El director del CREE advirtió que las decisiones entre 2026 y 2030 definirán la seguridad energética del país y propuso acelerar proyectos, fortalecer la CREG y sanear las finanzas del sector.
El exministro de Minas y Energía y actual director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Tomás González, advirtió que las decisiones que adopte Colombia entre 2026 y 2030 definirán “la confiabilidad del suministro, la legitimidad del sector y la naturaleza de la transición energética” del país.
En un documento de recomendaciones para el próximo gobierno, el CREE alertó que el sistema energético colombiano enfrenta “tensiones crecientes” por la estrechez de energía firme, la caída acelerada de reservas de gas, retrasos en transmisión y deterioro financiero de agentes clave del sector.
La entidad sostuvo que el país necesita una “hoja de ruta clara y creíble” para evitar riesgos sobre la seguridad energética y la estabilidad fiscal. El informe, presentado en el evento “Por una Colombia en Crecimiento 2026-2030, organizado por el BID y gremios privados, plantea cuatro grandes líneas de acción: universalizar el acceso a la energía, acelerar la expansión de la oferta, sanear financieramente el sistema y replantear la transición energética.
Entre las principales propuestas aparece retomar el esquema de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) para destrabar iniciativas críticas de generación, transmisión y gas. Según el CREE, esto permitiría reducir tiempos de ejecución mediante ventanillas únicas y cronogramas vinculantes.
El documento también pide completar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con expertos técnicos e independientes, derogar regulaciones que distorsionen señales de precio y fortalecer el Gestor del Mercado de Gas para enfrentar un escenario deficitario.
En el frente fiscal, González propuso liberar el precio del diésel, medida que -según el informe- tendría un impacto fiscal cercano a $8 billones. Los recursos se destinarían a cubrir deudas del sector público con comercializadoras de energía, que superan los $6 billones, además de financiar infraestructura eléctrica y cobertura en la Costa Caribe.
El CREE también defendió apoyar la producción de hidrocarburos y carbón mientras exista demanda, argumentando que esos ingresos fiscales serán necesarios para financiar la transición energética. “Sin orden fiscal en el sector energético, no habrá transición posible”, señala el documento.
Sobre la transición energética, el centro de estudios afirmó que la política actual tiene “alta descoordinación”, metas poco realistas y falta de prioridades claras frente a las capacidades institucionales del país.
La propuesta plantea una nueva estrategia basada en tres pilares: electrificación de la demanda, expansión de la oferta eléctrica y adopción de nuevos energéticos, junto con la maximización de la renta fiscal proveniente de los combustibles fósiles.
El informe concluye que solo una política energética “responsable, realista y coherente” permitirá asegurar el suministro, proteger la estabilidad fiscal y avanzar en el desarrollo económico del país.