El proyecto modifica el tratamiento del IVA para bienes y servicios, plantea reducir a la mitad el gasto en contratos estatales y bajar la renta empresarial. También introduce cambios en los impuestos y aportes de trabajadores y empleadores.
La ampliación del impuesto al valor agregado (IVA), una reducción del 50% en el gasto en contratos de prestación de servicios y una rebaja gradual del impuesto de renta empresarial figuran entre las principales medidas de la ley de rescate económico radicada por el Gobierno ante el Congreso.
El proyecto contempla una reorganización del gasto público y cambios tributarios que afectarían tanto a los consumidores como a las empresas y los trabajadores. Según las estimaciones divulgadas por el Ministerio de Hacienda, las medidas de austeridad permitirían generar ahorros por $44,6 billones en 2027.
Ampliación del IVA y devolución a hogares
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la modificación del tratamiento del IVA para distintos bienes y servicios. El articulado propone cambios en las listas de productos excluidos y exentos del impuesto, lo que ampliaría la cantidad de bienes y servicios sujetos al gravamen.
Según un análisis preliminar de Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la reforma eliminaría la tarifa diferencial del IVA del 5% y llevaría numerosos productos y servicios actualmente gravados a esa tarifa, o excluidos del impuesto, a pagar el 19% a partir de 2028.
Entre los productos afectados, de acuerdo con Junco, estarían el café, el azúcar, los aceites, las pastas y el chocolate. También menciona frutas y verduras frescas, computadores, celulares, paneles solares y vehículos eléctricos e híbridos.
En contraste, productos como la papa, la yuca, el pan, la arepa y la panela conservarían su tratamiento preferencial, según su lectura del proyecto.
La iniciativa también contempla extender el cobro del IVA a las compras realizadas en plataformas internacionales de comercio electrónico, independientemente de su valor, incluidas las operaciones inferiores a US$200.
Como mecanismo de compensación, el proyecto crea EfectIVA, un programa de devolución del impuesto dirigido a personas de menores ingresos, que comenzaría a operar en enero de 2028.
Según el artículo 38, las personas pertenecientes a los tres primeros deciles de ingresos y aquellas en situación de pobreza extrema recibirían una devolución del 100% del IVA efectivamente pagado. Para los siguientes tres grupos de ingresos se contemplan devoluciones del 50%, 40% y 30%, respectivamente.
El beneficio tendría un límite mensual de 5,5 unidades de valor tributario (UVT) por persona y se liquidaría en periodos que no superarían los 15 días calendario, a partir de las compras respaldadas por factura electrónica.
En su documento explicativo, el Gobierno estima que el programa beneficiaría a 19 millones de colombianos, con una devolución promedio de $213.000 mensuales por hogar y un máximo anunciado de $288.000.
Recortes en contratación y gastos del Estado
En materia de austeridad, el artículo 17 propone reducir 50% el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027, frente al registrado en la vigencia anterior. Desde 2028, su crecimiento estaría limitado a la inflación.
La iniciativa también establece una reducción nominal de 20% en los gastos de personal de las entidades y organismos que integran el Presupuesto General de la Nación durante 2028, con excepción de la Fuerza Pública.
El proyecto señala que los salarios individuales de los empleados públicos continuarían ajustándose al menos con la inflación, por lo que el cumplimiento de la meta de ahorro dependería de cambios en la estructura del gasto de personal.
Adicionalmente, las compras estatales de bienes y servicios quedarían sujetas a límites de crecimiento, mientras que el Gobierno recibiría facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la administración pública, incluidas la supresión, fusión o modificación de ministerios y entidades.
Menor renta empresarial, pero cambios en aportes laborales
El artículo 57 propone reducir la tarifa general del impuesto de renta de las sociedades del 35% al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028.
Sin embargo, el proyecto también modifica el régimen de aportes parafiscales y de salud de los empleadores. Entre las disposiciones planteadas figura la obligación de realizar aportes por trabajadores que devenguen más de dos salarios mínimos, lo que representaría un costo adicional para determinadas empresas.
La iniciativa contempla, además, un régimen de incentivos denominado RUGE, dirigido a promover nuevas inversiones de gran escala. Los proyectos que cumplan las condiciones previstas podrían acceder a una tarifa de renta del 20% durante los periodos establecidos en la ley.
Cambios para personas naturales y otros impuestos
El proyecto también modifica la tabla del impuesto de renta de las personas naturales, con un nuevo tramo del 9% y ajustes en las tarifas superiores. Asimismo, contempla cambios en las rentas exentas laborales y en las cotizaciones a salud de determinados trabajadores.
En materia de consumo, la iniciativa incluye modificaciones a los impuestos sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco, así como disposiciones relacionadas con bebidas ultraprocesadas endulzadas y el impuesto al carbono.
El conjunto de medidas combina recortes de gasto, ampliación de bases tributarias y beneficios fiscales para determinados contribuyentes e inversiones.
De acuerdo con el Gobierno, el ajuste permitiría mejorar el resultado fiscal en $51 billones durante 2027 y más de $122 billones en 2030.
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