Un nuevo contrato social para una nueva era

Elocuentes voces de líderes globales del Foro Económico Mundial (WEF),  de las Naciones Unidas y del mundo empresarial urgen a escribir y avanzar hacia un nuevo contrato social entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Esta urgencia se enmarca en la necesidad de oponernos al autoritarismo de líderes elegidos democráticamente, pero también de tomar consciencia y asumir de que quizás “hay mucho que no hemos hecho bien y ahora estamos pagando”.

Por un lado, nos encontramos en la imperiosa necesidad de cooperar y ser solidarios. Tenemos introyectado el mensaje la OMS de que ningún humano estará a salvo, hasta que todo el mundo esté a salvo. Por otro lado, las medidas para controlar el Covid-19 han hecho que las personas acepten restricciones a su libertad, y que seamos testigos de cómo las comunidades humanas alrededor del mundo se han visto castigadas por la desocialización. Las medidas de toque de queda y confinamiento del coronavirus incluyen la prohibición del contacto y el distanciamiento social, los obstáculos a la comunicación y la distorsión de los hechos y de información, la desconfiguración de las realidades, y la fractura de lazos sociales ha hecho que el espacio público esté vacío.

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El contrato social, al menos en filosofía política y psicología moral, es un acuerdo entre los ciudadanos y los gobernantes en donde se definen las obligaciones y derechos de cada uno. Las primeras teorías del contrato social fueron asociadas a los filósofos ingleses Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke (1632-1704) en donde básicamente se presenta un entendimiento que tanto la sociedad como el Estado son resultado de una creación humana voluntaria y deliberada, y no emergen de manera natural.

Posteriormente el filósofo, pedagogo, botánico y músico Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), quien, con sus ideas políticas sobre la vida en sociedad, la igualdad y la libertad incitó a la toma de la Bastilla, punto inicial de la Revolución Francesa, escribió la obra “El contrato social”, publicada en 1762. 

Las teorías sobre el contrato social de los siglos XVII y XVIII buscaban delimitar y justificar la autoridad política basada en el interés por sí mismo y el consentimiento racional. Además, identificaban las condiciones bajo las cuales los gobiernos son útiles y porqué entonces deberían ser libremente aceptados por todas las personas racionales como una obligación voluntaria. Algunas de estas condiciones son acordar la protección mutua a cambio de las libertades individuales.

En el contrato social de Rousseau se hace una conceptualización inicial sobre la sociedad civil, como la relación igualitaria y libre entre los individuos y el Estado, en donde el bien común es consecuencia de la suma de voluntades individuales que libre y colectivamente deciden un fin común. Por esta razón la existencia del Estado se justifica, debido a que se asume que los gobiernos legítimos se guían por la voluntad colectiva en búsqueda del bien común. Hay quienes afirman que hasta el siglo XIX no había una delimitación clara entre la sociedad civil y el Estado, y tampoco la había entre la sociedad civil y el mercado.

El 18 julio del 2020, en el día internacional de Nelson Mandela, António Guterres, secretario de las Naciones Unidas, enfáticamente invocó a un nuevo contrato social: “La respuesta a la pandemia, y al descontento generalizado que la precedió, debe basarse en un Nuevo Contrato Social y un Nuevo Acuerdo Global que creen igualdad de oportunidades para todos y respeten los derechos y libertades de todos”.

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Los impactos del enemigo invisible, del confinamiento y de la crisis política, social, psicológica y económica de la pandemia no han sido iguales.  Además, la pandemia nos ha mostrado la necesidad de descifrar una nueva interpretación de lo que es hoy bienestar y de unirnos al planteamiento de un nuevo acuerdo social que refleje las nuevas realidades para construir futuros mejores.

Guterres lo expresa de esta manera; “El nuevo contrato social, entre los gobiernos, las personas, la sociedad civil y las empresas, entre otros, debe integrar el empleo, el desarrollo sostenible y la protección social, basándose en la igualdad de derechos y oportunidades para todos”.

Entre las propuestas para un nuevo contrato social están: admitir que nuestro modelo social y económico tiene debilidades; fundamentar el acuerdo en la formación de confianza, legitimidad y consentimiento; la cooperación social basada en la cooperación voluntaria de los diferentes grupos de interés, más que en una legislación; el intercambio de la estabilidad política por derechos políticos y socioeconómicos;  la comprensión de las normas y expectativas de cada una de las partes, tener voz para cambiar o establecer normas, y tener la capacidad de salir del contrato; un enfoque y una narrativa centrada en la dignidad del ser humano, la recuperación y la resiliencia; que promueva la acción y que comparta una visión común de prosperidad para las personas, las empresas y los países; y una carta de navegación hacia una ambiciosa transición justa, baja en emisiones de carbono, e incluyente teniendo como norte el desarrollo sostenible.  

Contacto
LinkedIn: María Alejandra Gonzalez-Perez
Twitter:@alegp1
*La autora es profesora titular de la universidad Eafit. Es presidente para América Latina y El Caribe de la Academia de Negocios Internacionales (AIB). PhD en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda.