Colombia desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año: ¿qué está fallando?

Durante 2025, Colombia alcanzó máximos históricos en exportación agropecuaria y agroindustrial, registrando un crecimiento del 33,5% para llegar a los US $15.317 millones, a la par del mayor nivel de producción de leche de las últimas dos décadas. Sin embargo, a pesar del desempeño macroeconómico, el país tiene graves problemas de inseguridad alimentaria moderada o grave la cual afectó al 22,8% de la población nacional, e impacta principalmente al sector rural (31,4%) frente a las cabeceras municipales (18,1%), según cifras del DANE.

Durante la presentación del informe “Gobernanza del Derecho a la Alimentación y Resiliencia Logística en Colombia“, Laura Villa, directora de asuntos corporativos de Tetra Pak para al región Andina, sentenció que “la raíz de esta desconexión no radica en la falta de producción, sino en la ineficiencia logística y la falta de infraestructura en términos de distribución y conservación de los alimentos. El país desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, el equivalente al 34% de la oferta nacional disponible, lo que representa más de 1.100 toneladas desechadas cada hora. 63,8% de estas pérdidas ocurre antes de la etapa de distribución.

Marcela Velásquez, directora general de Tetra Pak para la región Andina, define que el reto para los próximos años será cambiar de enfoque, pues “la competitividad de un sistema alimentario dejó de medirse únicamente por cuánto produce, ahora también es necesario mejorar nuestra capacidad para aprovechar esa producción y convertirla en alimentos disponibles para las personas. Esto exige mirar más allá del campo y entender cómo las decisiones sobre infraestructura, tecnología, procesamiento y logística impactan toda la cadena”.

A nivel técnico, la gran diversidad de los suelos colombianos representa una ventaja competitiva latente. José Gómez Franco, coordinador de proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia (FAO) y líder de la red lechera del Cauca, explica que esta riqueza topográfica y de suelos es una oportunidad que se tiene que aprovechar: “La riqueza nuestra es poder pensar la agricultura y la ganadería en un escenario de trópico, si logramos explorar eso, seguramente vamos a tener posibilidad de posicionar productos muy diferenciados”.

Sostenibilidad y conservación

Mitigar este desperdicio requiere alinear las metas de producción con la conservación de la biodiversidad, bajo un marco de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Camila Cammaert, coordinadora de Alimentos y Agricultura de WWF, señala que el debate ha evolucionado de discutir “en dónde sí y en dónde no” se produce, hacia el “cómo” se produce. “El cómo es lo que va a determinar realmente esta agenda de un sistema alimentario que produce suficiente comida, que es nutritiva y que al mismo tiempo no degrada los servicios ecosistémicos o la base de naturaleza”.

De acuerdo con el Informe Planeta Vivo 2026 de WWF, “el sistema alimentario mundial es el factor más potente de pérdida de biodiversidad mediante la destrucción de hábitats y genera aproximadamente el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero“, cifra con la cual la experta insta a que reformule y mejore la manera en la que trabaja esta industria.

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Cammaert también explica que dicha visión ambiental de la alimentación se entrelaza con el impacto social, especialmente en territorios marcados por el conflicto armado. “La transición hacia cadenas de valor lícitas ofrece estabilidad a largo plazo para las comunidades, un activo altamente valorado frente a economías ilícitas como la coca”.

Nuevas tecnologías y políticas públicas

Para que los alimentos no se dañen en el campo por falta de refrigeración, es indispensable usar tecnología que alargue su vida útil desde el origen. Una de las soluciones más eficientes es el envasado aséptico (UHT), un proceso térmico que elimina bacterias y permite conservar bebidas y alimentos por meses sin necesidad de aplicar químicos ni usar sistemas de frío. Según el mismo informe de Gobernanza del Derecho a la Alimentación y Resiliencia Logística en Colombia, masificar este tipo de tecnología en los puntos de acopio rural evitaría que se pierdan 45.000 toneladas de comida de aquí a 2030.

Para que los pequeños productores puedan invertir en estos desarrollos, existen políticas públicas vigentes que les aseguran un mercado fijo y opciones de financiamiento. La principal es la Ley 2046 de 2020 de Compras Públicas Locales, la cual obliga a las entidades del Estado a destinar, como mínimo, el 30% de su presupuesto de alimentos a las cosechas de campesinos y cooperativas de la región. Esto significa que proyectos gigantes como el de Plan de Alimentación Escolar (PAE) —que hoy atiende a 5,1 millones de estudiantes y busca llegar a 6,2 millones en 2026— junto con el ICBF, se convierten en compradores directos de esta producción local.

Un caso de éxito de cómo funciona este modelo ya implementado es el proyecto de la “Red Lechera del Cauca”. Catalina Hoyos, oficial de programa en la Embajada de Suecia en el equipo de cooperación para Colombia, ilustra por qué se priorizó esta zona: “En el Cauca confluyeron varias características. Una es un territorio con un amplísimo potencial lácteo pero había una oportunidad de mejora significativa y también un contexto de conflictividad social complejo”.

Allí, el modelo funcionó al mitigar la incertidumbre para la inversión corporativa. Hoyos detalla que “el hecho de que existan recursos de cooperación puede atraer y bajar los riesgos para el sector privado, puede incentivar a más inversiones públicas y puede atraer a otros actores a la mesa”. Bajo este esquema colaborativo, en donde todos ponen, la iniciativa logró sumar a 43 aliados públicos y privados —incluyendo a la FAO, la Embajada de Suecia y Tetra Pak—.

En tan solo dos años de operación, la intervención mejoró la rentabilidad de las fincas. La experta destaca que los pequeños productores “han pasado de 10 a 12 litros en promedio” lo que es aproximadamente un incremento del 25% de la productividad, logrando que se vinculen “cada vez más a mercados formales”. Además, el modelo no solo mejoró los ingresos, sino que integró a mujeres y jóvenes en el negocio, y fortaleció el cuidado del agua en los territorios, demostrando que al conectar financiamiento, tecnología de conservación y un mercado asegurado, se puede transformar la economía del campo.

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