El Presidente descartó gravar la canasta familiar y estudia reducir la tarifa general del IVA. El exministro Mauricio Cárdenas advierte sobre los riesgos fiscales y pide definir qué medidas de la reforma son innegociables.

El presidente Abelardo de La Espriella anunció que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas sobre el sector agropecuario, una decisión que supone un cambio frente a uno de los componentes centrales de la Ley de Rescate Económico presentada al Congreso. Además, reveló que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del impuesto del 19% al 18% o incluso al 17%.

El anuncio fue realizado durante la alocución presidencial del domingo, con motivo de los primeros 100 días de su administración, y abre interrogantes sobre cómo el Gobierno compensará el recaudo que esperaba obtener mediante la ampliación del IVA, en momentos en que busca corregir el deterioro de las finanzas públicas.

“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó el mandatario.

La propuesta original de Ley de Rescate contemplaba eliminar desde 2028 la tarifa diferencial del IVA del 5% y modificar las listas de bienes excluidos y exentos, con lo que numerosos productos pasarían a pagar la tarifa general del 19%.

Según un análisis preliminar de Lisandro Junco, exdirector de la Dian, entre los bienes afectados figuraban café, azúcar, aceites, pastas, chocolate, frutas y verduras frescas, además de insumos agropecuarios y productos tecnológicos.

La eliminación de tratamientos preferenciales del IVA figuraba entre las principales fuentes de recaudo de la reforma. Las estimaciones fiscales divulgadas sobre el proyecto situaban el potencial de esa medida en alrededor de 1,67% del PIB, equivalente a unos $40 billones anuales en promedio entre 2028 y 2030.

Sin embargo, esa cifra no corresponde exclusivamente a los alimentos ni representa el recaudo neto de la reforma, pues el proyecto también contempla un programa de devolución del IVA para la población de menores ingresos. Por tanto, todavía no es posible establecer cuánto dejaría de recibir el Estado como consecuencia de la decisión presidencial.

Gobierno abre la puerta a nuevos cambios

De La Espriella aseguró que la Ley de Rescate sigue siendo una propuesta abierta a modificaciones y manifestó su disposición a buscar acuerdos con los partidos políticos y otros sectores.

“Nunca ha sido para mí un punto de honor” que la iniciativa sea aprobada en los términos en que fue presentada, señaló.

El mandatario sostuvo que está dispuesto a considerar alternativas que permitan alcanzar las metas fiscales sin mantener necesariamente todas las disposiciones tributarias del proyecto original.

“Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla”, afirmó.

También reveló que Hacienda está evaluando una reducción de la tarifa general del IVA, actualmente del 19%, que podría situarse en el 18% o incluso en el 17%.

Esta última posibilidad tendría implicaciones adicionales para las finanzas públicas, pues una disminución de la tarifa general reduciría, en principio, el recaudo sobre los bienes y servicios que continúen gravados. Su efecto dependería del alcance de la medida, de la base tributaria y de las eventuales compensaciones.

Por ahora, el Gobierno no ha presentado una estimación oficial del impacto fiscal de estos cambios ni un nuevo articulado que precise cuáles disposiciones del proyecto serían retiradas o modificadas.

El desafío de mantener el ajuste fiscal

El giro presidencial se produce en medio de advertencias de economistas sobre los riesgos de no adoptar un ajuste suficiente para estabilizar las finanzas públicas.

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas advirtió que un deterioro adicional de la situación fiscal podría restringir el acceso del país al financiamiento externo, presionar al alza la tasa de cambio y generar efectos sobre la inflación y las tasas de interés.

También cuestionó la posibilidad de retirar sucesivamente componentes de la reforma sin definir cuáles son indispensables para alcanzar los objetivos fiscales.

“No se puede ir quitándole a la reforma capítulos. Hay que establecer unas líneas rojas de lo esencial, lo inmodificable, y que el Gobierno lo diga y muestre un compromiso férreo”, señaló.

Cárdenas reconoció que la propuesta de ampliar el IVA es impopular y planteó que el Gobierno debería concentrarse inicialmente en devolver el impuesto que ya pagan los consumidores, como mecanismo para generar confianza, antes de considerar una reforma más amplia.

Recortes y venta de activos

Durante su intervención, De La Espriella defendió los resultados de la política de austeridad de su administración y aseguró que en los primeros 100 días se han recortado $13,8 billones del Presupuesto General de la Nación.

El mandatario también destacó reducciones de hasta 65,5% en la contratación por prestación de servicios y vacancias de hasta 57,5% en cargos de libre nombramiento y remoción, según las cifras presentadas por el Gobierno.

Afirmó que su administración busca alcanzar recortes directos y permanentes superiores a $23 billones, además de avanzar en la venta de activos improductivos de la Nación por $4 billones.

No obstante, reconoció que estas medidas tienen alcances diferentes frente a las necesidades de financiación del Estado.

“Los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo”, advirtió.

La distinción es relevante para las cuentas fiscales: mientras las reducciones permanentes del gasto pueden contribuir a disminuir el déficit, la venta de activos representa una fuente extraordinaria de recursos que no necesariamente se repetirá en los años siguientes.

La Ley de Rescate continúa su trámite en el Congreso, donde ha recibido cuestionamientos por los cambios propuestos en el IVA, el impuesto de renta y los aportes a la seguridad social.

El Gobierno enfrenta ahora el desafío de construir acuerdos políticos alrededor de una versión modificada de la iniciativa, sin perder de vista las necesidades de ajuste fiscal que motivaron su presentación.

Reportado por Narciso De la Hoz G.