Casi nueve de cada diez pequeños negocios son informales 

Casi nueve de cada diez pequeños negocios en las principales ciudades colombianas operan en condiciones de informalidad empresarial, una situación que refleja las dificultades que enfrentan las unidades productivas de menor tamaño para cumplir con sus obligaciones laborales, tributarias y administrativas, así como para mejorar su productividad.

Según el Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE), publicado por el DANE, la incidencia de la informalidad alcanzó el 87,5% en 2025, frente al 85% registrado en 2024, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales.

La medición comprende los micronegocios de las cabeceras de 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas. El indicador evalúa cuatro dimensiones de la formalidad empresarial: registro, insumos -incluidas las obligaciones laborales-, producción y cumplimiento tributario.

Los resultados muestran que la informalidad está estrechamente relacionada con el tamaño de las unidades productivas. Mientras alcanza el 91,5% entre los negocios de una sola persona, disminuye al 35,8% en aquellos que ocupan entre cuatro y nueve trabajadores.

Las diferencias también son significativas según los ingresos. Entre los micronegocios que reciben menos de $1 millón mensual, la informalidad llega al 97,4%, mientras que entre aquellos cuyos ingresos superan los $10 millones se reduce al 47,5%.

Aunque estas cifras no permiten establecer una relación causal, muestran que los negocios más pequeños y con menores ingresos presentan mayores dificultades para cumplir simultáneamente con las exigencias de la formalidad.

La trampa de la baja productividad

El diagnóstico coincide con las advertencias del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que en su Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 identifica la elevada presencia de empresas pequeñas, informales y de baja productividad como uno de los problemas estructurales del aparato productivo colombiano.

Según el CPC, el crecimiento empresarial enfrenta obstáculos asociados con la baja innovación, las dificultades para aumentar de escala y las barreras regulatorias que afectan especialmente a las unidades productivas de menor tamaño.

El organismo también ha advertido que el predominio de micronegocios informales y trabajadores por cuenta propia restringe la productividad agregada y las posibilidades de movilidad social.

El problema, por tanto, no se limita al registro de nuevas empresas, sino que comprende su capacidad para crecer, invertir, mejorar su productividad y generar empleo formal.

Esta situación también aparece en el estudio Los caminos hacia la formalidad, elaborado por Aliadas con el respaldo académico de la Universidad del Rosario, que reúne 30 propuestas para enfrentar la informalidad desde distintas dimensiones.

María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, explicó recientemente a Forbes Colombia que los costos de contratación y la baja productividad no deben entenderse como problemas separados, sino como dificultades que se refuerzan mutuamente.

Según la dirigente gremial, algunos incentivos tributarios para contratar formalmente benefician principalmente a las empresas que pagan impuesto de renta, pero no necesariamente a las microempresas que carecen de esa obligación.

“El incentivo tributario a contratar formalmente está diseñado para un grupo de empresas, no para todos”, señaló Lacouture.

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Las propuestas para facilitar la formalización

Entre las medidas prioritarias identificadas por Aliadas figura permitir que los trabajadores independientes y quienes tienen ingresos variables realicen aportes a seguridad social proporcionales a sus ingresos reales y al tiempo trabajado.

La organización también propone avanzar hacia un sistema denominado Fácil, que integre las obligaciones tributarias y los aportes a seguridad social mediante un esquema simplificado, con tarifas proporcionales y apoyos focalizados para las microempresas y los independientes.

Otra iniciativa consiste en reconocer las competencias adquiridas mediante la experiencia laboral, a través de certificaciones y una hoja de vida verificable que facilite el acceso a mejores oportunidades de trabajo.

Las propuestas apuntan a reducir las barreras que enfrentan los pequeños negocios para formalizarse, aunque su implementación requiere cambios institucionales y, en algunos casos, modificaciones legales.

Las brechas entre ciudades

El informe del Dane también evidencia profundas diferencias territoriales. Santa Marta registró una informalidad empresarial del 98,5%, seguida de Quibdó, con 98,2%, mientras que Montería y Florencia alcanzaron el 98%.

En contraste, Tunja presentó una incidencia del 65,5%, considerablemente inferior a la registrada en las ciudades con mayores niveles de informalidad.

Estas diferencias muestran que el problema no tiene la misma intensidad en todo el territorio y plantean la necesidad de considerar las características productivas y empresariales de cada región.

Los resultados del Dane se conocen cuando el país se prepara para discutir el aumento del salario mínimo de 2027, un debate que también involucra los costos de contratación formal, especialmente para las unidades productivas de menor tamaño.

En ese contexto, Lacouture ha planteado que los incrementos salariales deben considerar la inflación y la productividad, aunque aclaró que el estudio de Aliadas no identifica un porcentaje específico de aumento del salario mínimo a partir del cual se incremente la informalidad.

El desafío, como coinciden los diagnósticos del CPC y Aliadas, es generar condiciones para que los pequeños negocios puedan crecer y mejorar su productividad, en lugar de limitar la política de formalización al cumplimiento de requisitos administrativos.

Reportado por Narciso De la Hoz G.

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