El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sostuvo que su cartera ya puso las primeras denuncias contra los carteles de las IPS en la Fiscalía.
Una de las grandes noticias de la semana pasada tuvo que ver con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pues el pasado 16 de diciembre quedó en firme el decreto 2497, que oficializa el descuento de 50% en la tarifa para motocicletas de bajo cilindraje, efectivo desde este lunes. La medida ha sido bien recibida por actores como la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), quienes han hecho hincapié en que puede beneficiar a 96% de las motocicletas del país y generar un impacto directo en 10,8 millones de personas.
Otro punto importante es que el decreto mantiene el 10% beneficio para aquellos conductores que no incurren en ningún siniestro vial, aspecto que ha sido visto como una forma de incentivar la adquisición de este seguro. Tanto así, que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo en diálogo exclusivo con Forbes Colombia que “podemos recaudar los $2 billones que nos cuesta la reducción en la tarifa del SOAT al año”.
Cabe destacar que los recursos para financiar esta reducción saldrán tanto del SOAT como del presupuesto General de la Nación, y serán administrados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y que el descuento de 50% aplica para ciclomotores, motos entre 100 y 200 centímetros cúbicos, tricimotos, cuadriciclos, motocarros y autos de negocios de cinco pasajeros, taxis y microbuses, servicio público urbano, buses, busetas y vehículos intermunicipales.
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“Un gran porcentaje de esos motociclistas son personas de estratos bajos que utilizan la moto para obtener un modo de subsistir, bien a través de las aplicaciones de alimentos o de mensajería. Creo que aquí se hace justicia social y económica al reducir a una tarifa acorde a lo que es y debería ser lo que cubre y lo que vale el servicio. Un SOAT de $600.000 en un solo cobro generaba que la gente se arriesgara a que los pararan al no tener capacidad de pago“, dijo el ministro.
Reyes también destacó que el gobierno está enfrentando dos fenómenos en relación con el SOAT: el primero es el de la evasión, aspecto en el que se busca aumentar la rigurosidad para que todos cuenten con el impuesto, razón por la que se empezará a exigir dicho requisito en los peajes y todas las vías del país. “No vamos a perdonar una sola, porque uno también da, pero exige”.
El otro elemento se centra en los fraudes que se generan en el sector salud, sobre todo en los llamados “carteles de las IPS”, relacionados con falsos accidentes de tránsito y cobros excesivos en procedimientos médicos que “le cuestan mucho al sector y a la credibilidad del sistema”. Sobre este punto, el ministerio ya puso las primeras denuncias en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Proyectos 4G y 5G
Otro de los anuncios destacados de la semana anterior tuvo que ver con la entrega de la vía Rumichaca-Pasto por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que destaca por ser el sexto proyecto vial 4G que ya está operando en Colombia. Con 83 km y hasta $2,5 billones de inversión, la vía “cumple con el propósito de acercar al país hacia la frontera con Ecuador”, de acuerdo con el ministro. Sin embargo, también se contempla una extensión de contrato para unir a la ciudad de Pasto hacia el aeropuerto Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí.
Con respecto a los avances en 4G para el próximo año vamos avanzando muy bien, Reyes destacó que no solo ha habido inversiones de más de $100 billones en estos proyectos, sino que ya hay varios proyectos en estructuración. Entre los más destacados se cuentan el trayecto entre Guaduas y Villeta, que “debemos sacar el próximo semestre”, así como la doble calzada entre Pasto y Popayán y los primeros 29 km entre Bogotá y Villavicencio que no están en doble calzada.
En cuanto a las vías 5G, una de las prioridades es destrabar el proyecto Mulalo-Loboguerrero, que no solo lleva ocho años paralizado, sino que también representa la conexión entre el Pacífico, Buenaventura y el Eje Cafetero. No obstante, lo más importante son las iniciativas que tienen que ver con el sistema férreo, que es una de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro. Todos estos planes, que no están en curso todavía y se estaban terminando de estructurar, deben arrancar en 2023, en especial aquellos que vienen desde la costa Caribe al centro del país y hacia el Pacífico.
Entre los proyectos 5G que ya se están materializando, cabe destacar la adjudicación de la APP del Canal del Dique, proceso que se destrabó a mediados de noviembre. Al respecto, el ministro reveló que la obra entrará en proceso de licenciamiento ambiental, etapa que durará alrededor de 18 meses y que arrancará en enero de 2023, además de que contará con medidas para prevenir sedimentaciones e inundaciones.
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“Habrá una intervención muy seria del Ministerio de Ambiente y en especial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para asegurar que no se afecten los manglares, que no se afecte el río, que no se afecte la navegabilidad y que las comunidades sean las principales beneficiadas, y en eso el proyecto se va a hacer construido con consultas previas muy serias y rigurosas con las comunidades”, aseveró Reyes.
Además del Canal del Dique, otro proyecto que no ha estado exento de dificultades es la APP del Río Magdalena, cuya navegabilidad ha sido descrita como la apuesta del gobierno en materia de navegación fluvial gracias a la inversión de más de $2 billones destinada a la misma, junto con “más de 190 muelles que vamos a hacer en nuestros principales rubros”, de acuerdo con el ministro.
Una de las conclusiones a las que se llegó a través de la ANI y del ministerio tiene que ver con que los dragados de Barranquilla y Buenaventura se harán como obra pública con el objeto de obtener profundidad para traer “esas grandes embarcaciones que no pueden atravesar el Canal de Panamá y que hoy se van hasta Guayaquil o un poco más abajo”.
Para lograrlo, el proyecto del ministerio apunta a utilizar a la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) para que diseñen y elaboren las dragas. Hoy, por ejemplo, el dragado a seis meses del río Magdalena vale más de $90.000 millones que se podemos invertir en grandes dragas, iniciativa que hoy es capaz de enfrentar la Armada Nacional a través de Cotecmar.
Otros proyectos
Uno de los proyectos que quedaron en fase de espera al finalizar la administración de Iván Duque fue el de la vía Buga-Buenaventura. Sobre dicho proyecto, el ministro aseguró que la adjudicación de los 35 km restantes se hizo efectiva entre finales de agosto y comienzos de septiembre.
Esta obra, junto a la Malla Vial del Valle, ALO Sur, Accesos Norte de Bogotá Fase II, Puerto Salgar-Barrancabermeja y Barrancabermeja-San Roque intervendrán más de 1.000 kilómetros y tendrán una inversión de $9,4 billones, según datos de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Se espera que los primeros proyectos adjudicados inicien etapa de construcción durante 2023, mientras que los demás adelantarán actividades de preconstrucción.
Reyes también aseguró que el gobierno tiene varios proyectos con trenes de carácter regional. Si bien algunos han tenido algunas en materia de recursos, como las vías del Samán, que impactan principalmente a las zonas de Risaralda y Caldas.
Esto va unido a los proyectos regionales de trenes ligeros, como el que uniría Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Dicha obra va en fase dos y debe pasar a fase tres el próximo semestre, momento en que entra en proceso de estructuración, obtención de garantías y recursos, así como la adjudicación de los procesos.
Una obra que ya entró en esa fase es el tren del Pacífico, que busca conectar a Cali, Jamundí y Jumbo, además del tren del río y los cables en Medellín, los cables de Manizales, el regiotram del Norte que vendría desde Zipaquirá hasta Bogotá, las obras de la calle 13 y la Línea 2 del Metro de Bogotá.
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Con respecto al Metro de Bogotá, el ministro se refirió a la polémica generada por el no cumplimiento del cierre financiero del consorcio Metro Línea 1, que consiste en la consecución de un monto mínimo de recursos de deuda para el proyecto por $2,5 billones, y destacó que dicho plazo se cerró ayer para darle mayor transparencia al proceso.
Lejos de generar una afectación, si habrá tres meses adicionales que le van a pedir a la Junta del metro de Bogotá para la entrega de los estudios y diseños. Si bien estaban previsto para el 8 de enero, lo más probable es que lleguen a comienzos de abril. A su vez, la alcaldesa Claudia López recordó que la construcción de la primera línea del metro ya tiene un avance de 18%.
Al finalizar su diálogo con Forbes, el ministro de Transporte se refirió a los avances en vías terciarias, factor que calificó como “uno de los grandes hitos de la campaña del gobierno”, y destacó que su cartera va a priorizar los llamados caminos comunitarios para la paz, que contarán con una inversión superior a $8 billones en estos cuatro años.
“Nuestra idea es que se desarrollen a través de las Juntas de Acción Comunal con la participación de las comunidades, la fiscalización y el acompañamiento del Instituto Nacional de Vías (Invías) y utilizar los batallones de Ingenieros Militares y su conocimiento, o las pymes de ingeniería, como lo ha presentado y ofrecido la CCI”, comentó.
El proyecto ya tiene los primeros pilotos en San Luis, municipio ubicado en el departamento del Huila, y en Pinillos, localizado en el departamento de Bolívar. Asimismo, priorizará las zonas excluidas en el pasado, como la Orinoquía, Amazonía, Pacífico, la Mojana y zonas deprimidas de la Costa Atlántica.