En medio de una de las peores crisis económicas y sociales que ha enfrentado Colombia por la pandemia, la necesidad de recursos ha salido a flote y el país se alista para discutir y aprobar una nueva reforma tributaria en lo que resta de año. Controlar la evasión y ser competitivo frente a paraísos fiscales son factores que no se deben olvidar en la discusión.



<h2 id="h-las-cuentas-de-la-dian">Las cuentas de la Dian</h2>



Al año el país pierde más de $40 billones por evasión de IVA y renta de empresas, según previsiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, esta cifra sería mucho mayor, pues según le dijo la entidad a Forbes, esta “no cuenta con una estimación de la evasión de personas naturales”.



En el último año la evasión del IVA fue de $20,7 billones y la de renta de personas jurídicas llegó a $21,6 billones, expuso la Dian al asegurar que dichos cálculos se realizan con base en datos macroeconómicos agregados derivados de las Cuentas Nacionales del Dane y las cifras de recaudo del impuesto correspondiente.



Los $42,3 billones que deja de recibir el país por evasión de impuestos por parte de las empresas al año es el equivalente al recaudo de casi tres reformas tributarias. Esto, teniendo en cuenta que la nueva reforma busca recaudar al menos $15 billones. Sin embargo, en promedio una reforma recauda alrededor de $8 billones. Dada la magnitud de esas cifras se insiste en fortalecer los ‘dientes’ de la Dian para mayor fiscalización.



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De acuerdo con la entidad, en 2017 la tasa de evasión en IVA de personas jurídicas era de 20,2 % y en lo proyectado a 2019 esta habría sido de 23,2 %, mientras que en renta de empresas la tasa era de 37,8 % en 2015 y en lo proyectado para 2018 se estima que fue de 33,8 %.



Sobre las principales modalidades de evasión en Colombia, aunque sin el monto desagregado con el que participa cada una de estas en la cifra total, la Dian dijo que son seis: ocultar ingresos o aumentar gastos; incluir deducciones o gastos ficticios al momento de presentar las declaraciones; disminuir los ingresos de forma deliberada con el fin de reducir la base gravable de los impuestos; vender activos y no incluirlos como ingresos extraordinarios sino como ingresos operativos; no reportar o manipular la información exógena y crear empresas en paraísos fiscales.



Pese a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2021, presentado en junio pasado, no se detalla una estimación de lo que pierde el país en total al año por evasión de impuestos, en el documento del Mfmp presentado en 2019 se exponía que la evasión tributaria “se estima en niveles cercanos al 30 % del recaudo total”.



Si esas estimaciones continúan vigentes, estos serían los recursos perdidos por la evasión en Colombia en los últimos años: $43,2 billones en 2018, $47,4 billones en 2019 y $43,8 billones en la crisis de 2020, si se tiene en cuenta que en esos años el recaudo total fue de $144,4 billones, $157,9 billones y $146,2 billones, respectivamente. Para 2021, la cifra sería de $48,3 billones si se cumple la meta de recaudo total de $161,2 billones que tiene la Dirección de Impuestos.



Aunque Forbes le preguntó a la Dian qué tanto del monto de evasión en Colombia podría dirigirse a paraísos fiscales, la entidad no respondió al detalle dicha información. Sin embargo, explicó qué países o territorios son considerados paraíso fiscal.



Los lugares clasificados como no cooperantes o de baja o nula imposición por parte de Colombia son 37 en total. Algunos de estos son: Qatar, Hong Kong, Trinidad y Tobago, Macao, Yemen, Líbano, Kuwait, Bahamas, Maldivas y Cabo Verde. Entre el listado no se encuentra a Panamá, uno de los países involucrados recientemente en un escándalo de paraísos fiscales.



Hay que tener presente que entre las razones por las que se consideran dichos territorios como paraísos fiscales según el Estatuto Tributario de Colombia está: “inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten, y falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo”.



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<h2 id="h-las-expectativas-de-la-dian">Las expectativas de la Dian</h2>



Dado el contexto, la entidad se enfrenta a un proceso de modernización que, junto a la plena implementación de la factura electrónica desde 2020, se espera que a partir de 2021 se empiecen a evidenciar de manera gradual las ganancias de recaudo derivadas de estas políticas. Dicho efecto se presentará de forma progresiva hasta 2023.



Así, las ganancias de recaudo derivadas de las políticas de fiscalización de la Dian ascienden a 0,3 % del PIB en 2021, 0,8 % en 2022 y 1,4 % a partir de 2023. En pesos, dichos porcentajes representarían alrededor de $3 billones, $8 billones y $14 billones, respectivamente.



“Aún sin incorporar plenamente el efecto de la modernización, la Dian ha reportado resultados favorables de gestión de recaudo, y en 2020 alcanzó la cifra histórica de $20,8 billones ($13 billones por gestión de cobro y $7,8 billones por fiscalización)”, dijo la entidad al añadir que, en lo corrido de este año hasta mayo, la administración tributaria ha recaudado $6,5 billones por gestión de cobro y $4,6 billones por fiscalización.



<h2 id="h-qu-hacer">¿Qué hacer?</h2>



Javier Mejía, PhD en economía y profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, asegura que el mejor promotor de la tributación es un sistema de recaudo sencillo con tasas bajas. “Por un lado, reduce los costos de recaudo fomentando el cumplimiento, y por el otro, reduce costos de supervisión, lo cual hace más difícil la evasión”.



El experto añade que, como medidas complementarias, podrían aumentarse los recursos financieros y humanos asignados a los departamentos de impuestos. “En Colombia, puntualmente, uno de los mayores retos está en procurar que sectores informales y rurales paguen más. Enfrentar este reto exige innovación. Algo que ha resultado importante en ese esfuerzo ha sido, por ejemplo, la progresiva bancarización de la población colombiana”, comenta.



Por su parte Lina Ortiz, abogada consultora en impuestos, expresa que es necesario establecer definiciones, parámetros y procedimientos claros para que la administración pueda aplicar las medidas existentes. Añade que “actualmente el problema es llevar a la realidad las normas ya dispuestas en la materia, puesto que existe incertidumbre en los contribuyentes y, parece ser, que en la administración también”.



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Sobre los paraísos fiscales, Mejía dice que existe una visión tradicional legalista a la hora de pensar el problema de dichos territorios. “Esta, básicamente, piensa que aprovechar la existencia de lugares con baja tributación viola una suerte de derecho natural que ciertos territorios tienen a una fracción de la riqueza generada por sus ciudadanos. Yo, personalmente, creo que en un mundo globalizado esa visión tiene poco sentido”.



Para el experto, una solución definitiva a los paraísos fiscales requeriría un cambio completo en la gobernanza mundial. No obstante, asegura que las alternativas que tienen países pequeños como Colombia para luchar contra la evasión en paraísos fiscales son realmente pocas. “Quizá la más efectiva sería el fortalecer acuerdos bilaterales de intercambio de información, lo cual exige gran voluntad política y destreza diplomática”.



Según Lina Ortiz, los paraísos fiscales pueden generar inequidades y afectar la sana competencia comercial, lo que incrementa la sensación de injusticia entre los contribuyentes. “Es de gran complejidad lograr desincentivar los paraísos fiscales dada la soberanía de esas jurisdicciones. Sin embargo, esto será posible en la medida en que el efecto en la imposición para el contribuyente sea el mismo y se logren mayores intercambios automáticos de información”.



Por su parte, Liliana Heredia, profesora del departamento de contabilidad y finanzas de la Javeriana de Cali, y experta en temas tributarios, recuerda que es necesario insistir en que los inversionistas no se van de un territorio solo por temas tributarios, sino que la competitividad, la seguridad, la estabilidad jurídica, entre otros, son variables tanto o más importantes que los tributos al elegir dónde invertir el capital.



Desde la visión de Mejía, Colombia debe hacerles la vida más sencilla a las empresas. “Un aspecto importante de esto es, en efecto, tener un sistema tributario más competitivo, lo cual no solo implica menores tasas impositivas para las firmas, sino además una estructura de recaudo más sencilla y mejor alineada con los estándares internacionales. Más importante, sin embargo, es ofrecer garantías de estabilidad jurídica de largo plazo”.



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Mejía complementó su idea diciendo que “las protestas recientes han hecho claro que las empresas están bastante desprotegidas ante diferentes tipos de iniciativas políticas. Consolidar un marco institucional en el que las empresas pueden desarrollar sus actividades sin temor a ser expropiadas o vandalizadas es indispensable para fomentar la inversión. Esto requiere compromisos de las diferentes fuerzas políticas del país”.



Por último, Ortiz indica que, más allá de tarifas en los impuestos, entre las cosas en las que debe trabajar Colombia está mejorar la estabilidad jurídica y mejorar el diseño del sistema tributario, sobre todo para ser más atractiva y minimizar los riesgos de que los capitales se vayan a paraísos fiscales, o que las empresas dejen de invertir en el país. “Las empresas necesitan poder hacer proyecciones financieras que les permitan desarrollar sus negocios de manera estable”.

Foto: Diana Rey Melo / Forbes Colombia.

Paraísos fiscales y evasión: el billonario hueco en Colombia

Los países de la Unión Europea sacaron este martes de su &#8220;lista negra&#8221; de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica, un recorte que ha hecho arreciar aún más las críticas contra este repertorio por llegar en pleno escándalo de los Papeles de Pandora, que revelan el uso de estos refugios tributarios por parte de la élite mundial.&nbsp;



La investigación destapada el domingo ha reabierto el debate sobre las normas europeas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, que se reforzaron tras los Papeles de Panamá en 2016, y ha llevado a eurodiputados de todo el arco político y ONG a pedir más dureza contra unas actividades que cada año privan a las arcas públicas de millones de euros en impuestos.



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Pese a ello, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete aprobaron hoy un cambio que deja la &#8220;lista negra&#8221; en nueve países: Panamá, Samoa Americana, las islas Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.



Seychelles, Anguila y Dominica figuran ahora en la lista &#8220;gris&#8221; de países que se han comprometido a adoptar reformas.



&#8220;El Consejo decidió hoy transferir de la lista negra a la gris a tres países. La razón es que se comprometieron con lo que les pedíamos: garantizar que no solo las empresas, sino también las sociedades colectivas, demuestren tener una actividad real, y se comprometieron a aplicar legislación en ese sentido&#8220;, declaró el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.



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El político se expresó así en la rueda de prensa posterior a la reunión de titulares económicos de la UE en Luxemburgo.



Aseguró que revelaciones como las de los Papeles de Pandora son &#8220;una especie de propulsor para iniciativas&#8221; políticas de la Eurocámara y la Comisión Europea.



En ese sentido, recordó que el Ejecutivo comunitario presentará antes de fin de año una propuesta legislativa sobre las empresas fantasma. Insistió en que con su lista la UE busca usar su &#8220;influencia&#8221; para promover cambios en los países.



&#8220;¿Está esto funcionando como debería? Bueno, por supuesto, no por completo porque todos sabemos que la elusión de impuestos, los paraísos fiscales, siempre están buscando y encontrando nuevos caminos. Pero, en principio, creo que este es el camino que debemos seguir, hacer presión y utilizar la influencia para provocar cambios&#8221;, admitió Gentiloni.



Reconoció, sin embargo, que los criterios para elaborar la lista &#8220;podrían debatirse&#8221;. &#8220;Si se pudiera aprobar una legislación más estricta, estaría siempre a favor&#8221;, constató.



Aunque la actualización del listado estaba programada, puesto que la lista se revisa cada seis meses, coincide con la filtración desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que muestra cómo políticos, millonarios, famosos y delincuentes usaron una maraña de fideicomisos y sociedades pantalla en territorios como Panamá, Bahamas, Andorra, Dakota del Sur en EE.UU. y las propias Seychelles, entre otros. 



Estos y otros territorios considerados paraísos fiscales se caracterizan por una regulación opaca que dificulta saber quién está realmente detrás de las empresas y facilita escapar al fisco. Y, si bien la creación de sociedades &#8220;offshore&#8221; no es ilegal, con frecuencia se utilizan para eludir el pago de impuestos.&nbsp;



<h2 id="h-algunas-de-las-cr-ticas">Algunas de las críticas  </h2>



&#8220;Algunos de los paraísos fiscales con peor fama del mundo ni siquiera están en la lista de la UE y los ministros de Finanzas van a dejar fuera todavía a más&#8221;, criticó la eurodiputada socialista Aurore Lalucq, redactora de un informe que votará mañana la Eurocámara para pedir más medidas contra las malas prácticas tributarias.



El portavoz económico del Partido Popular en la Eurocámara, Markus Ferber, criticó en un comunicado que la lista &#8220;no tiene garra&#8221; y que &#8220;aguarla aún más&#8221; esta semana &#8220;envía la señal equivocada&#8221;.&nbsp;



&#8220;El mundo al revés: los Papeles de Pandora requieren una respuesta decidida de Europa contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales global. En lugar de eso, los ministros de Finanzas están recortando la lista de la UE de paraísos fiscales y haciéndola todavía más ineficaz&#8220;, denunció en Twitter el eurodiputado de los Verdes Sven Giegold.  



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Desde que se puso en marcha en 2017, esta lista negra ha sido criticada por no incluir a los países de la UE ni contener sanciones para los paraísos fiscales, más allá de prohibir el tránsito de fondos comunitarios a través de empresas con sede en estos territorios.



El informe que votará este miércoles la Eurocámara, sin embargo, pide adoptar sanciones para los países en la lista e incluir entre los criterios que se evalúan si las jurisdicciones tienen regímenes fiscales diseñados para atraer a ricos.&nbsp;



La ONG Oxfam, por su parte, criticó que Seychelles salga de la lista pese a ser uno de los destinos más mencionados en los Papeles de Pandora y abogó por introducir un criterio que obligue a revelar al beneficiario real de las empresas.



Al margen de la lista comunitaria, Gentiloni dijo que confía en que este mes se pueda cerrar el acuerdo internacional sobre la fiscalidad global en la OCDE y el G20.



Los ministros aprobaron el plan de recuperación de Malta, con lo que ya son diecinueve los países que han recibido el visto bueno definitivo del club comunitario y pueden acceder al dinero del fondo de reconstrucción. 



Publicado por EFE

Unión Europea. Foto: EFE.

Pese a Papeles de Pandora, Unión Europea saca de la lista negra a 3 paraísos fiscales

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