La crisis financiera del sector eléctrico, la gran olvidada en la Ley de Rescate

El pasado 29 de octubre, acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó la Ley de Rescate Económico y anunció cinco rescates, el fiscal, el social, el de la salud, el de la inversión y el del Estado frente a la corrupción. Ninguno incluye al sector eléctrico, que enfrenta una crisis financiera que amenaza con comprometer el suministro de energía del país. Los subsidios que la Nación no ha pagado y las deudas de las comercializadoras están afectando a toda la cadena, en momentos en que El Niño exige preservar los embalses y aumentar la generación térmica para evitar un posible apagón. A pesar de semejante amenaza, la ley no destina recursos explícitos para enfrentarla y en su tabla de impacto fiscal no aparece una sola línea dirigida a un sector del que depende la seguridad energética de Colombia.

La magnitud de esta omisión debe examinarse a la luz de las dificultades fiscales que el Gobierno intenta corregir, en un país donde, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, entre enero y agosto de 2026 la Nación gastó $141 por cada $100 que recibió. La Ley de Rescate pretende mejorar el balance de 2027 en 2,35 puntos del PIB, mediante mayores impuestos, contribuciones a la salud y recortes de transferencias y contratistas por unos $12 billones, aunque buena parte del recaudo tributario comenzaría a llegar en 2028. Su aprobación tampoco será sencilla, ante la resistencia que encontrarán en el Congreso la ampliación del IVA del 19% a bienes actualmente excluidos y la reducción de unos $9 millones a $5,5 millones mensuales del ingreso a partir del cual se paga renta. Ambas medidas impondrían nuevas cargas a una clase media que, en buena parte, tampoco recibiría la devolución del IVA prevista para los hogares de menores ingresos, y su rechazo podría dejar un faltante superior a $34 billones anuales desde 2028, de acuerdo con las cifras de la tabla de impacto fiscal.

La crisis financiera ya está comprometiendo a toda la cadena eléctrica, desde las comercializadoras y distribuidoras que no reciben oportunamente los subsidios de la Nación o acumulan cartera de sus usuarios, hasta las generadoras que dejan de recibir el pago de la energía suministrada. XM reportó que al 30 de octubre las cuentas por cobrar del mercado mayorista alcanzaron $4,72 billones, de los cuales $2,92 billones son obligaciones con las generadoras, y ANDEG ha advertido que la deuda de Air-e, intervenida por el propio Estado, con las plantas térmicas supera los $2,2 billones. El incumplimiento de unos termina trasladándose a los demás, hasta llegar a las empresas que deben producir la electricidad y que necesitan recursos para comprar combustible, ejecutar mantenimientos, reparar equipos y conservar sus plantas disponibles. Varias generadoras han tenido que recurrir a créditos de corto plazo y recursos de sus accionistas para financiar estos gastos, mientras siguen sin recibir el pago de buena parte de la energía que ya entregaron.

La situación adquiere una dimensión mucho más peligrosa ante El Niño, con unos caudales de los ríos que durante octubre apenas alcanzaron el 61% de su promedio histórico y XM advirtió que, si se repiten las condiciones hidrológicas de 2015 a 2017, el sistema no podría atender con seguridad la demanda del verano.

En estas condiciones, Colombia necesita preservar sus embalses y aumentar la generación térmica, pero las deudas acumuladas están debilitando financieramente a las empresas de las que depende esa respuesta, hasta el punto de que la falta de pago ha dejado de ser un asunto exclusivo de las generadoras y amenaza con convertirse en un problema de seguridad energética para todo el país.

El Estado tampoco ha resuelto sus propias obligaciones, como lo evidencia la advertencia que hizo ante el Congreso la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, sobre un faltante de $4,6 billones para financiar los subsidios de energía en 2027 y, pese a ello, la Ley de Rescate podría dejar sin presupuesto compromisos que la Nación está legalmente obligada a cumplir. Su artículo 2 permite omitir la apropiación de transferencias ordenadas por ley que no tengan concepto favorable del CONFIS, sin excluir los subsidios de energía y gas. El resultado podría ser tan absurdo como peligroso, el Estado conservaría la obligación de pagar, pero las empresas seguirían sin recibir los recursos, acumulando deudas en un sistema que necesita estar preparado para enfrentar uno de sus períodos de mayor exigencia.

En medio de esta amenaza sobre la seguridad energética del país, resulta difícil justificar que el Gobierno reconozca un faltante de $4,6 billones para los subsidios eléctricos y, al mismo tiempo, mantenga un subsidio al diésel que podría costarle al país más de $15 billones anuales. Desde el 1 de octubre, según la CREG, al productor de ACPM se le reconocen $6.296 por galón, menos de la mitad del valor internacional del diésel. La diferencia la cubre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y, mientras la Nación no gira los recursos, la financia Ecopetrol, cuya cuenta por cobrar al fondo pasó de $4,2 billones en marzo a $8 billones en junio, un aumento cercano a $1,3 billones por mes. En menos de cuatro meses el país gastaría en subsidiar el diésel lo necesario para cubrir los subsidios eléctricos faltantes de todo 2027, y su costo anual superaría tanto los $9,6 billones presupuestados para el FEPC como los $12 billones que la Ley de Rescate espera ahorrar reduciendo transferencias y contratación.

Aun así, el proyecto no establece una senda para corregir ese desequilibrio, pese a que una convergencia gradual hacia los precios internacionales, con incrementos previsibles, permitiría reducir el gasto sin trasladar abruptamente el ajuste al transporte de carga y a los alimentos. Se liberarían recursos permanentes que podrían compensar parte del recaudo tributario que el Congreso decida rechazar.

El Gobierno debe asumir el desmonte gradual de este subsidio con decisión y sin temor al costo político, porque la amenaza de un paro camionero no puede seguir frenando una medida indispensable para sanear las finanzas públicas, y los transportadores también tienen que reconocer la difícil situación fiscal que dejó el deficiente manejo económico del gobierno anterior y aceptar que el esfuerzo para sacar al país de esta crisis no puede recaer únicamente sobre los contribuyentes, mientras ellos siguen beneficiándose de un subsidio multimillonario que Colombia ya no puede permitirse.

La reducción gradual del subsidio al diésel permitiría aliviar un gasto que se repite cada año y podría complementarse con la venta selectiva de participaciones del patrimonio público para atender obligaciones acumuladas. La propia Ley de Rescate abre esa posibilidad en su artículo 11, al autorizar la venta de activos improductivos o subutilizados, aunque los recursos previstos para 2028 apenas representan 0,09 puntos del PIB. El Estado posee participaciones en empresas petroleras, eléctricas y financieras que merecen una evaluación más amplia, considerando su valor, los procedimientos legales, los tiempos de venta y los ingresos futuros a los que renunciaría la Nación.

Ecopetrol ofrece una posibilidad concreta, ya que la Nación tiene el 88,49% de la compañía, una participación valorada en unos $100 billones a precios de bolsa de finales de octubre, por la que recibió cerca de $4,4 billones en dividendos durante 2026. La Ley 1118 de 2006 obliga a la Nación a conservar al menos el 80% de las acciones con derecho a voto, de manera que podría vender el 8,49% que excede ese límite y obtener aproximadamente $9,7 billones, suficientes para cubrir siete meses del costo reciente del subsidio al diésel. Una reforma legal, que podría tramitarse mediante la Ley de Rescate o una ley del Plan Nacional de Desarrollo, abriría la posibilidad de vender una participación mayor e incluso la totalidad de las acciones estatales, valoradas en unos $100 billones antes de eventuales descuentos de negociación. Cualquier venta tendría que cumplir el procedimiento de la Ley 226 de 1995 y supondría renunciar a los dividendos futuros de las acciones enajenadas.

Otra opción sería vender el 51,41% que Ecopetrol tiene en ISA, correspondiente a 569,5 millones de acciones que, a un precio cercano a $28.500, alrededor del cual se negoció en octubre, valdrían unos $16,2 billones. Con una prima de control del 10% al 20%, la operación podría alcanzar entre $17,9 y $19,5 billones, de los cuales a la Nación le corresponderían teóricamente entre $15,8 y $17,2 billones si Ecopetrol pudiera distribuir íntegramente el producto de la venta como dividendos. El monto efectivo dependería de las utilidades legalmente distribuibles y de los impuestos aplicables. La operación podría tomar varios meses y Ecopetrol dejaría de recibir cerca de $620.000 millones anuales en dividendos de ISA.

También podrían evaluarse empresas no listadas, como Gecelca, Urrá y varias distribuidoras públicas, aunque su venta exigiría valoraciones, trámites legales y búsqueda de compradores que podrían superar un año. Son operaciones que requieren preparación y difícilmente ofrecerían recursos inmediatos para atender la urgencia fiscal.

La venta de activos permitiría obtener financiación extraordinaria para reducir deuda o cancelar obligaciones acumuladas, incluidas las del sector eléctrico, pero no corregiría por sí misma el déficit fiscal. Los ingresos se reciben una sola vez, en tanto que gastos como el subsidio al diésel se repiten cada año, razón por la cual una política responsable debería combinar la reducción gradual de ese subsidio con una evaluación selectiva del patrimonio público, sin desconocer los dividendos que el Estado dejaría de recibir.

El Congreso no puede limitar la discusión de la Ley de Rescate a cuánto más se les cobrará a los contribuyentes, mientras el sector eléctrico acumula obligaciones que amenazan su capacidad de responder a las necesidades del país. Los subsidios de energía y gas deben quedar expresamente excluidos del aplazamiento de transferencias previsto en el artículo 2, el presupuesto de 2027 debe incorporar los $4,6 billones faltantes y la Nación necesita conciliar sus obligaciones con las empresas y establecer un calendario público de pagos. Cualquier apoyo público adicional debe exigir compromisos verificables de recuperación de cartera, mejoramiento del recaudo y reducción de pérdidas, porque cumplir las obligaciones de la Nación es distinto de financiar indefinidamente los problemas de las empresas.

La Ley de Rescate es necesaria, pero Colombia no resolverá sus dificultades fiscales limitándose a ampliar impuestos, aplazar obligaciones o vender participaciones que producen dividendos, si conserva gastos recurrentes que podrían corregirse. Reducir gradualmente el subsidio al diésel y administrar responsablemente el patrimonio público permitiría abrir espacio fiscal y financiero para atender las obligaciones pendientes sin debilitar a las empresas que sostienen el suministro eléctrico, porque de poco serviría rescatar las finanzas públicas si en el intento se pone en riesgo la seguridad energética del país.

Por: Iván Darío Arroyave*
*El autor es consultor empresarial. Se ha desempeñado como presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, decano de postgrados de la Universidad EIA, director de posgrados en finanzas de la Universidad de la Sabana y consultor del Banco mundial. 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia

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