El Decreto 0618 establece nuevas restricciones para las entidades del Presupuesto General de la Nación, que deberán fijar metas de ahorro, reducir gastos operativos y reportar semestralmente los resultados.
El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 0618 de 2026, mediante el cual estableció el Plan de Austeridad del Gasto que regirá durante la presente vigencia fiscal para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. La medida busca contener el gasto público, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales y fortalecer la sostenibilidad fiscal.
El decreto obliga a todas las entidades cobijadas por el Presupuesto General de la Nación a adoptar planes internos de austeridad con metas cuantificables de ahorro, mecanismos de seguimiento y reportes semestrales sobre los recortes y eficiencias alcanzadas.
Entre las principales medidas se encuentra la reducción del gasto en contratos de prestación de servicios. Las entidades deberán justificar previamente la necesidad de contratar personal externo y aplicar planes que generen ahorros frente al gasto ejecutado en la vigencia anterior, evitando duplicidades y optimizando los recursos.
La normativa también endurece las condiciones para el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje. Se establece la obligatoriedad de privilegiar reuniones y actividades virtuales, mientras que las comisiones con desplazamiento físico deberán demostrar expresamente su necesidad. Asimismo, los viajes aéreos deberán realizarse en las tarifas más económicas disponibles, salvo excepciones debidamente justificadas.
En materia de infraestructura y activos, el decreto ordena reducir los gastos de arrendamiento, restringe el cambio de sedes y limita la adquisición de bienes muebles e inmuebles a los casos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones misionales de las entidades. También prohíbe las adecuaciones consideradas suntuarias u ostentosas en edificios públicos.
La política de austeridad alcanza además la publicidad estatal. Las entidades deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad o propaganda destinados a promocionar la gestión del Gobierno y tendrán que priorizar medios digitales frente a materiales impresos. De igual forma, se restringe la adquisición de agendas, almanaques, pocillos, esferos, publicaciones impresas y otros elementos promocionales financiados con recursos públicos.
El decreto también prohíbe la financiación de regalos corporativos, souvenirs, recepciones, agasajos y celebraciones institucionales con cargo al presupuesto público, salvo algunas excepciones relacionadas con actividades protocolarias o de carácter internacional.
Como parte de las nuevas obligaciones, cada entidad deberá publicar su plan de austeridad en su página web, definir una meta de ahorro para 2026 y medir semestralmente los resultados. Las oficinas de control interno serán responsables de verificar los avances e incluirlos en sus informes de seguimiento y rendición de cuentas.
La expedición del plan ocurre en un contexto de estrechez fiscal y de crecientes presiones sobre las finanzas públicas, en momentos en que el Gobierno busca contener el gasto y avanzar en el cumplimiento de las metas de sostenibilidad fiscal.