Consideraciones económicas y financieras para la transición verde y justa que Colombia necesita

Entre los 50 países más afectados por la emergencia climática, 13 se encuentran en la región de América Latina y el Caribe (ALC). De esto se deriva la urgencia de tomar medidas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales (meta 13.1 de la Agenda 2030), pero también de implementar una transición hacia modelos de desarrollo (y de negocio, en el caso de las empresas) que se ajusten a las recomendaciones más ambiciosas informadas por la ciencia del clima.

Dado el alto riesgo de emergencia climática, considerando que ALC es responsable solamente del 8.1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), podríamos ser beneficiarios de un posible fondo de pérdidas y daños, que se basa en la idea de que los países en desarrollo deberían recibir compensación económica de parte de los países ricos al ser estos los grandes emisores de CO2 y por ende, causantes de la crisis y los desastres climáticos alrededor del mundo. La región, sin embargo, por iniciativa propia, requiere con urgente inminencia una transición verde y justa que trascienda la acción climática.

Lea también: ¿Por qué no podemos ‘vender’ la acción por el clima de la misma manera que vendemos jabón?

Una transición hacia una economía de crecimiento verde y justa hace referencia a transformar la matriz energética y productiva de la forma más equitativa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás. Explica la Organización Internacional de Trabajo que “una transición justa implica maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática, al tiempo que se minimizan y se gestionan cuidadosamente los desafíos.”

La transición justa es un elemento clave de la estrategia climática ya que, como explican los principios de inversión responsable (PRI), es crucial para entender “dónde” se sentirá el impacto de las políticas de acción climática y “qué” políticas se emplearán.

Sebastián Nieto Parra, director de la unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, entrevistado en la COP27, explica que “Colombia enfrenta grandes desafíos para avanzar en la transformación de su modelo de desarrollo hacia uno que sea más inclusivo, más sostenible y genere mayor valor agregado”.

Resalta Nieto Parra que la región está enfrentando unos retos importantes en cuanto a crecimiento potencial y altos niveles de pobreza. Además, continúa diciendo que, para responder a esto, desde la OCDE “vemos como la transición verde puede ser una oportunidad para alcanzar mejores resultados de bienestar formalizando empleo y también mejorando el acceso en aspectos relacionados con la energía, en lo cual América Latina tiene mucho para aprender, pero también para enseñar”.

Cada año, desde el 2007, la OCDE publica un informe anual sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones. La edición de 2022, lanzada en  la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh en el marco de la COP27, está dedicada a analizar las oportunidades (y desafíos) de una transición verde en la región, haciendo hincapié en que esta transición debe velar conjuntamente por el capital natural y energético, los ecosistemas de la región y el bienestar de los ciudadanos.

Jose Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, afirma que este reporte “invita a cambiar la narrativa de la acción climática por una narrativa en términos de desarrollo, ya que además de la acción climática converge la inclusión, la creación de empleos de calidad, el dinamismo económico y la disminución de la pobreza”.

En el reporte Perspectivas económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa, la  OCDE y la CEPAL estiman que, a finales de 2022, el 33,7% de la población de América Latina y el Caribe (ALC) estará en situación de pobreza y el 14.9% en situación de pobreza extrema. Para enfrentar el complicado panorama económico de la región, se debe buscar que la política fiscal promueva el crecimiento y la inclusión social sobre la base de los pilares estratégicos de la sostenibilidad medioambiental y fiscal, la descarbonización y la resiliencia.

Basado en dicho reporte, asegura Nieto Parra que “la transición verde tiene el potencial de crear empleo verde y formal a condición de contar con niveles suficientes de inversión en ciertos sectores verdes estratégicos”. Particularmente, dice que, en Colombia, “de contar con inversión suficiente, la transición puede crear entre un 34% y 14% de empleo verde y formal adicional a 2030 en comparación con 2019, dependiendo de la metodología empleada”.

La OCDE identifica tres elementos clave para avanzar en un modelo de desarrollo más sostenible en América Latina y el Caribe (ALC): energía, producción y protección social. 

Respecto a la energía, las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a nivel mundial. Unas matrices energéticas y productivas más sostenibles y diversificadas ayudarán a ALC a reducir las emisiones de GEI, a aprovechar su potencial de energías renovables y a crear empleos de calidad.

Convierta a Forbes Colombia en su fuente de información económica

En cuanto a la producción, las políticas industriales, circulares y azules pueden transformar la estructura productiva de ALC. Esto implica la adopción de nuevas políticas industriales para fomentar la inversión en innovación verde. Según el reporte, se espera que la economía circular represente el 2,4% de crecimiento neto del PIB y el 10,5% de los nuevos empleos de calidad en la región para 2030.

Con relación al tercer elemento, se hace énfasis en que una transición verde debe ampliar los sistemas de protección social, particularmente para los más vulnerables. Se debe impulsar la creación de empleo de calidad y apoyar a los trabajadores que perderán sus empleos a razón de la transición. Y también se requiere invertir en capital humano para el desarrollo permanente de las capacidades necesarias para asumir las nuevas realidades.

Por otro lado, en Colombia, según el informe mencionado, los ingresos fiscales relacionados con el medio ambiente fueron del 0,6% del producto interior bruto (PIB) en 2020, por debajo de ALC (1,0%) y de la OCDE (2,1%). Además, los ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB en 2020 (18,7%) fueron inferiores a los promedios de ALC (21,9%) y de la OCDE (33,5%).

Por esto, debido al espacio fiscal reducido, Colombia encarará el gran reto de movilizar grandes recursos financieros.  En la COP27, bien señaló la coordinadora de financiamiento climático del Departamento Nacional de Planeación, María del Pilar Restrepo Orjuela, que Colombia necesita drásticamente movilizar significativos e innovadores recursos donde participen el sector público y el privado para financiar la transición verde.

En Colombia existe, por ejemplo, el capítulo nacional de la Iniciativa de Liderazgo para la Financiación del Clima (CFLI, por sus iniciales en inglés), copresidido por Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia, y Mario Pardo Bayona, presidente de BBVA Colombia, en donde el sector financiero privado trabaja coordinadamente con el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones reflejados en las contribuciones nacionales determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), asumidas y actualizadas internacionalmente según el Acuerdo de París.  El CFLI Colombia se enfocará principalmente en transporte bajo en carbono; alternativas renovables; naturaleza, resiliencia y adaptación; e infraestructura sostenible.

Finalmente, aunque, en espacios como la COP27, es clara la descomunal escala y velocidad de la transformación económica que supone la respuesta a las nuevas realidades climáticas, se requiere aumentar el entendimiento y la acción para garantizar que sea una transición verde y justa, que las empresas, inversionistas y gobiernos reduzcan el riesgo sistémico, y que no sea una improvisación abrupta con pérdidas irrecuperables.

Contacto
LinkedIn: María Alejandra Gonzalez-Perez
Twitter:@alegp1
*La autora es Miembro del Consejo Global del ODS1: Fin de la Pobreza y profesora titular de la Universidad Eafit. Antes fue presidente para América Latina y El Caribe de la Academia de Negocios Internacionales (AIB). PhD en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Nacional de Irlanda.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.