Por qué será prácticamente imposible que el Congreso rompa la dependencia del Pentágono de Elon Musk

Tras la histórica victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso el martes, los legisladores comienzan a planificar su agenda para el nuevo período. Una de sus principales prioridades es cómo contrarrestar a Elon Musk, un aliado clave de Donald Trump y el mayor donante político del año.

Los demócratas han dado a entender que tienen la intención de iniciar numerosas investigaciones sobre Musk y sus empresas. Esto incluye planes para indagar si se adjudicaron contratos de SpaceX de forma irregular en los últimos años y si Musk tuvo acceso indebido a información confidencial mientras dirigía DOGE como contratista federal. Incluso antes de las elecciones, el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, había anunciado una investigación sobre por qué se restringió recientemente el acceso de Ucrania a Starshield y Starlink en el campo de batalla (ambos servicios proporcionan a las tropas comunicaciones vitales a través de la red satelital de SpaceX).

Sin embargo, los legisladores también tienen razones económicas y de seguridad nacional para tomar medidas contra SpaceX, que opera prácticamente como un monopolio en ciertos segmentos. “A la industria de defensa, ya sea bajo el gobierno de republicanos o demócratas, no le gusta depender de un solo proveedor”, afirma Armand Musey, presidente de Summit Ridge Group, consultora especializada en satélites. “[Musk] tiene demasiado poder, porque posee una tecnología que nadie más tiene, y esta tecnología está adquiriendo cada vez más importancia estratégica en el ámbito de la defensa. Es como estar en la Segunda Guerra Mundial, donde solo una persona entiende cómo funciona la bomba atómica”.

Aproximadamente una quinta parte de los US$18.700 millones de ingresos de SpaceX el año pasado provino de agencias federales, y gran parte de ello del Pentágono, para programas como los servicios de Starshield y las misiones Falcon 9 que transportan cargas útiles de seguridad nacional al espacio. Forbes consultó a ocho analistas sobre el futuro de SpaceX bajo una mayoría demócrata en el Congreso.

Casi todos expresaron su preocupación por el excesivo poder de SpaceX, pero argumentaron que sería difícil desafiarlo sin poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. El Congreso tampoco tiene la facultad de adjudicar o cancelar contratos (esa autoridad corresponde al poder ejecutivo), por lo que su capacidad para limitar a SpaceX es bastante reducida.

Por lo tanto, es probable que cualquier medida que tome sea gradual y cautelosa, según los expertos; incluso un Congreso con una fuerte presencia demócrata podría no querer fomentar cambios drásticos que alejen a SpaceX por el momento. Para muchos casos de uso importantes, la compañía simplemente no tiene rival.

Su cohete Falcon 9 realiza lanzamientos espaciales con una frecuencia muy superior a la de cualquier competidor y representó más de la mitad de todos los lanzamientos orbitales a nivel mundial el año pasado (además, fue pionero en la reutilización y es el cohete de carga media a pesada más barato de la historia).

Estados Unidos utiliza los vuelos del Falcon 9 para desplegar satélites, incluidos aquellos que permiten el GPS, realizan reconocimiento y facilitan las comunicaciones militares encriptadas, así como para lanzar tecnología experimental que el Pentágono desea probar con urgencia.

“La realidad es que Estados Unidos depende de SpaceX para acceder al espacio”, afirma Victoria Samson, directora general de seguridad y estabilidad espacial de la Secure World Foundation. “No podemos decir: ‘Vamos a rescindir todos los contratos de SpaceX’”.

La red satelital de la compañía tampoco tiene rival, gracias a su escala, alta capacidad y latencia ultrabaja. «Starlink es una parte fundamental de la infraestructura de comunicaciones militares», explica Samson, «no solo para Estados Unidos, sino también para aliados y socios». Esto genera una serie de problemas espinosos.

El mes pasado se informó que Musk restringió personalmente el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield; él mismo admitió haber limitado el ancho de banda de Starlink, alegando que se debió a que Ucrania violó sus términos de servicio, pero insiste en que solo el ejército estadounidense tiene la capacidad de restringir Starshield.

Aunque el Congreso no puede cancelar contratos, sí puede retirar la financiación de un programa por completo. Los demócratas ya están considerando eliminar la iniciativa Golden Dome, bajo la cual SpaceX ha obtenido muchos más fondos de contratación públicamente divulgados que cualquier otra empresa (alrededor de US$8 mil millones en adjudicaciones relacionadas). Por otro lado, podrían reforzar la financiación de programas que tienen el potencial de alterar las ventajas competitivas de SpaceX.

Nick Reese, exjefe de política de tecnologías emergentes del Departamento de Seguridad Nacional, sugiere el Sistema de Coordinación de Tráfico Espacial como una posible opción. Esta entidad está diseñada para utilizar el intercambio de datos militares y voluntarios de operadores de satélites como Starlink para brindar al público acceso a datos de conocimiento de la situación espacial, pero ha tenido dificultades para despegar tras los recortes presupuestarios sufridos durante la purga de DOGE de Musk. En teoría, el Congreso podría hacer que un mayor intercambio de datos fuera obligatorio.

“La órbita terrestre baja no solo está poblada predominantemente por los satélites de una sola compañía, sino que además esa compañía es propietaria de todos esos datos orbitales”, afirma Reese. “Así que, si se los arrebataran y se hicieran públicos, Starlink se vería inmediatamente perjudicada”.

En el extremo más radical, existe la posibilidad de nacionalizar SpaceX, o una parte de ella (como Starlink). En las últimas semanas, figuras influyentes como el economista Paul Krugman y el exsecretario de Trabajo Robert Reich han intensificado los llamamientos a favor de esta medida. Si bien la nacionalización de empresas no carece de precedentes en Estados Unidos, es una práctica mucho más común en el extranjero. A nivel nacional, suele ocurrir en tiempos de guerra o cuando las empresas son insolventes. El Congreso podría aprobar una ley que exija la compra obligatoria de la empresa.

Pero los expertos creen que es probable que los legisladores no estén dispuestos a ir más allá. Una alternativa más realista sería implementar nuevas leyes dirigidas a SpaceX, quizás para frenar su crecimiento descontrolado. Una opción sería exigir evaluaciones de riesgo adicionales para los lanzamientos espaciales (SpaceX realiza actualmente la gran mayoría de los lanzamientos orbitales en EE. UU.).

También podrían implementar nuevas normas de contratación que amenacen la integración vertical de la empresa, que es una fuente fundamental de su eficiencia y ventajas en costos. Por ejemplo, los nuevos contratos de servicios satelitales podrían exigir que los satélites no sean propiedad de la misma empresa que lanza el cohete que los pone en órbita.

Apuntar directamente al poder geopolítico de Musk también es una opción. Los demócratas podrían, por ejemplo, exigir que los contratistas estadounidenses de comunicaciones por satélite no puedan limitar intencionadamente su servicio en zonas de guerra sin permiso del gobierno.

Por supuesto, todas estas posibilidades conllevan el riesgo de un veto de Trump. El Congreso solo podría revocarlo con una mayoría de dos tercios, muchos más escaños de los que los demócratas están a punto de obtener, incluso con la histórica victoria de esta semana.

“Me imagino que si fueran a hacer algo así, lo harían como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, porque hay que aprobarla”, dice Reese. “Los demócratas podrían poner a la Casa Blanca en una situación difícil aprobando algo de sentido común, una medida intermedia, y presionándola: ¿Están dispuestos a arriesgarse y vetarla?”.

“Es en los proyectos de ley que necesitan ser aprobados donde se observa ese tipo de maniobras políticas”, coincide Scott Amey, asesor jurídico del Proyecto de Supervisión Gubernamental, quien también menciona la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) como una posible vía para que los demócratas ataquen a Musk. Estos métodos pueden ser sutiles: “Hay que leer las 1500 páginas para descubrir dónde se esconden las artimañas”.

SpaceX tiene competidores importantes tanto en lanzamientos de cohetes como en comunicaciones por satélite (como Blue Origin, Amazon Leo, United Launch Alliance y Rocket Lab). Sin embargo, “la brecha parece estar ampliándose, no reduciéndose”, afirma Musey, destacando la incomparable integración vertical de SpaceX y el hecho de que su nueva generación de satélites, que está comenzando a desplegar, tiene diez veces la capacidad de transmisión de datos de los anteriores.

En teoría, ahí es donde el Congreso podría ejercer su influencia. Si el objetivo de los legisladores es reducir la dependencia estadounidense de SpaceX, la opción menos arriesgada sería fortalecer a otros actores en el sector espacial, en lugar de intentar debilitar deliberadamente a Musk. Pero eso sería un proceso lento y conllevaría sus propias limitaciones.

Irónicamente, el ámbito en el que los demócratas quizás deseen reducir más la influencia de Musk —el sector de la defensa— podría ser precisamente el ámbito en el que resulte más difícil lograrlo. Si pretenden limitar su poder sin poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, tendrán que actuar con suma cautela.

Por ahora, sus planes parecen estar en una fase inicial. Musk será un objetivo, pero no está del todo claro cómo. Gregory Allen, director ejecutivo de Decision Tree Research, comenta: “Me suena más a “preparados, fuego, apunten…” que a “preparados, apunten, fuego”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US

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