El ente de control advierte que la medida contraviene la ley vigente y podría convertir $24,7 billones de ahorro pensional en gasto corriente, con riesgos fiscales de largo plazo.

La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de decreto que busca trasladar recursos de las AFP a Colpensiones es inviable bajo la normativa vigente y plantea riesgos fiscales y jurídicos relevantes.

Tras analizar el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo, el ente de control concluyó que la propuesta contraviene el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que permite el traslado de afiliados entre regímenes, pero establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta que se consolide el derecho a pensión.

Con corte a febrero, cerca de 119.496 personas se han trasladado del régimen privado (RAIS) al público (RPM), con recursos por $24,7 billones. De ese total, solo 18.507 afiliados ya tienen derecho a pensión, mientras que la mayoría -más de 100.000- aún no lo ha adquirido.

En ese contexto, la Contraloría considera que no es jurídicamente viable ordenar el traslado total de esos recursos a Colpensiones, especialmente cuando el grueso de los afiliados no ha consolidado su pensión.

Incluso en el caso de quienes ya tienen derecho pensional, persisten obstáculos operativos. El Decreto 1225 de 2024 establece que los recursos deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que aún no está operativo.

Además del frente legal, el organismo advirtió un riesgo estructural: que los recursos de ahorro pensional se terminen utilizando para financiar gasto corriente, como el pago de mesadas, lo que implicaría sustituir ahorro de largo plazo por alivios fiscales inmediatos.

Finalmente, la Contraloría señaló que este esquema podría aumentar el pasivo pensional del Estado, al reducir el ahorro disponible para cubrir obligaciones futuras. El debate se mantiene abierto mientras la Corte Constitucional define la exequibilidad de la reforma pensional.