Proantioquia espera que el Confis autorice un cupo de $10 billones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. Antioquia lidera el uso de Obras por Impuestos, con proyectos por $1,3 billones desde 2018.

Las empresas colombianas podrían destinar hasta $10 billones de sus impuestos a financiar obras de reconstrucción en las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Ese es el cupo que, según Proantioquia, estaría considerando autorizar el Gobierno Nacional mediante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), como parte de un mecanismo que busca acelerar la recuperación de los municipios afectados.

Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, explicó a Forbes Colombia que la cifra todavía no ha sido aprobada, pero corresponde a las señales que han recibido del Gobierno sobre los recursos que podrían movilizarse mediante Reconstrucción por Impuestos (REXI), una adaptación del mecanismo de Obras por Impuestos.

“Estamos a la espera del cupo Confis que entendemos, por los mensajes que ha mandado el Gobierno Nacional, que será de $10 billones durante la época de la reconstrucción”, señaló Velásquez.

La magnitud de los recursos sería considerable frente a los antecedentes del mecanismo. Según la dirigente empresarial, el cupo autorizado el año pasado fue de $1,2 billones, mientras que para este año Proantioquia había solicitado alrededor de $5 billones, antes de que el terremoto llevara a plantear una ampliación de su alcance.

El mecanismo permite que las empresas ejecuten directamente proyectos de infraestructura y dotación con cargo a sus obligaciones tributarias. En el caso de REXI, los contribuyentes podrían descontar hasta el 50% de su impuesto sobre la renta, mediante inversiones en vivienda rural y urbana, educación, salud, servicios públicos, infraestructura deportiva y gestión del riesgo, entre otros sectores.

La iniciativa fue promovida por Proantioquia, con el respaldo de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la RedPRO y otros aliados. El Gobierno la habilitó mediante el Decreto Legislativo 1389 de 2026 y posteriormente se expidió un manual operativo para facilitar su aplicación.

Una de las principales diferencias frente al esquema tradicional es la reducción de los tiempos de aprobación. Según Velásquez, los procedimientos que antes podían tardar hasta seis meses podrían completarse en aproximadamente un mes, gracias a trámites abreviados y respuestas concurrentes de las entidades involucradas.

Sin embargo, la puesta en marcha de los proyectos de mayor envergadura dependerá de la autorización del nuevo cupo fiscal, cuya fecha todavía se desconoce.

Por ahora, Proantioquia trabaja para aprovechar cerca de $200.000 millones remanentes del cupo de este año, que podrían utilizarse en proyectos de vivienda rural relacionados con la reconstrucción.

Antioquia, líder en Obras por Impuestos

Antioquia es el departamento que más ha utilizado el mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia. Entre 2018 y 2026 se han aprobado más de 100 proyectos por $1,3 billones, destinados principalmente a infraestructura educativa, vías, agua potable y alcantarillado.

A nivel nacional, el mecanismo ha movilizado más de $5 billones desde su entrada en vigor, con la participación de casi 300 empresas.

El liderazgo antioqueño se explica, en parte, por el trabajo de la Plataforma Obras por Impuestos, coordinada por Proantioquia desde 2021, con la participación de la Gobernación de Antioquia y más de 70 aliados entre contribuyentes activos y potenciales.

Solo en 2025 se aprobaron 24 proyectos por $404.000 millones en el departamento. Entre ellos figura el alcantarillado de Nueva Colonia, en Turbo, considerado el proyecto de mayor valor aprobado mediante este mecanismo, con una inversión de $113.000 millones y la participación de 24 empresas contribuyentes.

La experiencia acumulada en Antioquia es la base de Reconstrucción por Impuestos (REXI), la iniciativa promovida por Proantioquia y diferentes aliados tras el terremoto del 10 de agosto.

Para extender el modelo al resto del país, Proantioquia coordina la Mesa Nacional de REXI, en articulación con las organizaciones de la RedPRO en los departamentos priorizados y las gerencias departamentales de reconstrucción. La red reúne 16 organizaciones regionales y más de 500 empresarios, que podrían contribuir a ampliar la participación del sector privado en los proyectos.

Una propuesta para hacer permanente el mecanismo

Proantioquia trabaja con congresistas de Antioquia en una iniciativa legislativa para convertir Obras por Impuestos en un mecanismo permanente y ampliar su cobertura a municipios que actualmente no pueden beneficiarse de él.

“Nosotros estamos promoviendo desde Proantioquia, junto con la bancada antioqueña del Congreso, la ley de Obras por Impuestos”, afirmó Velásquez.

La propuesta tiene tres objetivos: darle permanencia al instrumento, unificar las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan y extender su aplicación a todos los municipios de categorías 5 y 6 del país.

Actualmente, el mecanismo tradicional está dirigido principalmente a municipios PDET y Zomac, priorizados por su afectación por el conflicto armado. Para Proantioquia, esa delimitación ha dejado por fuera territorios con importantes necesidades de infraestructura y una limitada presencia del sector empresarial.

La ampliación permitiría que compañías sin operaciones en esos municipios financiaran directamente proyectos de desarrollo mediante sus obligaciones tributarias.

Explicó que los contribuyentes asumen los riesgos de ejecución y los eventuales sobrecostos, mientras que los recursos no utilizados deben devolverse al Estado. Como ejemplo, mencionó que Grupo Argos ha devuelto el 53% de los costos inicialmente previstos en proyectos ejecutados mediante Obras por Impuestos.

Los proyectos también están sujetos a interventoría, rendición mensual de cuentas e informes finales sobre costos y tiempos de ejecución.

Para Velásquez, el desafío inmediato consiste en conseguir la autorización del cupo Confis y lograr que las empresas, las entidades nacionales y los gobiernos territoriales estén preparados para comenzar las obras.