Aunque la cifra cayó frente a 2024, la inseguridad alimentaria afectó al 22,8 % de la población en 2025, con brechas que van del 5,2 % en San Andrés al 56,8 % en Chocó.

En Colombia, 12,07 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Aunque el indicador disminuyó frente al año anterior, las diferencias entre regiones y las condiciones socioeconómicas de los hogares siguen marcando el acceso a los alimentos. Los datos plantean desafíos para las políticas públicas y el sector empresarial, en un contexto en el que la seguridad alimentaria también incide en la productividad y el desarrollo sostenible.

¿Cómo estamos en cifras?

En 2025, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia fue de 22,8 %, frente al 27,6 % registrado en 2024. La reducción equivale a 2,36 millones de personas menos en esta condición. Sin embargo, el promedio nacional oculta diferencias significativas entre territorios y grupos poblacionales.

San Andrés registró una prevalencia de 5,2 %, mientras que en Chocó alcanzó el 56,8 %. De acuerdo con el análisis presentado, entre los factores asociados a estas diferencias se encuentran la reactivación del turismo en el archipiélago y, en el caso del departamento chocoano, las afectaciones a la actividad minera, la temporada de lluvias y la violencia.

Estas cifras corresponden a 2025 y, por tanto, no reflejan los posibles efectos del terremoto del 10 de agosto en los departamentos afectados ni los de otros fenómenos meteorológicos posteriores.

Las diferencias también se observan según las características de los hogares. La prevalencia de inseguridad alimentaria llegó al 23,1 % en aquellos con jefatura femenina, al 45,7 % cuando la persona que encabeza el hogar no tiene ningún nivel educativo y al 33,6 % en los hogares cuyo jefe se encuentra desocupado.

¿Cómo se mide la inseguridad alimentaria?

Para medir esta problemática, el DANE utiliza la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés), una metodología desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La herramienta identifica las dificultades para acceder a suficientes alimentos por falta de recursos económicos. Para ello, utiliza ocho preguntas sobre las experiencias de los integrantes del hogar durante los últimos 12 meses.

A partir de las respuestas, los hogares se clasifican según el nivel de inseguridad alimentaria. Esta metodología permite dimensionar tanto las dificultades para acceder a una dieta adecuada como las situaciones más graves de privación de alimentos.

Recomendaciones de la FAO para transformar los sistemas agroalimentarios

La reducción de la inseguridad alimentaria también depende de la capacidad de los sistemas agroalimentarios para ofrecer alimentos nutritivos a precios asequibles. En su informe de 2026 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, la FAO plantea que avanzar en este objetivo requiere medidas adaptadas a cada contexto e intervenciones a lo largo de las cadenas de valor.

Entre las recomendaciones se encuentran:

  • Invertir en investigación y desarrollo. Orientar los recursos hacia grupos de alimentos que encarecen las dietas saludables, como frutas, vegetales y legumbres, con el propósito de impulsar la productividad agrícola a largo plazo.
  • Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Mejorar la eficiencia en las distintas etapas de la cadena agroalimentaria para aprovechar mejor la producción y reducir los costos asociados.
  • Fortalecer la infraestructura logística y las cadenas de frío. Invertir en transporte, procesamiento y almacenamiento para reducir los costos de distribución y facilitar el acceso a productos perecederos. Según las cifras citadas en el informe, las actividades posteriores a la cosecha representan entre el 70 % y el 75 % de los gastos alimentarios de los consumidores.
  • Revisar los subsidios y los apoyos agrícolas. Reorientar las políticas de apoyo a la producción, las adquisiciones públicas y los mecanismos de precios para favorecer una oferta más diversa de alimentos nutritivos, en lugar de concentrar los incentivos en determinados productos, como cereales y azúcar.
  • Facilitar la integración comercial. Promover reformas que favorezcan el comercio de alimentos. La FAO señala que la liberalización comercial está asociada con menores precios generales de los alimentos.
  • Fortalecer las alianzas público-privadas. Coordinar la participación del Estado y el sector empresarial para crear condiciones e incentivos que faciliten la transformación de los sistemas agroalimentarios. La FAO también destaca la necesidad de acompañar estos cambios con medidas de transición para los consumidores vulnerables y los pequeños productores, incluidas las mujeres y los jóvenes.

Las recomendaciones apuntan a intervenir no solo en la producción, sino también en los costos, la distribución y las condiciones que determinan el acceso a los alimentos. Para Colombia, las cifras del DANE muestran que, pese a la reducción registrada en 2025, las brechas territoriales y socioeconómicas siguen siendo un componente central del desafío.

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