Aunque el indicador mejora por segundo año consecutivo, persisten brechas críticas en departamentos como La Guajira, Chocó y Vaupés. El IMPE plantea una hoja de ruta con cuatro medidas urgentes.
Colombia registró en 2024 un avance significativo en la reducción de la pobreza energética, una condición que limita la capacidad de los hogares para realizar actividades esenciales asociadas al uso de energía.
Según la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), elaborado por Promigas y su fundación, 300.000 personas superaron esta situación el año pasado, llevando el indicador nacional del 16,1% al 15,4%. Aun así, cerca de 8,1 millones de colombianos permanecen en esta condición.
El informe destaca que, de mantenerse el ritmo actual, el país tardaría hasta 2034 en llevar la pobreza energética a un dígito. Sin embargo, el IMPE propone una hoja de ruta que permitiría alcanzar esa meta en 2030 mediante intervenciones orientadas a cerrar brechas regionales y rurales.
La medición muestra disparidades profundas: mientras Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) exhiben bajos niveles de privación, territorios como Córdoba (45%), Chocó (52,8%), La Guajira (63,1%) y Vaupés (86,5%) concentran las situaciones más críticas.
“Más que una métrica, el IMPE es una carta de navegación para los gobernantes”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, al señalar que la pobreza energética refleja desigualdades históricas y la necesidad de políticas sostenidas.
El Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), elaborado junto a la firma Inclusión SAS, mide las privaciones que enfrentan los hogares para realizar actividades básicas que dependen del uso de la energía.
La propuesta del informe plantea cuatro acciones para acelerar la reducción: mejorar la calidad del servicio eléctrico donde ha desmejorado; avanzar en el Plan Nacional de Sustitución de Leña; ampliar el acceso a electrodomésticos y dispositivos básicos; y garantizar energía eléctrica en todos los colegios del país.
De implementarse estas medidas, el país podría reducir en un 40% el número de personas en pobreza energética hacia 2030, equivalente a 2,9 millones de habitantes. Aun así, la meta no eliminaría totalmente el problema: incluso bajo ese escenario, cerca de 5,1 millones de personas seguirían enfrentando privaciones, lo que obliga a sostener esfuerzos de largo plazo.
Promigas insiste en que cerrar la brecha energética es condición para el desarrollo social, educativo y económico del país, y que cualquier avance requiere acelerar las decisiones públicas.
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