El Ministerio de Minas y Energía derogó las resoluciones que delimitaron los distritos en 11 departamentos y el litoral Pacífico. Según el Gobierno, la medida busca eliminar obstáculos a la inversión y la exploración minera.
El Gobierno Nacional derogó las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva, una figura que abarcaba más de 5,3 millones de hectáreas en distintas regiones del país y que, según el Ministerio de Minas y Energía, había generado incertidumbre jurídica para la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos.
La decisión quedó establecida en la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026 y supone un cambio en el enfoque de la política minera, al dejar sin efecto las delimitaciones de territorios en los que se buscaba promover la diversificación económica y la sustitución progresiva de actividades extractivas.
Los 15 distritos comprendían 5.340.192 hectáreas, equivalentes a cerca del 5% del territorio nacional, distribuidas en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. Catorce de ellos habían sido declarados durante 2026.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, aseguró que la decisión busca fortalecer la minería legal y ofrecer reglas claras a las empresas y comunidades vinculadas con esta actividad.
“Colombia tiene el potencial de ser un país minero: un país capaz de aportar minerales y energía a la transición del mundo”, afirmó la funcionaria, quien cuestionó que los distritos plantearan sustituir una actividad económica sin ofrecer alternativas productivas viables a las comunidades.
Entre los principales argumentos para derogar las delimitaciones, el Ministerio señaló que, más de dos años después de la creación del primer distrito, no existían resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización o mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
La entidad también reconoció que los planes estratégicos de gestión no llegaron a formularse ni adoptarse y que las resoluciones carecían de reglas claras sobre su vigencia, extensión máxima y mecanismos de transición.
A estas dificultades se sumó, según el Gobierno, la falta de articulación con los planes de ordenamiento territorial y de concertación con gobernaciones y alcaldías, lo que generó superposiciones e incertidumbre sobre las normas aplicables.
El Ministerio precisó que los títulos mineros vigentes y las solicitudes en trámite no se verán afectados por la derogatoria y continuarán sujetos a las disposiciones del Código de Minas.
Tampoco se modificarán los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos válidamente celebrados. En particular, se mantendrán los compromisos derivados de los procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y el norte del Cauca que tengan fundamento jurídico propio.
El Gobierno considera que la eliminación de los distritos permitirá impulsar la exploración de minerales estratégicos, facilitar nuevas inversiones y favorecer la generación de regalías para las regiones productoras. Estos efectos, sin embargo, corresponden a las expectativas planteadas por el Ministerio y dependerán del desarrollo de nuevos proyectos.
La cartera anunció que continuará los programas de formalización, asistencia técnica a la pequeña y mediana minería y lucha contra la extracción ilícita, mientras trabaja con las regiones en una agenda que integre la minería legal con otras actividades productivas.
Reportado por Narciso De la Hoz G.