La reforma de salud es el tema más relevante que discute actualmente el Gobierno. Hay un tema a discutir: ¿están siendo las comunidades étnicas contempladas en los términos de la reforma?
La participación de las poblaciones étnicas en la formulación de políticas públicas es esencial para garantizar que las reformas que se proponen desde el actual Gobierno Nacional sean más efectivas, representativas, aceptables y transparentes. En un estado social de derecho, las políticas públicas no deben ser decisiones tomadas unilateralmente por los funcionarios públicos o por los políticos, sino que deben ser el resultado de un proceso participativo e informativo que incluya la opinión y las necesidades de toda la sociedad civil.
En este contexto, las discusiones sobre la reforma a la salud deben salir de los fríos espacios técnicos, garantizando que todas las personas puedan comprender el alcance de un proyecto de reforma política de un ecosistema tan crucial para el país.
Colombia no puede seguir replicando modelos de salud estandarizados sin realmente tener en cuenta las formas de vida, la cultura de administración pública de la salud, y las capacidades reales de las comunidades étnicas para responder ante los cambios y responsabilidades territoriales que genera una reforma a la salud. Siempre existirá un riesgo de exclusión e inequidad cuando una reforma no aborda de manera clara las disparidades de salud que afectan a estas comunidades.
Si las poblaciones étnicas no son involucradas de manera integral en la elaboración de los textos de cualquier reforma, resulta complejo que sus verdaderas necesidades y preocupaciones se tengan en cuenta en un sistema que las ubica en futuros ejercicios de consulta previa. Según la Rap Pacífico Voces Pacífico, el factor étnico y la característica de asentamientos dispersos en la ruralidad, presente de forma contundente en la región Pacífico a lo largo y ancho de su territorio, involucra retos epidemiológicos y de salud particulares que requieren una integración muy estrecha entre las intervenciones de salud colectivas, de salud pública y prestación de servicios de salud.
En la región Pacífico, son escasos los programas de Atención Primaria en Salud (APS) ajustados a sus dinámicas socioambientales y culturales. A esto se suma que existen grandes dificultades para acceder a atención médica de calidad por la falta de estímulos y condiciones adecuadas para el talento humano de la salud en esas regiones. La brecha histórica de atención en salud también es preocupante: 65% de la población pertenece al régimen subsidiado en salud, solo un 11% al contributivo, y la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años es de 32,9 por cada mil nacidos vivos, 19,3 puntos por encima del valor nacional que se sitúa en 13,6. Además, es la región más afectada por la malaria y el dengue (reportando el 60% del total nacional).
En este orden de ideas, asuntos como la seguridad alimentaria comunitaria, la atención a la creciente población de adultos mayores, los problemas de salud asociados a la crisis climática, y las afectaciones a la salud mental relacionadas con el conflicto armado, entre otros muchos, deben ser priorizados en el sistema de cambio para la salud pública.
La pregunta aquí será, siempre, ¿Cuáles son las capacidades que tienen los territorios para responder a cualquier nuevo modelo de reforma para el país? Pese a que está enunciado en el documento de reforma a la salud, hasta el momento no son claros cómo se van a operativizar los procesos de fortalecimiento de capacidades en talento humano, en infraestructura, tecnología en la definición de planes de prevención de enfermedades y promoción de la salud conforme a las características de territorios como los de la región del Pacífico y demás zonas rurales dispersas donde generalmente habitan las poblaciones étnicas. Si bien se anuncian proyecciones presupuestales en el texto, es importante que todos los ciudadanos seamos conscientes de las implicaciones de este tipo de inversiones, y esto se logra con ejercicios juiciosos de información y de participación ciudadana.
Los actores del sistema de salud siempre serán las personas, no las instituciones. En este sentido, si la reforma no reconoce y aborda la discriminación y el racismo en el sistema de salud que afecta a las poblaciones étnicas, es posible que se esté perpetuando su marginalización y exclusión, una vez más. Las poblaciones étnicas de los territorios rurales dispersos necesitan una reforma a la salud que desde la realidad pueda abordar las desigualdades y disparidades en el acceso y calidad de atención médica en sus territorios. Lo que implica, en principio, reconocer y valorar los sistemas médicos propios de estas comunidades como eje articulador del sistema de salud en estas regiones.
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Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.
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