Aunque las AFP se preparan para la transición operativa dictada por la Corte Constitucional, el gremio advierte que el nuevo sistema limitará la libertad de elección y dejará una inmensa deuda a futuro.

Tras la decisión de la Corte Constitucional que avaló la reforma pensional, establecida en la Ley 2381 de 2024, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) anunciaron a través del gremio que las representa que iniciaron una fase de revisión para articular los aspectos operativos de la normativa. Este proceso de empalme se adelantará en conjunto con Colpensiones y el Banco de la República.

A pesar de prepararse para la entrada en vigor del sistema, el sector privado mantiene un contraste crítico sobre el impacto del modelo. Si bien la reforma cumple con el propósito de acabar con las megapensiones, el gremio advierte que la medida afectará el ahorro nacional, suprimirá la libertad de elegir de los cotizantes y trasladará una inmensa deuda a las nuevas generaciones, haciendo que el sistema sea mucho más costoso a futuro.

Frente al escenario inmediato, Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, explicó que están a la espera de la minucia jurídica de la sentencia. “Mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos”, dijo.

La coyuntura impacta a una industria que lleva más de 30 años operando en el país, consolidando un músculo financiero que ha entregado a los trabajadores rendimientos que se ubican, en promedio, por encima del 7 % de la inflación. Reafirmando el compromiso fiduciario ante esta coyuntura, Velasco agregó: “Seguimos y seguiremos al lado de los más de 20 millones de afiliados que nos confían su ahorro”.

En el frente jurídico y legislativo, aunque el alto tribunal avaló el grueso de la reforma, devolvió nueve artículos y una proposición adicional a la Cámara de Representantes para que se corrijan vicios de trámite. El Congreso tiene un plazo de 30 días hábiles para subsanar estas fallas, una discusión técnica que Asofondos acompañará activamente con su experiencia sectorial, según aseguraron.

Para concretar la transición operativa, las AFP y los demás actores del sistema definieron una hoja de ruta con cuatro frentes de trabajo:

  • Identificar a las poblaciones cubiertas, y a las que no entran en el régimen de transición, dentro de las bases de datos de todas las entidades involucradas.
  • Evaluar el estado de los desarrollos tecnológicos y logísticos que ya se habían adelantado antes de la suspensión de la ley.
  • Diseñar, ajustar e implementar los procesos operativos para garantizar que el nuevo esquema funcione eficientemente.
  • Revisar e instaurar nuevos modelos de atención al afiliado acordes con el panorama legal.

Publicado por Lina Vargas Vega.

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