El viceministro Juan Sebastián Betancur advirtió que una corrección inferior a esa cifra acumulada haría insostenible la deuda pública. El ministro Miguel Gómez reconoció que la Ley de Rescate apenas permitiría estabilizarla alrededor del 64% del PIB hacia 2030, pero no reducirla.

Colombia necesita un ajuste fiscal mínimo de $95 billones acumulados durante los próximos cuatro años para estabilizar la deuda pública y evitar que continúe creciendo hasta niveles insostenibles, según advirtió el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, en medio de la discusión de la Ley de Rescate Económico en el Congreso.

“¿Por qué el ajuste fiscal mínimo viable es en promedio 95 billones en los próximos 4 años? Muy simple: porque es lo mínimo que permite estabilizar la deuda. Cualquier ajuste inferior a 95 billones produciría una deuda creciente y, por ende, insostenible”, señaló el funcionario.

La advertencia coincide con las declaraciones del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien reconoció ante las comisiones económicas del Congreso que, pese a la magnitud de las medidas propuestas, la reforma no permitiría reducir el endeudamiento público, sino únicamente detener su crecimiento como proporción de la economía.

“La Ley de Rescate, señores parlamentarios, únicamente estabiliza la deuda. No la reduce. La magnitud del problema es tal que, a pesar de este esfuerzo que estamos planteando, que es el más grande y el más ambicioso en la historia económica de Colombia, no nos permitirá reducir el nivel de endeudamiento de la economía”, afirmó Gómez Martínez.

Según las proyecciones presentadas por Hacienda, el ajuste fiscal alcanzaría el equivalente al 4,7% del PIB en 2030 y permitiría estabilizar la deuda pública alrededor del 64% del PIB.

Las cifras reflejan la magnitud del desequilibrio de las finanzas públicas y las dificultades que enfrenta el Gobierno para corregirlo, especialmente después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara que no se impondrán nuevas cargas de IVA a los alimentos de la canasta familiar, los agroinsumos ni los planes de medicina prepagada.

La decisión obliga al Ejecutivo a buscar fuentes alternativas de recaudo para compensar los ingresos inicialmente previstos en la Ley de Rescate, mientras comienzan a surgir reparos entre los congresistas a otras disposiciones tributarias del proyecto.

El riesgo de un ajuste impuesto por los mercados

Durante su intervención en el Congreso, Gómez Martínez insistió en que la corrección fiscal es inevitable y advirtió que, de no realizarse de manera ordenada, el país podría enfrentar una crisis de financiación con consecuencias para el empleo, los ingresos de los hogares y la pobreza.

“Si no actuamos, lo que va a suceder es que el mercado va a realizar el ajuste. Y lo hará de manera brusca y desordenada. El mercado no se quedará con los brazos cruzados, el mercado actuará”, aseguró.

Según el ministro, en ese escenario el desempleo podría aumentar en más de medio millón de personas, mientras que el ingreso por habitante disminuiría y la pobreza se incrementaría. También advirtió que, de mantenerse la trayectoria actual, hacia finales de la década prácticamente uno de cada dos pesos del presupuesto nacional tendría que destinarse a atender las obligaciones de la Nación.

El funcionario atribuyó parte del deterioro fiscal a que el gasto público se mantuvo elevado después de la pandemia, mientras que los ingresos tributarios, tras alcanzar niveles altos en 2023 y 2024, regresaron a su tendencia histórica.

Las advertencias de Hacienda coinciden con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que al concluir su reciente misión a Bogotá respaldó la orientación general de la Ley de Rescate y consideró que la magnitud del ajuste propuesto constituye una base adecuada para estabilizar la deuda pública.

El organismo también advirtió que, sin medidas suficientes y oportunas, Colombia podría enfrentar un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, con graves consecuencias económicas y sociales.

Recortes del gasto y reparos en el Congreso

La Ley de Rescate contempla una reducción del gasto público de $23,7 billones, que incluye medidas para disminuir los costos de funcionamiento del Estado, recortar la contratación por prestación de servicios y racionalizar las transferencias presupuestales.

Entre las propuestas figuran una reducción del 50% de los contratos de prestación de servicios (OPS), un recorte cercano al 20% de los gastos de nómina, con excepciones para defensa y seguridad, y la racionalización de 189 transferencias. El Gobierno también plantea la fusión o eliminación de entidades públicas y la venta de activos improductivos.

La cartera de Hacienda sostiene que estas medidas permitirían reducir el gasto operativo en aproximadamente $8 billones anuales hasta 2030.

Durante el debate de la Ley en el Congreso, Gómez confirmó que no habrá IVA para la canasta básica, los agroinsumos, ni para para los planes de medicina prepagada, como lo había anunciado el presidente de la República.

Sin embargo, el trámite legislativo comienza a enfrentar objeciones, incluso entre congresistas de la coalición gubernamental que reconocen la necesidad de corregir las finanzas públicas.

Según La Silla Vacía, el representante Jhon Jairo Berrío, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, planteó que no debería gravarse con IVA el servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3. También propuso estudiar otras fuentes de recaudo, como aranceles a las compras pequeñas realizadas por internet, IVA a las viviendas turísticas y una reducción más amplia del tamaño del Estado.

Por su parte, el representante liberal Camilo Gómez cuestionó las medidas que podrían aumentar la carga tributaria de los hogares de ingresos medios y bajos.

“No podemos ahorcar a la clase media y a los sectores de menos ingresos”, sostuvo el congresista, quien también expresó reparos frente a la propuesta de elevar del 4% al 8% la cotización a salud de los trabajadores asalariados.

Reportado por Narciso De la Hoz G.

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