Con la reactivación económica se ha generado un 'boom' de la construcción, que permite no solo poner a andar el sector, sino también avanzar en calidad de vida y bienestar social. ¿Cómo ha aprovechado esto Colombia?
La inversión en infraestructura, especialmente en obras civiles, ha probado ser una estrategia altamente efectiva a nivel de política económica para impulsar el crecimiento y estimular la economía porque brinda, por lo menos, dos beneficios de alto impacto: generación de empleo y aumento de productividad.
Estos beneficios adquieren un valor aún más estratégico cuando se viven periodos de crisis o incertidumbre. No en vano, durante la actual coyuntura, una de las principales urgencias de los gobiernos –principalmente de los países en desarrollo– ha sido la reactivación de los proyectos civiles en curso junto con el inicio de nuevas construcciones para dinamizar la economía.
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Así, por ejemplo, tras el “apagón económico” producto de la cuarentena, hemos visto que gran parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional se han concentrado en retomar las obras en los grandes proyectos viales (vías 4G y 5G), así como en poner en marcha otras iniciativas de infraestructura viaria, como el plan Compromiso por Colombia, entre otros.
Estas acciones serán determinantes para alcanzar tanto los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo, como las metas de corto plazo del Gobierno tras la llegada del Covid-19. Sin embargo, este también es un momento para preguntarnos si estamos aprovechando las ventanas de oportunidad de la crisis para sacar provecho al boom de la construcción y avanzar en los diferentes tipos de infraestructura que el país necesita como, por ejemplo, la social.
Al igual que las megaobras viales, la infraestructura social (colegios, acueductos, hospitales, etc.) es una gran fuente de empleabilidad y productividad, contribuye a reducir las brechas sociales y permite satisfacer necesidades básicas de la población tales como salud, educación o acceso a servicios públicos. De ahí la importancia de incentivar su participación como sector estratégico de inversión.
Si parte de los recursos y herramientas que hoy están disponibles dentro del sector se canalizan hacia este tipo de construcciones no solo se aportará a la reactivación, sino que se logrará un futuro con mayor bienestar y calidad de vida para todos los colombianos. Pero, es claro que atender diversos frentes de acción es una tarea compleja, más aún cuando el Estado cuenta con capacidades limitadas y afronta una crisis como la actual.
Es acá donde el sector privado debe asumir un rol activo porque su participación es necesaria para fomentar el desarrollo de la infraestructura social como plataforma de recuperación y progreso sostenible. La arquitectura normativa para hacerlo está dada (Ley 1508 de 2012) y el contexto es propicio, de manera que la tarea es fortalecer las sinergias Estado-Empresa para potenciar alianzas público-privadas (APP) que trasciendan la interconectividad vial y deriven en más obras con vocación de servicio social.
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Un caso exitoso de este camino tuvo lugar recientemente con el anuncio del Gobierno Distrital de Bogotá sobre el cierre financiero del nuevo Hospital de Bosa, la primera infraestructura social bajo el esquema de APP que tendrá el país. Su construcción no solo generará miles de empleos en la ciudad y ayudará a cientos de familias durante la coyuntura de crisis, sino que será un punto de atención en salud permanente para más de 400 mil personas durante las próximas décadas.
Este proyecto ejemplifica la importancia de las obras de naturaleza social para el presente y el futuro del país, y evidencia que –al emplear los instrumentos disponibles– podemos hacer de la crisis una palanca para avanzar de forma integral en todos los tipos de infraestructura, de forma que la recuperación y el crecimiento económico vayan de la mano con el desarrollo y el bienestar humano.
Por: Juan Pablo Galán*
*El autor es Country Head de Credicorp Capital en Colombia.
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