren arroz. No es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua; los precios son muy volátiles”.
La dura admonición oficial ha caído como un balde de agua fría en regiones tradicionalmente arroceras como el Tolima, Huila, los Llanos Orientales y la Mojana, donde miles de familias dependen económicamente de este cereal. Para un país donde el arroz es un componente básico de la canasta familiar y de la dieta diaria, la recomendación de abandonar el cultivo resulta polémica, máxime cuando estudios de Fedesarrollo ubican a Colombia en el puesto 33 a nivel mundial en rendimiento (alrededor de 5.09 toneladas de paddy seco por hectárea), reflejando una brecha estructural frente a competidores regionales como Perú y Uruguay.
Un diagnóstico crítico
Las palabras del jefe de la cartera agropecuaria tienen sentido, pues expresan una serie de cuellos de botella estructurales que han venido ahogando la rentabilidad del sector.
En primer lugar está la vulnerabilidad hídrica y el cambio climático. El arroz por inundación requiere volúmenes masivos de agua. En periodos de sequía o bajo fenómenos como El Niño, la disponibilidad del recurso hídrico disminuye, disparando los costos de bombeo y reduciendo los rendimientos por hectárea.
Por otra parte, la volatilidad de precios es hoy la regla del juego en este mercado. La cotización del grano sufre variaciones cíclicas extremas. En épocas de cosecha masiva (picos de recolección), la sobreoferta interna hunde los precios pagados al agricultor por debajo de los costos de producción y luego, ante choques de oferta, los precios se elevan, generando incentivos a destiempo para cultivar más grano y agudizar el ciclo de caída de cotizaciones.
El panorama se agrava por cuenta de los costos de insumos e infraestructura deficiente. Los fertilizantes, los agroquímicos y la maquinaria, sumado a la falta de distritos de riego modernos y adecuados en varias zonas del país, hace que competir sea una tarea financieramente insostenible para pequeños y medianos productores. A esto se suma la baja adopción de semillas certificadas —que según Fedesarrollo cayó a niveles cercanos al 24% del área sembrada—, limitando el potencial productivo y elevando la exposición a plagas y enfermedades.
Desde el gremio arrocero y organizaciones de agricultores, la reacción no se ha hecho esperar. El exsenador y precandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, aseguró: “Solo al Ministro de Agricultura deAbelardo de la Espriella puede ocurrírsele que los colombianos cambien sus cultivos de arroz por los de marañón!!! ¡Y para facilitar que, por el TLC, el arroz gringo acabe con el de Colombia por tarde en 2030! Cuánta más pobreza aparecerá”.
En general, los críticos del gobierno coinciden en el diagnóstico sobre la alta vulnerabilidad económica del sector, pero cuestionan que la solución estatal sea simplemente desincentivar la siembra sin ofrecer alternativas claras de reconversión productiva.
Los productores señalan que sustituir el arroz no es un proceso automático ni sencillo, primero, porque es necesario adecuar tierras, lo que requiere inversiones importantes para adaptarse a otros cultivos rentables.
Además, las cadenas de comercialización no se construyen de la noche a la mañana. Eso implica canales de compra e infraestructura de almacenamiento de cultivos alternativos en la misma escala que el arroz.
Finalmente, ponen de presente que cualquier cambio tiene un enorme impacto socioeconómico en varias regiones del país. Miles de empleos directos e indirectos en municipios rurales dependen de los ciclos de siembra, recolección y molinería de arroz.
En el marco de la estrategia general del Gobierno para transformar el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura plantea que el apoyo estatal debe concentrarse en proyectos con riego asegurado, mecanización de largo plazo y diversificación hacia productos de mayor valor agregado o menor demanda hídrica.
El debate sobre el futuro del arroz en Colombia pone sobre la mesa una dura realidad: la baja productividad del cultivo del arroz que terminan pagando los consumidores, el impacto social y económico en muchos municipios del país y el difícil tránsito hacia una solución estructural.
De acuerdo con modelos de equilibrio parcial de Fedesarrollo, la liberalización comercial sin mejoras en productividad y costos pondría en riesgo miles de hectáreas y empleos rurales.
El reto inmediato para el Gobierno Nacional, los molineros y los agricultores será definir un plan de consolidación o transición. Ninguna de las dos opciones implica una salida fácil.