Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo, pidió a la Corte Constitucional suspender el Decreto 173 ante el riesgo de quiebras empresariales, pérdida de empleo y un mayor deterioro de la confianza inversionista.
A menos de diez días del primer pago del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el sector empresarial encendió las alertas. La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, advirtió que miles de empresas podrían enfrentar quiebras si se mantiene el tributo establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026.
Según el gremio, el diseño del impuesto -que grava el patrimonio y no las utilidades- impone una carga que no refleja la situación financiera real de las compañías, lo que llevaría incluso a pagar impuestos en escenarios de pérdidas. El impacto inmediato, señaló, sería una presión severa sobre la caja de las empresas.
El Consejo Gremial identifica tres efectos principales: asfixia de liquidez en el corto plazo, mayor endeudamiento para cumplir con la DIAN y un freno a la inversión. Este último punto resulta especialmente sensible en un contexto en el que la inversión ya es uno de los componentes más débiles del crecimiento económico.
El gremio también advirtió sobre el impacto en el empleo. Las empresas potencialmente afectadas generan más de tres millones de puestos formales, lo que podría amplificar los efectos sobre la economía real.
En su solicitud a la Corte Constitucional, Gutiérrez cuestiona además la legalidad del decreto. Sostiene que no se ha demostrado la relación directa entre la emergencia declarada y la necesidad de este tributo, lo que pondría en entredicho su validez constitucional.
El argumento se refuerza con el contexto fiscal. Mientras el déficit primario alcanzó 3,5% del PIB en 2025 y se proyecta un faltante de $32,1 billones para 2026, el gremio advierte que la respuesta no debería centrarse en nuevos impuestos, sino en el ajuste del gasto público.
“Con el primer pago del 50% venciendo el 1 de abril, las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez. Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo”, concluyó Gutiérrez.