La iniciativa plantea reducir 50% el gasto en contratos estatales durante 2027 y 20% el gasto en nómina en 2028. El presidente Abelardo de la Espriella pidió acelerar su trámite en el Congreso.
La Ley de Rescate Económico contempla medidas de austeridad y reducción del gasto público con las que el Gobierno proyecta ahorrar $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030, según el Ministerio de Hacienda.
Entre las principales disposiciones de la iniciativa figuran una reducción del 50% en el gasto destinado a contratos de prestación de servicios durante 2027 y un recorte del 20% en el gasto agregado de nómina de las entidades financiadas por el Presupuesto General de la Nación en 2028, con excepción de la Fuerza Pública.
El ajuste en los gastos de personal permitiría ahorrar $9,6 billones en 2028, según las estimaciones oficiales. Para 2029 y 2030, el proyecto establece que el crecimiento de este rubro no podrá superar la inflación más 0,5 puntos porcentuales. La medida no contempla reducir nominalmente los salarios individuales de los servidores públicos, que deberán aumentar al menos en línea con la inflación.
El anuncio se produce mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación de la iniciativa. El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje de urgencia e insistencia al Congreso para dar prioridad a su discusión, en medio de cuestionamientos de legisladores de oposición por las medidas tributarias que también contempla la reforma.
Aumento de cargos y contratación estatal
Para justificar los recortes, Hacienda presentó un balance sobre el crecimiento de la estructura administrativa del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro.
Según las cifras oficiales divulgadas por el Ministerio, los cargos de la Rama Ejecutiva aumentaron 25,9% entre 2023 y 2027, al pasar de 85.755 a 107.927 plazas, un incremento de 22.172 cargos.
La cartera también señaló que las obligaciones por contratos de prestación de servicios crecieron 33,9%, desde $5,3 billones hasta $7,1 billones durante la administración anterior.
Frente a ese comportamiento, el proyecto plantea reducir en 50% el gasto en estos contratos durante 2027, respecto de 2026. A partir de 2028, su crecimiento quedaría limitado a la inflación.
Además, antes de celebrar nuevos contratos, las entidades deberán verificar que las actividades correspondientes no puedan ser desarrolladas por funcionarios de planta.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el alcance de las medidas al señalar que el ajuste debe comenzar por el propio Estado.
“Esta es la primera vez que en el país se hace un ajuste fiscal de esta naturaleza, arrancando por donde debe ser, que es apretando el cinturón del Estado”, afirmó.
Reorganización de entidades y otros ajustes
La iniciativa también contempla facultades extraordinarias para que el presidente pueda reorganizar entidades públicas, así como restricciones a los gastos administrativos, la publicidad oficial y la realización de eventos financiados con recursos estatales.
En materia tributaria, propone eliminar tratamientos especiales del impuesto de renta sobre gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y determinados rectores y profesores de universidades públicas.
Hacienda estima que el conjunto de medidas de austeridad y reducción del gasto permitiría ahorros de $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030.
El Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Sin embargo, el trámite legislativo se desarrolla en medio de diferencias sobre el alcance de la reforma.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, manifestó que respaldará la reducción del gasto público y la eliminación o fusión de entidades, pero rechazó buena parte de las disposiciones tributarias.
“Los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias”, afirmó el congresista.
Reportado por Narciso De la Hoz G.