El CARF advirtió que los rendimientos de los TES en pesos siguen aumentando y que la caja de la Nación permanece en niveles históricamente bajos, pese a la moderación reciente del gasto público.
El Gobierno volvió a enfrentar ayer martes un mercado más exigente para financiarse en pesos. El Ministerio de Hacienda adjudicó $631.500 millones en Títulos de Corto Plazo (TCO) con vencimiento en mayo de 2027 a una tasa de 13,9% efectiva anual, el nivel más alto registrado para esta referencia desde 2011.
La subasta, correspondiente a la emisión número 20 de TCO, reflejó el deterioro reciente en las condiciones de financiamiento de la Nación, en un contexto marcado por mayores tasas de interés, estrechez de liquidez y crecientes preocupaciones fiscales.
La tasa estuvo cerca del umbral del 14% y se suma al fuerte incremento observado en otros títulos de deuda pública local. De acuerdo con cifras del mercado, el Gobierno pasó de endeudarse en septiembre de 2025 a tasas cercanas al 11% en la referencia TES 2030 a niveles cercanas al 15% actualmente.
El encarecimiento del crédito para la Nación también quedó reflejado en el más reciente informe de seguimiento fiscal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advirtió que las tasas de rendimiento de los TES denominados en pesos aumentaron en promedio 19 puntos básicos durante abril.
Según el organismo, la mayoría de referencias de deuda local ya se negocian entre 13% y 14%, en medio de un entorno de financiamiento más restrictivo.
El CARF señaló además que, aunque el gasto primario muestra una moderación frente al año pasado, persisten señales de presión sobre la caja del Gobierno. La posición de liquidez de la Nación cerró abril en $9,8 billones, $2,6 billones menos que en marzo y todavía en niveles históricamente bajos.
El informe mostró que el déficit total acumulado a marzo se ubicó en 1,7% del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegó a 58,8% del PIB.
Aunque el recaudo tributario mantiene un crecimiento favorable, el reporte señala que el aumento sostenido de las tasas de interés implica mayores costos financieros para el Gobierno y complica el manejo fiscal en momentos en que el mercado exige una mayor prima de riesgo para mantener deuda colombiana.