El hambre es un imperativo social y empresarial

El hambre no es solo un asunto del Estado, también es un imperativo social y empresarial.  Como argumenta Joe Zammit-Lucia, “las empresas que desarrollan antenas políticas eficaces pueden mejorar su rendimiento en la era emergente del capitalismo político“.

El profesor Santiago Leyva describe con precisión que “estamos en una nueva era de capitalismo político en la que todo gira cada vez alrededor de la política. La noción de la competencia apolítica y neutral cada vez parece más ilusoria. Para navegar esta economía se requiere de un muy afinado radar político”.

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Los altos precios de los alimentos es uno de puntos que hacen parte de la agenda de la primera jornada de protestas del 2022 convocada para el 3 de marzo. Y recordemos que fue el precio de los alimentos lo que desató la Primavera Árabe.

Según la encuesta de Pulso Social del Dane publicada el 25 de enero 2022, a diciembre del 2021, solo 69,1 por ciento de los hogares en Colombia consumen tres comidas al día, mientras que 1.445.065 hogares tenían acceso solo a una comida y 154.828 a menos de una comida al día.

Debido a sus nefastos impactos políticos, sociales y ambientales, la inseguridad alimentaria y los precios de los commodities requeridos para la producción de alimentos sostenible en el tiempo (con los agravantes relacionados con el cambio climático y las afectaciones negativas asociadas la deforestación y emisiones), hacen que el sector agropecuario tenga que ser una prioridad en todas agendas locales, nacionales e internacionales.

En el año 2015, la tasa de mortalidad por desnutrición infantil en Colombia estaba en 6,8 muertes por cada 100.000 niños menores de 5 años.  El gobierno nacional definió en el CONPES 3918 como meta para el 2030 disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición a 5,0.  Y el PND “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” fijó que, a 2022, la tasa bajaría de 6,8 a 6,5 muertes.

En Colombia no tenemos el hambre como una prioridad nacional, y lo peor es que no es una urgencia nueva. En el reporte que en 1967 presentó el DNP a la Sexta Conferencia de las Américas sobre la Desnutrición como Factor en el Desarrollo Socioeconómico —cuando en Colombia se morían 13 veces más niños entre 1 y 4 años que otros países— se identificaron cuatro problemas de nutrición en Colombia: la desnutrición proteica-calórica en niños asociada con avitaminosis, lo cual se constituye en un “serio factor de retardo físico y mental”; las anemias nutricionales relacionadas con el parasitismo intestinal; las caries dentales; y el bocio endémico (controlado con sal).

Como bien describe la analista política Juliana Mejía, “el hambre es un problema de Estado que hay que poner en los primeros lugares de la agenda pública. Desde el punto de vista político, se puede convertir en un detonador de todo tipo de conflictos y estallidos sociales”. 

Según describe Mario Alejandro Valencia, “en Colombia sufrimos de inseguridad alimentaria por decisión estatal. Para Valencia, la crisis alimentaria que se vive en Colombia en estos momentos es atribuible principalmente a dos factores. Primero, los bajos ingresos de la población del país, con 45,4 por ciento de los ocupados con ingresos menores a 0,9 salarios mínimos legales, una poca capacidad adquisitiva, además, agravada por la inflación. Y segundo, la escasa producción de alimentos.

Pero esto no es solo responsabilidad del Estado.

Desde el año 2015, el mundo se planteó, al año 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible”. 

Debido a que la actividad agropecuaria y los suministros de alimentos son principalmente actividades que lidera el sector privado, conseguir este objetivo requiere una mayor participación del sector privado.

El ODS 2 tiene asociadas cinco metas: 2.1. Acceso a alimentación sana, nutritiva y suficiente; 2.2. Superar para 2025 el retraso de crecimiento de menores de 5 años y abordar la necesidad de nutrición de adolescentes, embarazadas, lactantes y adultos mayores; 2.3. Duplicar la productividad agrícola e ingresos de productores de alimentos en pequeña escala (particularmente mujeres, indígenas y familias agricultoras); 2.4. Aplicar prácticas agrícolas que aumenten la productividad y la producción y fortalecer la capacidad de adaptación a las manifestaciones del cambio climático; y 2.5. Mantener la diversidad genética de semillas, plantas y animales.

Adicionalmente a estas cinco metas, hay tres medios de implementación: 2.a. Aumentar las inversiones en infraestructura rural, investigación y desarrollo tecnológico agrícola; 2.b. Corregir y prevenir las distorsiones comerciales de conformidad con la Ronda de Doha para el Desarrollo (lo cual implica la eliminación de subvenciones a exportaciones agrícolas); y 2.c. Asegurar el funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y ayudar a limitar la volatilidad extrema de los precios de los alimentos.

Es absolutamente inaceptable negar que Colombia sí es un país con hambre. En el informe de perspectivas de crisis alimentarias para el período de febrero a mayo de 2022 publicado el 17 de enero por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ) y el WFP (Programa Mundial de Alimentos de la ONU), se anunció que, en América Latina y el Caribe, la inseguridad alimentaria se agravará en el próximo trimestre en Haití y Honduras y Colombia. Alertó este reporte que estos países estarán entre los 20 países del mundo con hambre aguda. Además, complementa el informe que, debido a una combinación entre inestabilidad política, retos económicos, la crisis migratoria internacional y el desplazamiento interno, 7,3 millones de personas en Colombia (página 19) requerirán asistencia alimentaria, y entre estos estarían el 64 por ciento de los migrantes venezolanos que están actualmente en Colombia.

El reporte de la FAO y el WPF propone recomendaciones para prevenir la crisis e intervenciones para responder a la emergencia.  Entre las recomendaciones técnicas que da el informe son: asegurar el suministro de insumos agrícolas para la supervivencia de animales (alimentos y suministros veterinarios) y mantener los cultivos (semillas y fertilizantes), pues los suministros aumentarán de precios; dar asistencia técnica para la producción y conservación de alimento para animales, preparación de fertilizantes con insumos locales y la creación de bancos de semillas; distribuir transferencias monetarias a las personas más vulnerables en las áreas urbanas y rurales para mitigar el impacto del aumento de los precios de los alimentos; y apoyar a los migrantes venezolanos en comunidades de acogida, rehabilitando los sistemas de agua y estableciendo producción rápida de comida.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha identificado maneras en las cuales la inteligencia artificial (IA) puede aportar de manera importante a conseguir el ODS 2 (hambre cero) a través de apuestas al ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 13 (acción por el clima) y ODS 15 (biodiversidad y ecosistemas terrestres), por ejemplo, al entrenar algoritmos en bases de datos para mejorar la la eficiencia y desempeño de granjas tradicionales; diseñar nuevos enfoques de agricultura impulsados con inteligencia artificial; optimizar la agricultura en interiores, haciéndola más eficiente en uso de agua y produciendo más; e invertir en carnes a base de plantas, replicadas a través de herramientas IA.

Pero ¿qué es lo que marcará la diferencia en la capacidad de las empresas para contribuir a poner fin al hambre?

Diferentes organizaciones han identificado acciones concretas en las que las empresas pueden vincularse a poner fin al hambre. Anna Swaithes, del Sustainable Food Lab, ha identificado cinco aspectos puntuales para que las empresas participen decididamente en acabar con la pobreza.

1. Las empresas deben escuchar —y ayudar a dar forma— a una narrativa de política pública más clara sobre cómo la agricultura contribuye a la seguridad alimentaria y a la nutrición, sobre qué más debe abordarse y sobre el papel de las empresas:
2. Impulsar nuevos modelos de negocio teniendo en mente ponerle fin al hambre, pero sin olvidar los riesgos imprevistos relacionados con las cadenas de suministro agrícola.
3. Un análisis sistemático de los riesgos y oportunidades materiales en las cadenas de suministro agrícola, y adaptado localmente y en continua evolución.
4. Las empresas deben señalar los problemas (de política e infraestructura) buscando crear un entorno propicio de producción y consumo. Y cuando no se produzca la acción gubernamental, recurrir a otros actores para reforzar las cadenas de suministro agrícola e incluir a las personas en los mercados de forma que se aborde la seguridad alimentaria, así como la producción y los ingresos.
5. Para que las personas más vulnerables lleguen a las empresas como proveedores y como consumidores, hay que resolver muchas cuestiones que van más allá del acceso al mercado, por ejemplo, el acceso seguro a la tierra, la financiación y los conocimientos financieros, los conocimientos nutricionales, etc. Actores estales y de la sociedad civil pueden trabajar con las empresas para encontrar soluciones creativas que reduzcan el riesgo y los costos adicionales de la inclusión, y para abordar asuntos que van más allá de las cuestiones que tradicionalmente se ocupaban las empresas.

Al final de cuentas, como lo escribe Joe Zammit-Lucia, “las cuestiones sociopolíticas afectan cada vez más a las decisiones de compra y el mercado se convierte en una de las formas en que los ciudadanos expresan su identidad política: el aumento de lo que algunos han llamado ‘consumismo político’. Los propios mercados se construyen políticamente y los inversores se fijan cada vez más en las posiciones políticas de las empresas, ya sean medioambientales o sociales”.

Contacto
LinkedIn: María Alejandra Gonzalez-Perez
Twitter:@alegp1
*La autora es profesora titular de la Universidad Eafit. Es expresidente para América Latina y El Caribe de la Academia de Negocios Internacionales (AIB). PhD en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda.

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