La entidad reconoció decisiones de una corte canadiense y aprobó garantías por cerca de US$166 millones para respaldar financiación, operación y un eventual proceso de venta de activos de las compañías vinculadas a Canacol.
La Superintendencia de Sociedades reconoció decisiones adoptadas por la Corte de Alberta, Canadá, dentro del proceso de insolvencia transfronteriza de varias filiales de Canacol Energy en Colombia y autorizó la constitución de gravámenes prioritarios sobre activos ubicados en el país para respaldar la continuidad de sus operaciones.
La decisión fue adoptada durante audiencias realizadas entre el 19 y el 28 de mayo dentro del trámite de reconocimiento del procedimiento extranjero principal que involucra a Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia.
Según la entidad, se reconocieron íntegramente la tercera y cuarta providencia de ratificación y adición de la orden inicial emitidas por la Corte de Alberta, al considerar que las medidas adoptadas no son contrarias al orden público colombiano y se ajustan a los principios de cooperación judicial internacional que rigen los procesos de insolvencia transfronteriza.
Los gravámenes autorizados buscan respaldar la financiación posconcursal o DIP (Debtor in Possession), cubrir gastos de administración, honorarios profesionales, programas de retención de empleados estratégicos y apoyar un eventual proceso de venta e inversión de la compañía, conocido como SISP, orientado a maximizar el valor para los acreedores.
La SuperSociedades aclaró que estas garantías no implican pagos inmediatos ni una alteración arbitraria de la prelación de créditos existente, sino mecanismos destinados a preservar la empresa como negocio en marcha mientras avanza la reestructuración.
La entidad también verificó que las compañías vinculadas al proceso poseen activos por aproximadamente US$1.848 millones con corte a diciembre de 2025. Frente a ese monto, las obligaciones garantizadas, incluyendo la financiación DIP y los gravámenes autorizados, ascienden a cerca de US$166 millones, equivalentes al 9% de los activos.
La decisión se conoce en momentos en que el mercado energético sigue atento al futuro de Canacol, uno de los principales productores privados de gas del país. Naturgas ha advertido que una eventual suspensión de contratos podría afectar cerca del 7,5% de la demanda nacional de gas, en un contexto marcado por la creciente dependencia de las importaciones para cubrir el déficit de oferta local.
Para la SuperSociedades, las medidas aprobadas buscan precisamente garantizar la continuidad operativa de las empresas mientras se desarrolla el proceso de reestructuración y búsqueda de inversionistas.
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