El presupuesto aprobado contempla $94,8 billones para inversión y $5 billones adicionales para atender la crisis de salud. El Gobierno también incorporó recursos para pensiones, subsidios de energía y gas y obligaciones del sector público.
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes diera su aval al proyecto que previamente había recibido la aprobación del Senado.
El presupuesto, presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella, supera en $59,3 billones la propuesta inicial de $575,6 billones de la administración de Gustavo Petro y representa un incremento de 16,1% frente a los $546,9 billones aprobados para 2026.
Entre los principales cambios introducidos durante el trámite legislativo se encuentra el aumento de los recursos destinados a inversión, que alcanzaron $94,8 billones, es decir, $7,9 billones adicionales frente a lo aprobado en primer debate. Según el Ministerio de Hacienda, esta modificación fue posible mediante una redistribución de recursos que no alteró el monto total del presupuesto.
Otro de los ajustes fue la incorporación de $3 billones adicionales para atender la crisis del sector salud, que se suman a los $2 billones previamente incluidos, para un total de $5 billones.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó que este último fue el cambio más significativo introducido durante la jornada de aprobación.
“Quiero agradecer a todos los parlamentarios por la discusión juiciosa del proyecto. Este no es un presupuesto cualquiera, es el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía y hacer los ajustes que le permitan volver a crecer. Ese es nuestro compromiso”, afirmó el funcionario al término de una jornada maratónica que se extendió hasta media noche.
El presupuesto también contempla $6,5 billones adicionales para atender obligaciones pensionales, así como el reconocimiento de una brecha de financiación de aproximadamente $700.000 millones para cubrir necesidades de funcionamiento de las universidades públicas.
En el sector de Minas y Energía se incorporaron $3 billones para financiar subsidios de electricidad y gas, incluidos los correspondientes al servicio de gas por red, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.
Asimismo, se incluyó una apropiación específica de $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no contaban con una asignación explícita en el proyecto inicial.
Para seguridad, el presupuesto destina $82,8 billones, de los cuales $74,9 billones corresponden a Defensa y Policía y $7,8 billones a la Fiscalía General de la Nación. Esta última recibirá $100.000 millones adicionales para fortalecer sus capacidades operativas.
El sector Trabajo contará con $66,9 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para atender obligaciones pensionales. Los recursos también financiarán programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, a través de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción presupuestal de $181.400 millones, incluidos $11.400 millones trasladados al Ministerio de Defensa.
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El desafío fiscal
La aprobación del presupuesto se produce en medio de un deterioro de las finanzas públicas y de un incremento de las necesidades de endeudamiento del Gobierno.
Según un análisis realizado por Andrés Pardo, ex viceministro de Hacienda y ex director de Estrategia Macro para Latinoamérica de XP Investments, sobre el proyecto presupuestal presentado inicialmente por el Gobierno, las necesidades de emisión de deuda para 2027 ascenderían a $238,6 billones, cerca de 90% más que en la propuesta de la administración anterior.
El mismo análisis estimó que el déficit fiscal consistente con ese presupuesto alcanzaría inicialmente el 9,4% del PIB y que la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría al 66,2% del PIB. Aunque el Congreso mantuvo el monto global de $634,9 billones, estas proyecciones corresponden a la versión inicial del proyecto y no a una actualización posterior a su aprobación.
El Gobierno ha reconocido la necesidad de corregir ese desequilibrio. El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló recientemente que estabilizar la deuda pública exigirá un ajuste fiscal superior a cuatro puntos del PIB, aunque advirtió que una corrección de esa magnitud no podría ejecutarse en un solo año.
Por esa razón, el Ejecutivo anunció que presentará una ley de ajuste fiscal y adoptará medidas administrativas con las que buscará reducir el déficit proyectado para 2027 hasta en $40 billones, cerca de dos puntos del PIB.
Sin embargo, Pardo considera que esa meta podría resultar optimista ante las restricciones políticas y legislativas. Incluso si el Gobierno lograra ejecutar la totalidad del ajuste anunciado, el déficit fiscal de 2027 todavía superaría el 7% del PIB, según sus estimaciones.
El ministro Gómez ha insistido en que mantener un nivel de gasto superior a los ingresos disponibles compromete la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones. Por ello, ha defendido la reformulación presupuestal como un ejercicio de reconocimiento de compromisos fiscales y ha anunciado medidas de austeridad y eficiencia del gasto público.
En medio de este panorama, el Fondo Monetario Internacional (FMI) abrió la puerta a una posible financiación para Colombia. Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, confirmó que una misión viajará a Bogotá a principios de noviembre para evaluar alternativas de apoyo, que podrían incluir asesoramiento económico, asistencia técnica o recursos financieros.
El funcionario advirtió que la situación fiscal del país no es sostenible, con un déficit primario equivalente al 3,5% del PIB y una deuda pública que alcanza el 60%. Aunque ya comenzaron las conversaciones con las autoridades colombianas, todavía no existe una decisión sobre un eventual programa de financiación.
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