Senado y Cámara aprobaron versiones distintas del artículo 65 y no se realizó la conciliación antes del vencimiento del plazo. El Gobierno podría expedir el Presupuesto por decreto, sin los traslados aprobados en las plenarias.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por $634,9 billones, quedó en vilo por un error de trámite en el Congreso que podría obligar al Gobierno a expedirlo mediante decreto, sin los cambios en la distribución de recursos aprobados durante los debates en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
La controversia surgió porque las dos corporaciones aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del proyecto, sin que posteriormente se realizara la conciliación obligatoria. El plazo legal para aprobar el Presupuesto venció el martes 20 de octubre.
La diferencia fue documentada por La Silla Vacía, que revisó los videos de ambas sesiones y confirmó que el Senado aprobó el artículo sin una proposición que sí fue incorporada en la Cámara. El medio también señaló que la responsabilidad política del trámite recae sobre los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y del Interior, Rodrigo Lara, presentes durante la discusión, además de las responsabilidades procedimentales de las secretarías legislativas.
El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, confirmó que en esa corporación el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones. En un comunicado precisó que había recibido información según la cual la Cámara lo aprobó incorporando una modificación y aseguró que el registro oficial de las proposiciones votadas en el Senado no incluye ninguna relacionada con ese artículo.
El artículo 65 regula las coberturas financieras del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF). La diferencia se originó en una proposición del senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, que fue retirada durante el debate en el Senado, pero que habría permanecido en el texto aprobado por la Cámara.
Según La Silla Vacía, el Gobierno tiene tres alternativas: expedir el Presupuesto por decreto, con lo que se perderían las modificaciones introducidas por el Congreso; sancionar el texto sin el artículo 65 y esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional, como propone la senadora María Clara Posada; o modificarlo en 2027 mediante una ley de adición presupuestal, para lo cual tendría que convocar sesiones extraordinarias y tramitar el proyecto con mensaje de urgencia.
¿Qué recursos quedarían en riesgo?
Si el Gobierno debe expedir el Presupuesto por decreto, el monto global se mantendría en $634,9 billones, pues esa cifra coincide con la aprobada en las comisiones económicas. Sin embargo, podrían quedar sin efecto las modificaciones introducidas posteriormente por el Congreso.
Entre ellas figura un traslado de $3 billones del servicio de la deuda al sector Salud, aprobado durante el segundo debate.
Según la distribución divulgada por MinHacienda el 20 de octubre, el Presupuesto aprobado contempla $396,10 billones para funcionamiento, $94,78 billones para inversión y $144,07 billones para el servicio de la deuda.
Por sectores, las mayores asignaciones corresponden a Educación, con $93,1 billones; Salud y Protección Social, con $84,55 billones; Defensa y Policía, con $74,94 billones; y Trabajo, con $66,92 billones. También se contemplan $25,20 billones para Inclusión Social, $21,77 billones para Transporte y $10,51 billones para Minas y Energía.
Estas cifras corresponden a la distribución aprobada en segundo debate, cuya vigencia está ahora en entredicho. No necesariamente serían las mismas si el Presupuesto termina expidiéndose por decreto.
El artículo 348 de la Constitución contempla la expedición del presupuesto por decreto cuando el Congreso no lo aprueba dentro del plazo establecido. No obstante, está pendiente definir formalmente las consecuencias jurídicas de la diferencia entre los textos votados por ambas cámaras.
De confirmarse que el trámite legislativo no culminó válidamente, el Gobierno tendría que establecer el Presupuesto de 2027 por decreto. Aunque conservaría el monto global de $634,9 billones, quedaría abierta la discusión sobre el destino de los recursos que el Congreso había redistribuido.
Reportado por Narciso De la Hoz G.
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