El Gobierno de Petro remitió su Plan Indicativo de Enajenación Global 2026, que identifica más de 23 filiales y participaciones de la estatal petrolera como susceptibles de venta, aunque el documento no activa ningún proceso automático de enajenación.
El Gobierno colombiano presentó ante el Congreso de la República el Plan Indicativo de Enajenación Global para la vigencia 2026, un documento de carácter anual y obligatorio que identifica activos del Estado por valor superior a $50,5 billones vinculados a la cadena de hidrocarburos, energía y otros sectores, entre ellos más de 23 participaciones asociadas a Ecopetrol.
El plan, remitido por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento del parágrafo del Artículo 8° de la Ley 226 de 1995 (que exige presentar el listado durante los primeros 60 días del año), abarca prácticamente la totalidad de la estructura operativa de la petrolera estatal: desde sus filiales de exploración y producción internacional hasta sus activos de transporte, refinación y energía.
Según el documento, los tres activos de mayor valor contable son Ecopetrol Global Energy S.L.U., estimado en $17,5 billones; Ecopetrol USA INC, con $14,8 billones; y Ecopetrol Permian LLC, con $10,9 billones. Le siguen participaciones como Ecopetrol Oleo & Gas do Brasil Ltda ($2,8 billones), Ecopetrol Capital AG ($1,4 billones) y Ecopetrol América LLC ($1,2 billones), entre otras.
El listado también comprende activos en segmentos de transporte y logística como Cenit, Oleoducto Central (Ocensa), Oleoducto de Colombia S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.; refinación y petroquímica, como Refinería de Cartagena (Reficar), Essentia S.A. y Ecodiésel Colombia; y energía eléctrica, incluyendo Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Hocol, Equión Energía, Invercolsa y Wind Autogeneración S.A.S.
El Ministerio de Hacienda fue explícito en señalar que la inclusión de un activo en el plan no equivale a una orden de venta. “El Plan de Enajenación Global no constituye aprobación y/o decisión alguna de iniciar algún proceso de optimización de activos”, indica el oficio oficial, que define el documento como “un informe al Congreso de la República sobre las participaciones que de manera eventual podrían surtir un proceso de enajenación”.
Toda decisión específica de enajenación debería materializarse a través de un decreto expedido por el Gobierno Nacional, tras un proceso de debida diligencia. En el caso de Ecopetrol, cualquier venta requeriría además la aprobación de su Junta Directiva y de sus accionistas. El Estado colombiano posee el 88,2% de participación en la compañía.
El plan también identifica participaciones en activos fuera del sector energético, entre ellos terminales de transporte terrestre en Ipiales, San Gil, Aguachica y Barranquilla, la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport), la Zona Franca de Cartagena y la Sociedad Portuaria del Dique.
Precedente sin ejecución
Este tipo de listados no es inédito en la historia fiscal colombiana. Durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, incluyó en planes de enajenación similares activos como Ecopetrol, ISA y Findeter, sin que ninguna de esas ventas se concretara.
El plan será evaluado por la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (CAAP), instancia encargada de revisar el documento antes de que cualquier proceso de desinversión pueda avanzar formalmente.
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