Por: Elizabeth Martínez de Marcano, gerente para la Región Andina en IFC.



El desarrollo sostenible e incluyente requiere del talento femenino para dar pie a la innovación y estimular el crecimiento. Las mujeres, sin embargo, enfrentan numerosos obstáculos para participar. Según el informe Mujeres, empresas y derecho del Grupo Banco Mundial (2020), las mujeres tienen en promedio sólo las tres cuartas partes de los derechos legales otorgados a los hombres. Si las mujeres pudieran obtener los mismos ingresos que los hombres a lo largo de su vida, la riqueza global podría incrementarse 172.3 billones de dólares -un promedio de 24.586 dólares por persona- en 141 países estudiados por el Banco Mundial.



El futuro luce desafiante. La crisis generada por covid-19 representa una amenaza para la igualdad de género, pues ha disparado el desempleo, la violencia doméstica y la deserción escolar, todos factores que impactan particularmente a las mujeres. Las tasas de pérdida de empleo femenino como resultado de la pandemia son aproximadamente 1.8 veces más altas que las tasas de pérdida de empleo masculino. Las empresas propiedad de mujeres tienen 7 % más de probabilidades de cerrar sus negocios que las empresas propiedad de hombres, puesto que están concentradas en los sectores más afectados por las restricciones de salud pública (comercio minorista, hostelería, alimentos, confección).



El acceso a servicios financieros y no financieros es una barrera a vencer. Esto es especialmente notorio en Colombia. El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), iniciativa concebida por el Babson College y la London Business School, colocó al país en primer lugar entre las economías latinoamericanas respecto a intenciones emprendedoras femeninas con una proporción de 49,4 % frente a un promedio regional de 32,3 %. No obstante, de acuerdo con datos del Msme Finance Gap 2019, el 30 % de las microempresas y pyme propiedad de mujeres en Colombia reportan restricciones crediticias, lo que representa una brecha financiera formal de 5.400 millones de dólares. Más aun, el 14,6 % de las emprendedoras colombianas abandonan sus actividades comerciales por falta de financiación.



Para la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial orientado al desarrollo del sector privado en países emergentes, la promoción de iniciativas con enfoque de género en Colombia es una prioridad. El año pasado, IFC lanzó el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para Mipymes en Tiempos de Crisis con el fin de desarrollar la capacidad de sus clientes para enfrentar la pandemia. El 25 % de esas mipymes son dirigidas o propiedad de mujeres.



En el marco de la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (The Women Entrepreneurs Finance Initiative, We-Fi), IFC y Bancamía firmaron un acuerdo para fortalecer la oferta de productos y servicios financieros a los migrantes venezolanos con el objetivo de ayudarlos a integrarse con éxito al país. La mitad de las nuevas cuentas de ahorro que se deriven del proyecto serán destinadas a mujeres.



En colaboración con Banca de las Oportunidades y Banco Caja Social, IFC desarrolla un programa para promover la inclusión financiera a mipymes bajo un esquema respaldado por el Registro de Garantías Mobiliarias existente en Colombia. Al menos 25 % de los fondos colocados serán destinados a empresas lideradas por emprendedoras.



Para promover el crecimiento, la innovación y reducir la pobreza, debemos cerrar las brechas de género en emprendimiento. Falta mucho camino por recorrer, pero soy optimista: vamos en la dirección correcta

Elizabeth Martínez

Emprendedoras: el motor para la recuperación

Por ofrecer el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test, la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló pliego de cargos en contra de la modelo colombiana Elizabeth Loaiza, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor.



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De acuerdo con la entidad, esta actividad de promoción se adelantaba a través de sus redes sociales, en donde además aseguró que dichos productos contaban con el Registro Sanitario expedido por el Invima y que podían adquirirlo únicamente las gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas.



Al parecer, estas condiciones objetivas no se ajustan a la realidad, lo cual podría constituir publicidad engañosa y por tanto una vulneración a lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor.



El regulador también imputó cargos por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Superintendencia, pues Loaiza no allegó información solicitada el 15 de abril de 2020.



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La Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio informó que hizo un monitoreo de medios, en donde encontró la publicación realizada por la reconocida modelo e influenciadora Elizabeth Loaiza en su cuenta de Instagram (@elizabethloaiza), en la que ofrecía el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, evidenciándose que se trataba de un producto al que se le atribuían bondades relacionadas con la detección rápida del “coronavirus”.



El 15 de abril procedió a requerir a la empresaria con el fin de obtener información sobre el origen del producto y los beneficios atribuidos al mismo, así como de la publicidad utilizada para ofrecerlo. “La señora Loaiza desatendió estos requerimientos”, dijo la SIC.



La SIC dijo que conoció la alerta sanitaria expedida por el Invima,en la cual, además de advertir que las pruebas rápidas para detección del Covid-19 no son de venta libre, incluyó un listado de pruebas que se ofrecen en el mercado nacional sin contar con autorización otorgada por esta autoridad sanitaria, dentro de las cuales se encontraba el producto ofrecido en la publicidad realizada por Loaiza.&nbsp;



“En consecuencia, se solicitó información en relación con la publicación mencionada al Invima la cual confirmó a esta Autoridad que el producto mostrado en la publicidad de la cuenta de instagram (@elizabethloaiza), no contaba con registro sanitario, ni autorización de importación para su comercialización”, explicó la entidad.



Contra esta apertura de investigación no proceden recursos. De confirmarse la violación a las normas señaladas, la SIC podría imponerle multas hasta por 2.000 salarios mínimos.

Elizabeth Loaiza 1280x720 Instagram

Alerta influenciadores: SIC investiga a Elizabeth Loaiza por publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de Autoridad Nacional de Protección al consumidor, impuso una multa de $136.278.900 en contra de la modelo Elizabeth Loaiza por incumplir las normas que regulan las condiciones objetivas de la publicidad al transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así, publicidad engañosa.



La entidad explicó que la decisión se adoptó luego de adelantar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se demostró queLoaiza emitió una publicidad que pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a ser protegidos contra la publicidad engañosa, toda vez que ésta publicó en la red social Instagram el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, aseverando que este contaba con registro sanitario en Colombia y que su venta solo se realizaría a gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas; sin embargo y teniendo en cuenta los informes requeridos por esta Autoridad al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), se pudo comprobar que dichas afirmaciones objetivas no eran ciertas.



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La publicación objeto de investigación que se anunció en su cuenta de Instagram y promocionaba el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, fue la siguiente:



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://www.sic.gov.co/sites/default/files/images/--.png" alt=""/></figure>



Al respecto esta Autoridad pudo comprobar, que la comercialización del producto no se restringía a ventas institucionales como se afirmó en la publicidad, pues tal como se evidenció del informe remitido por el Invima, la persona encargada de atender la línea telefónica no advirtió ni exigió documentación alguna que acreditara al comprador como representante de alguna autoridad o institución de salud, sino que limitó la restricción al número mínimo de unidades a adquirir, dejando abierta la posibilidad de vender número inferior a las señaladas en la publicidad. 



Así mismo, la Superintendencia consideró que el canal de difusión de la mencionada publicidad no era restrictivo ni se constituía en un canal exclusivo para el ofrecimiento de productos dirigidos a entidades de salud, sino que por el contrario, en dicha red social, confluyen un número importante de seguidores, que tuvieron acceso a la publicidad emitida, en un momento álgido por la existencia de una pandemia mundial y en el cual, cualquier consumidor al ver la publicación, pudo verse motivado a acceder a dicho producto y contactar al número telefónico expuesto para obtener información y adoptar una decisión razonable de consumo.



De otro lado, y frente a la afirmación de que el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test” contaba con los requisitos sanitarios, específicamente con el registro Invima, se demostró de manera irrefutable que para la fecha del anuncio publicitario, la comercialización de dichas pruebas para la detección rápida del coronavirus COVID – 19 incumplía la normatividad sanitaria, toda vez que según lo reportado por la Dirección de Dispositivo Médicos y Otras Tecnologías y la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE de la Dirección de Operaciones Sanitarias Invima, el referido producto no contaba con la respectiva autorización para su importación y distribución de acuerdo a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente .



Finalmente, esta Entidad advirtió que las obligaciones que deben observarse en desarrollo de la actividad publicitaria se encuentran establecidas en la normatividad colombiana de manera suficientemente amplia y comprensiva. En efecto, el Estatuto del Consumidor contiene disposiciones que protegen contra la publicidad engañosa, indistintamente del medio de comunicación que se utilice para emitir el mensaje y en consecuencia, las mismas resultan compatibles y aplicables a la actividad publicitaria que se realice en el entorno digital.



Contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante quien profirió la decisión y/o el de apelación ante la Delegada Para la Protección del Consumidor.

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