Mientras la innovación fintech en Colombia corre, los marcos legales que regulan su actividad gatean, desincentivando así el emprendimiento, la innovación y la inclusión financiera.

Hace 10 años pedir un crédito en Colombia era una pequeña travesía. Madrugar, coger un bus, hacer una fila, esperar que abriera la oficina, tomar un turno, tomar un tinto, esperar un poco más y sortear los papeleos, daba lugar a una experiencia lenta, desgastante e inflexible, resumida en una afirmación tan común como frustrante: “perdí la mañana en el banco”. 

Con el paso del tiempo, y la aparición de tecnologías disruptivas e innovadoras en el sector financiero, ese escenario ha venido cambiando. En el país hoy es posible abrir una cuenta bancaria, hacer transferencias, hacer inversiones, recibir asesoría, y por supuesto, pedir un crédito, sin necesidad de salir de casa, gastar dinero y perder en el proceso tanto el tiempo como la paciencia. 

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Sin embargo, las compañías fintech que lideran esta carrera de digitalización de los servicios financieros enfrentan un gran problema: hay un desfase entre la velocidad a la que avanza la innovación y la velocidad con la que se legisla y se regula, ocasionando choques, desconexiones y distanciamiento entre estas compañías y los entes reguladores. 

Mientras el ecosistema fintech se expande, avanza y opera pensando en el futuro, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio siguen en deuda en su capacidad de interpretar estos nuevos modelos de negocio, que deben convivir con un marco legal anticuado y propenso a frenar la innovación en servicios financieros en lugar de promoverla.

Es cierto que en el país ha habido avances en regulación para iniciativas de crowdfunding y criptoactivos, que existe la figura del sandbox regulatorio y que el Proyecto de Ley 197 de 2020, que actualmente cursa en el Congreso de la República, plantea aproximaciones novedosas y acertadas para la innovación en servicios y productos financieros en Colombia.

Pero hasta que ese proyecto sea sancionado, y las interpretaciones se adapten a los nuevos modelos de negocio, los vacíos legislativos y normativos van a persistir, dando lugar a zonas grises que impiden dar pasos más grandes y contundentes en materia de emprendimiento, innovación e inclusión financiera.

Un ejemplo claro es el del cobro por el uso de plataformas tecnológicas, cuya interpretación sigue siendo incongruente y poco adecuada. En lugar de entender la tecnología como un elemento complementario a la solicitud de crédito, que representa un valor agregado para la experiencia del usuario, en algunos casos se entiende como un cobro relacionado a los intereses, cuando en la práctica se trata de cosas totalmente distintas.

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Esa imposibilidad de cobrar por el uso de una plataforma tecnológica tiene al menos dos consecuencias demoledoras. Por un lado, es una zancadilla al desarrollo de productos y servicios financieros digitales, lo cual desincentiva la actividad de las compañías fintech, que son jugadores fundamentales en términos de emprendimiento e innovación en el sistema financiero colombiano.

Y por otro, pone en duda la capacidad de los entes reguladores de adaptarse al cambio, lo cual es preocupante teniendo en cuenta el ritmo al que avanzan distintos sectores, que pretenden crear mejores experiencias para los usuarios a través del uso de aplicaciones y otras plataformas tecnológicas.

En ese sentido, seguir entendiendo la regulación de la banca a partir de las dinámicas de las entidades financieras tradicionales, y no de las fintech disruptivas, es como seguir pensando la movilidad en el contexto de las busetas, las telecomunicaciones desde el teléfono fijo o el turismo exclusivamente desde los hoteles. Todos ellos se están transformando. Y la regulación debe seguirles el ritmo.

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LinkedIn: Tarek El Sherif
*El autor es cofundador y CEO de Zinobe, fintech colombiana enfocada en impulsar la inclusión financiera en el país, ampliando el acceso a servicios financieros 100 % digitales.

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