Entender la gravedad de un fenómeno requiere el conocimiento integral de todas sus variables. En el caso de las criptomonedas y las movidas ilícitas que se gestan en torno a ellas, solo es viable conocer la información que se logra obtener en los procesos penales. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la criminalidad asociada a los activos digitales va en ascenso, lo que resulta ser una alerta no sólo para la Entidad, sino para el conglomerado de instituciones del Estado encargadas de regular la materia.



La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía realiza nueve indagaciones asociadas a posibles operaciones de blanqueo de capitales a través de criptoactivos, de acuerdo con datos compartidos con Forbes. Y es que las monedas digitales aparecen como un medio fácil, rápido y aparentemente no rastreable para realizar el pago de las maniobras ilícitas asociadas a delitos como narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas. 



Con este panorama surge la figura de ‘cambiador’, quien se dedica a cambiar el criptoactivo por dinero Fiat o moneda de curso legal. Lo que sucede es que el pago de la operación ilícita en cualquier lugar del mundo se realiza en una criptodivisa determinada, la cual queda confirmada entre una a dos horas después de realizada la transacción como máximo. Posteriormente, esa criptomoneda es intercambiada en el país que corresponda a la moneda de curso legal respectiva.



La Fiscalía reveló que se han detectado tipologías adicionales asociadas a operaciones criminales con monedas digitales. Además de los esquemas de robo de datos y extorsión, las estafas piramidales y los modelos de captación masiva y habitual de dinero, la institución hizo énfasis en los entramados asociados a la explotación de personas como otra área de preocupación.



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://cdn.forbes.co/2022/09/BUNKER_1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-153675" srcset="https://cdn.forbes.co/2022/09/BUNKER_1-1024x683.jpg 1024w, https://cdn.forbes.co/2022/09/BUNKER_1-300x200.jpg 300w, https://cdn.forbes.co/2022/09/BUNKER_1-768x512.jpg 768w, https://cdn.forbes.co/2022/09/BUNKER_1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Cortesía: Fiscalía General de la Nación</figcaption></figure>



Si bien las operaciones de criptoactivos se realizan a través de la red pública del blockchain para este caso, el uso o la fungibilidad de estos se encuentra en la dark web o red oscura. Es así como son utilizados como medio de pago para el consumo en sesiones privadas de pornografía (incluida la pornografía infantil), cuyo acceso solo es posible con determinados tokens o NFT (token no fungible).



Para tener éxito con su estrategia de judicialización para delitos cripto, la Fiscalía ha realizado mesas de trabajo con el sistema financiero local y con entidades del Estado, como la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), principal organismo de inteligencia en Colombia dedicado a esta rama.&nbsp;



Desde 2014 hasta 2021, la Uiaf ha recibido más de 1.370 reportes de operaciones sospechosas (ROS) con activos virtuales. Lo anterior llevó a que, el pasado 15 de diciembre, se expidiera la Resolución 314, que impone a los proveedores de servicios de activos virtuales (Psav) el envío de reportes de transacciones individuales y múltiples que se realicen sobre activos virtuales.



Esta resolución también obliga a los Psav a notificar operaciones arriba de US$450 al mes, así como reportes de operaciones sospechosas en todo aquello que consideren inusual o que levante sospechas de actividad, según explicó a Forbes el director de la Uiaf, Javier Gutiérrez.



A juicio del funcionario, esta es una de las tres acciones clave que se han desarrollado para crear una normativa que combata con mayor efectividad los delitos con criptoactivos en el país. Las otras dos son el ‘sandbox’ liderado por la Superfinanciera y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) del sector real de la Superintendencia de Sociedades, que también tiene una regulación y obligación de reporte para quienes sean proveedores de servicios de activos virtuales o trancen con ellos.



<blockquote class="wp-block-quote">&#8220;Si no sabes quién fue el originador de una transacción ilícita, tú puedes tener un código alfanumérico que sabes que ha sido el partícipe de esa transacción, pero no eres capaz de trasladarlo a una persona”<cite>juan redondo canovas del castillo, socio de bain &amp; company</cite></blockquote>



En la actualidad, aproximadamente 8.000 empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades están obligadas a cumplir el régimen de Sagrilaft. No obstante, la entidad reveló a Forbes que, de ese total de compañías, no es posible determinar el número de Psav que actualmente operan en Colombia. Esto se debe a que aún no existe un registro o licencia para su funcionamiento, ni tampoco un código CIIU específico de la actividad.



La Supersociedades tampoco cuenta con resultados en la medición de los riesgos de las actividades que realicen los Psav. Se dificulta identificar a los remitentes y destinatarios de los activos virtuales, el origen de los fondos y las características de las transacciones.



<h2 class="wp-block-heading">Las paradojas</h2>



A pesar de las dificultades ya mencionadas en materia de rastreo, algunos expertos detallan que una de las ventajas de la tecnología blockchain es que es perfectamente trazable.



“Realmente tú no puedes saber en manos de quién ha estado un peso anteriormente, pero sí puedes saber perfectamente, en una transferencia de bitcoin, quién fue el anterior, el anterior y el anterior origen de esa transacción. Por lo tanto, es cierto que es mucho más trazable y mucho más claro identificar el origen de esos fondos”, explicó a Forbes el asesor en activos digitales del Foro Económico Mundial y socio de Bain &amp; Company, Juan Redondo Canovas del Castillo. 



Para el experto, esta es una ventaja adicional conforme vaya habiendo más regulación. A su vez, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, resaltó la importancia de la misma al asegurar que la administración tributaria y todos los participantes de la economía colombiana tienen que aprender a trabajar con estas nuevas tecnologías.



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="682" src="https://cdn.forbes.co/2022/09/FACHADA_GRANDES_CONTRIBUYENTES-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-153676" srcset="https://cdn.forbes.co/2022/09/FACHADA_GRANDES_CONTRIBUYENTES-1024x682.jpg 1024w, https://cdn.forbes.co/2022/09/FACHADA_GRANDES_CONTRIBUYENTES-300x200.jpg 300w, https://cdn.forbes.co/2022/09/FACHADA_GRANDES_CONTRIBUYENTES-768x511.jpg 768w, https://cdn.forbes.co/2022/09/FACHADA_GRANDES_CONTRIBUYENTES.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Cortesía: DIAN</figcaption></figure>



“Hay que tener en cuenta que muchas veces los criptoactivos terminan siendo bastante más trazables que las transacciones en efectivo (…) En cada operación realizada con Bitcoin, queda públicamente registrado de qué billetera a qué billetera va, y esto permite seguirle el rastro Satoshi por Satoshi a cada una de las transacciones. Esto ya ha sido utilizado en distintas partes del mundo para rastrear actividades ilegales llevadas a cabo con criptomonedas”, comentó el directivo a Forbes.



Hay problemas cuando no se identifica la fuente de una transferencia ilegal, lo que suele ser común en otros criptoactivos diseñados para que las transacciones no sean trazables. Sin embargo, Reyes destacó que, en otros casos, puede ser una manera de fortalecer la vigilancia por parte de los reguladores y las entidades del Estado.



Frente a las alertas que la Dian ha identificado en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) con criptoactivos, la institución comentó que, de acuerdo con la consulta efectuada a la base de datos de reportes de operación sospechosa, donde reposan los casos de los contribuyentes que son objeto de perfilamiento y análisis de información tributaria, aduanera, cambiaria internacional (TACI), no se han identificado alertas con criptoactivos.



<blockquote class="wp-block-quote">&#8220;En cada operación realizada con Bitcoin, queda públicamente registrado de qué billetera a qué billetera va y esto permite seguirle el rastro Satoshi por Satoshi a cada una de las transacciones”<cite>luis carlos reyes, director de la dian</cite></blockquote>



No obstante, teniendo en cuenta que los proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a reportar a la Uiaf, cabe destacar que, a partir del 1 de julio, se cuenta con los insumos o señales de alerta vinculadas a operaciones de lavado de activos con referencia a criptoactivos, lo que permite a la Dian realizar el seguimiento.



Sin embargo, existen más obstáculos para dicha labor, ya sea desde la Dian o cualquier otra entidad involucrada. De acuerdo con Redondo, la inmediatez de las transacciones es el primer factor a considerar, ya que en escenarios tradicionales se cuenta con varios días para realizar operaciones anti lavado de dinero. En el caso de los criptoactivos, solo  hay segundos para revisar estos movimientos.



“Esto hace que la implementación de la normativa sea muy difícil, porque cuando un ciudadano colombiano recibe criptomonedas de un tercero que está en otro país, la ejecución es compleja”, sostuvo.



Si bien ya se desarrollan aplicaciones en el sector financiero a nivel global para rastrear el origen de los fondos involucrados en transacciones ilícitas de criptoactivos, los bancos tienen tres desafíos: de qué manera van a ser capaces de cumplir con el procedimiento que impongan nuevas normativas que todavía no están definidas, cómo van a ser capaces de hacerlo de una manera económica, y cómo lograrlo de una forma amigable con el usuario.



<h2 class="wp-block-heading" id="h-ventajas-de-la-regulacion">Ventajas de la regulación</h2>



“Si no sabes quién fue el originador de una transacción ilícita, puedes tener un código alfanumérico que sabes que ha sido el partícipe de esa transacción, pero no eres capaz de trasladarlo a una persona. Cuando la regulación apoye eso, cada vez se irá dando que esos wallets ya tengan una exigencia para saber quién está detrás de ellos y, con el paso del tiempo, se irá limpiando ese ecosistema”, detalló Redondo.



Para lograrlo, Gutiérrez detalló que desde la Uiaf “estamos haciendo un trabajo de entendimiento en el mercado de activos virtuales e interactuando con actores proveedores de estos servicios y con el sector financiero para entender el fenómeno y poner la normatividad que sea necesaria”.&nbsp;



Todo esto se da en consonancia con los riesgos identificados por el Grupo de Accion Financiera Internacional (Gafi), y en cumplimiento de la Recomendación 15 del organismo, que requiere que los Psav estén regulados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, deben estar autorizados, registrados, y sujetos a sistemas de monitoreo o supervisión a nivel global.



La Fiscalía reveló que trabaja en consolidar una guía metodológica que apunte a una estrategia de investigación y judicialización de las operaciones ilegales mediante criptoactivos. La táctica diseñada parte del entendimiento unificado del fenómeno entre la Superfinanciera, Supersociedades y Banco de la República. 



Seguido a esto, se establece un acápite con señales de alerta para identificar operaciones riesgosas originadas en Colombia y que utilizan criptoactivos para lavar dinero, producto del desarrollo de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas y otros de interés. Además de direccionar las investigaciones ya abiertas, esto permitiría la generación de un mayor número de iniciativas investigativas asociadas a la temática.



<a href="https://editorial.forbes.co/2022/08/09/criptomonedas/operaciones-ilicitas-asi-es-el-lado-oscuro-que-esconden-las-criptomonedas/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lea aquí la primera entrega de la investigación</a>



El Ministerio de Justicia también tiene una estrategia de regulación. El exjefe de la cartera, Wilson Ruiz, reveló a Forbes que desarrolló un proyecto para fortalecer supervisores con enfoque de riesgo, con el fin de mejorar la vigilancia a los sujetos obligados de los diferentes sectores de la economía. 



Esto va en línea con los pactos de supervisores que la Uiaf puso en marcha en 2019 como un instrumento de coordinación, articulación y cooperación, para identificar las debilidades de los sistemas de administración de riesgos y reforzar sus estructuras.



“Conocemos que este tema es parte de la nueva realidad económica del mundo y Colombia no es ajena. En materia antilavado se han desarrollado elementos normativos y política pública para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dándole cumplimiento así a las recomendaciones internacionales del Gafi”, añadió Ruiz.



De ahí que la Uiaf estableciera la necesidad de extremar controles más eficaces sobre el origen y destino de los recursos involucrados en esas operaciones. Esto adquiere sentido si se tiene en cuenta que, en los últimos cuatro años, la entidad detectó $50,8 billones en operaciones sospechosas de lavado de activos, pero aún no se puede establecer cuántos activos virtuales hay.



“A nivel mundial todavía falta mucho camino para entender ese mercado y para tener la tecnología necesaria. Hemos dado pasos para lograrlo en cooperación con organismos internacionales de países mucho más avanzados. También estamos realizando casos conjuntamente para detectar posibles operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo a través de activos virtuales. Esa colaboración nos está llevando a aumentar el conocimiento en esta materia para ser más efectivos”, añadió Gutiérrez.



Las plataformas ya toman con mayor seriedad la implementación de políticas para verificar la identidad de los clientes y de aquellos que participan en el mercado cripto. Así es posible pensar en maneras para interactuar desde la regulación y las instituciones de una manera responsable con estas tecnologías y con las finanzas descentralizadas. No obstante, aún hace falta entender qué puede aprender Colombia de los avances que se han hecho en materia internacional.



*Espere la última entrega de esta investigación en la próxima edición impresa de Forbes Colombia.



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Criptomonedas

Así ha avanzado la lucha contra los delitos cometidos con criptomonedas en Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno colombiano, en cooperación con las administraciones de Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá, realizarán una ofensiva contra grupos multicrímen en las zonas de frontera, con el fin de contrarrestar las acciones de narcotráfico en cada país.



&#8220;Estos son procesos criminales internacionales. De ahí la importancia de que no solo Colombia, con la Seguridad Humana, con la inversión social y el despliegue militar y policial en el territorio, tengamos resultados satisfactorios, sino que se hace indispensable la colaboración internacional”, aseveró el ministro del Interior y vocero oficial del gobierno, Alfonso Prada.



Para avanzar en este plan, el gobierno estableció contacto con los países en la frontera, que a su vez estará centralizado en los Ministros de Defensa, de los comandantes de fuerza y con los comandantes regionales de cada uno de los sectores en la frontera.



Asimismo, como una de las primeras acciones de esta estrategia, Prada detalló que las Fuerzas Militares van a desplegar seis pelotones con 400 soldados y oficiales para reforzar la seguridad en la región fronteriza del sur del país. Unido a ello, se harán cortes de cuentas cada tres meses sobre los resultados de la operatividad con la participación de las autoridades de los países vecinos.



Como resultado de las operaciones en esta región, se han capturado más de 130 personas, precisamente en el Putumayo. Además, se han desmontado cerca de 720 laboratorios de droga.



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El Gobierno contraataca: Petro anuncia ofensiva contra grupos multicrímen en zonas de frontera

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