María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, advierte que la reducción del desempleo no se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales. Un estudio elaborado con la Universidad del Rosario plantea 30 propuestas para combatir la informalidad.
Colombia está reduciendo el desempleo, pero más de la mitad de sus trabajadores continúa en la informalidad. Mientras la tasa de desocupación descendió al 8,1% en julio, el 54,5% de los ocupados trabajaba en condiciones de informalidad durante el trimestre abril-junio, una brecha que pone de manifiesto las dificultades del país para convertir la creación de empleo en oportunidades de progreso económico y protección social.
Esta es una de las principales preocupaciones de María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, quien presentó los resultados del estudio Los caminos hacia la formalidad, elaborado con el respaldo académico de la Universidad del Rosario, que reúne 30 propuestas desde “mangos bajitos” de rápida ejecución hasta reformas que requieren ley, recursos y construcción institucional, para enfrentar uno de los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.
“Colombia está creando ocupación, sin duda, pero no está creando trayectorias ni progresos para los colombianos”, afirmó en entrevista con Forbes Colombia.
Según la también presidenta de AmCham Colombia, las cifras de desempleo permiten establecer si las personas tienen una ocupación, pero no necesariamente si cuentan con protección social, ahorro pensional, reconocimiento de su experiencia o posibilidades de mejorar sus ingresos.
El problema es particularmente grave en las zonas rurales, donde la informalidad alcanza el 83,2%, frente al 40,7% registrado en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas.
Un problema con cinco dimensiones
Uno de los principales hallazgos del estudio es que Colombia ha intentado combatir la informalidad como si tuviera una sola causa, cuando en realidad responde a cinco dimensiones: cotización, legalidad, protección, productividad y trazabilidad de la experiencia laboral.
“No todo informal es ilegal, ni todo el que cotiza está protegido”, explicó Lacouture, quien considera necesario comenzar por una definición jurídica de la formalidad que permita diseñar políticas públicas para cada una de esas dimensiones.
El estudio también identifica una profunda diferencia según el tamaño de las empresas. Mientras el 84,5% de los trabajadores de las microempresas se encuentra en la informalidad, esa proporción disminuye al 2,1% en las grandes compañías.
Para Lacouture, estas diferencias reflejan tanto los problemas de productividad de los pequeños negocios como las dificultades que enfrentan para asumir los costos de contratación formal.
Además, advierte que algunos incentivos tributarios están diseñados para empresas que pagan impuesto de renta, por lo que no necesariamente benefician a las microempresas que carecen de esa obligación.
“El incentivo tributario a contratar formalmente está diseñado para un grupo de empresas, no para todos”, señaló.
Tres medidas prioritarias
Aunque el estudio contiene 30 propuestas, Lacouture destacó tres que considera prioritarias para avanzar en la formalización.
La primera consiste en permitir que los trabajadores independientes y quienes tienen ingresos variables puedan realizar aportes a seguridad social proporcionales a lo que realmente ganan y al tiempo trabajado.
La segunda busca reconocer las competencias adquiridas mediante la experiencia laboral, con certificaciones y una hoja de vida verificable que permita a los trabajadores demostrar sus conocimientos, incluso cuando no cuentan con títulos académicos. Esta iniciativa podría comenzar a desarrollarse con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
La tercera propone avanzar hacia un sistema denominado Fácil, que integre las obligaciones tributarias y los aportes a seguridad social mediante un esquema simplificado, con tarifas proporcionales y apoyos focalizados para microempresas y trabajadores independientes.
Lacouture considera que estas medidas deben acompañarse de una definición clara de formalidad, que permita establecer responsabilidades y evaluar los resultados de las políticas públicas.
La discusión del salario mínimo
El estudio también llega en momentos en que comienza la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2027.
Lacouture advirtió que existe una relación entre los costos laborales y la formalización, aunque aclaró que la investigación no establece un porcentaje específico de incremento salarial a partir del cual aumente la informalidad.
“Un aumento salarial protege el ingreso de quien conserva un empleo formal, pero el riesgo aparece cuando el costo laboral se separa de variables como inflación y productividad”, explicó.
La dirigente señaló que el debate no debería concentrarse exclusivamente en el porcentaje de incremento, sino también en sus efectos sobre las cotizaciones, tarifas y otras obligaciones vinculadas al salario mínimo.
En ese sentido, defendió la necesidad de mantener una metodología técnica y previsible para determinar los aumentos salariales, teniendo en cuenta la inflación, la productividad y las demás variables contempladas en la legislación.
Comienzan las conversaciones con el Gobierno
Las propuestas de Aliadas comenzarán a discutirse con el Gobierno en una mesa técnica prevista para el lunes 26 de octubre, según anunció Lacouture.
El propósito inicial no es conseguir la aprobación inmediata de las 30 iniciativas, sino seleccionar las primeras medidas, establecer responsables, identificar los instrumentos jurídicos necesarios y acordar un cronograma de implementación.
La organización también espera involucrar al Congreso, los empresarios y los trabajadores en la discusión. De hecho, el documento fue presentado el 8 de septiembre ante el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes.
“Esperamos que podamos elegir los primeros frentes, que podamos definir responsables, que acordemos instrumentos jurídicos y cronograma”, afirmó Lacouture.
Para la presidenta de Aliadas, el desafío es que el estudio no termine convertido en otro diagnóstico sobre un problema ampliamente conocido, sino que permita avanzar hacia medidas concretas para reducir la informalidad y mejorar las oportunidades de los trabajadores colombianos.