Parece que las decisiones tomadas en las últimas COP ya muestran un camino hacia la justicia climática, pero las acciones de los países desarrollados y las dificultades que enfrentan las naciones emergentes, así como algunos de los ecosistemas más valiosos del mundo, hacen que la labor tenga más obstáculos de lo previsto.
El pasado 20 de noviembre, dos días después de que concluyera oficialmente la COP27 realizada en Sharm el-Sheikh, se anunció la creación de un fondo para Pérdidas y Daños que se enfocará en tratar los efectos actuales y futuros de la crisis climática, tanto extremos como de sucesión lenta. Las consecuencias del calentamiento en los países del Sur Global, calificadas como desproporcionadas, han provocado que la llegada de este mecanismo sea interpretada como un “reconocimiento de esa cruda realidad”.
Sin embargo, al ser un fondo que no tiene un mecanismo concreto para sopesar responsabilidades, tampoco está completamente claro de dónde va a salir el dinero ni cuáles serán las condiciones para decidir qué eventos serían aceptados como causales de compensación. A pesar de ello, sí está definido que esas decisiones deben ser tomadas a más tardar en 2024 y que se pondrá en marcha la red de Santiago, iniciativa establecida durante la COP25 que proveerá de asistencia técnica en pérdidas y daños a los países en desarrollo, los más vulnerables ante la crisis.
Por ahora, los gobiernos acordaron establecer un Comité de Transición que estará compuesto por 24 miembros del Acuerdo de París, divididos en 10 naciones desarrolladas y 14 países emergentes. Cabe destacar que, luego de intensos debates dentro del grupo de América Latina y el Caribe durante la COP27, Colombia fue elegido para representar a la región en estas discusiones durante el segundo semestre de 2023. Se espera que la primera reunión tenga lugar antes de finales de marzo.
“Debemos asegurarnos que la puesta en marcha del nuevo fondo no requiera un proceso más allá del plazo establecido; debemos evitar que estas discusiones tomen el mismo camino que las de la red de Santiago, en la que pasamos más de dos años debatiendo su estructura y términos de referencia; debemos abogar para que todos los países en desarrollo tengan acceso a estos recursos y que no haya diferenciación que excluya a naciones de renta media como Colombia”, dijo a Forbes la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
Aquello que a simple vista pareciera una victoria estruendosa, tiene sus lunares. Para el fundador de Saving The Amazon, Daniel Gutiérrez Patiño, el texto que surgio de los debates en la COP hacía un llamado inicial a dirigirse de lleno al problema, pero el poder de negociación de los países del Norte Global o “desarrollados” hizo que la terminología cambiara simplemente a “responder” sobre el texto final.
“Esto es importante porque al anunciarlo como ‘responding’ no se reconoce una atribución concreta de responsabilidad a los que más han emitido, por lo que el fondo se convierte en una bolsa en la que los países pueden donar dinero, como si fuera un tema de responsabilidad social hacia los vulnerables, no como una responsabilidad directamente atribuible a la cantidad de emisión que algunas naciones han hecho históricamente”, explicó el directivo a Forbes.
A qué se debe…
La disyuntiva entre los países del Norte y del Sur puede evidenciarse en cómo se han venido desarrollando las negociaciones sobre “Pérdidas y Daños” en el contexto de las COP. Para Gutiérrez, siempre han sido los primeros quienes entorpecen estas conversaciones, argumentando que enfocarse en este aspecto es “tirar la toalla” hacia los esfuerzos de mitigación, que de paso les sirve para no reconocer sus responsabilidades.
Estas negociaciones no fueron diferentes, pues los países del Norte Global se agremiaron para negociar en conjunto y desmembraron la propuesta de “G77+China”, grupo creado el 15 de junio de 1964 que agrupa a la mayoría de naciones en vías de desarrollo del Hemisferio Sur y a quien se le debe la creación del fondo.
Cabe recordar que alrededor del 80% de los instrumentos financieros que se utilizan para la acción climática adoptan la forma de préstamos que, a su vez, están reduciendo el espacio fiscal de los países en desarrollo para invertir en la acción climática y profundizando sus niveles de endeudamiento. Para la ministra de Ambiente, los créditos no deben considerarse en el futuro como una opción para pagar las pérdidas y daños y para estos acuerdos financieros.
Gutiérrez explica que la ciudadanía también debe hacer hincapié en estructurar mecanismos concretos multilaterales para desescalar la economía fósil, que es la causante de más del 75% de las emisiones de gas de efecto invernadero, directo responsable de la crisis climática global.
Sin embargo, el director de la División de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gustavo Adler, explicó que, en el caso de Colombia, los ingresos provenientes de la industria de hidrocarburos son claves tanto para la sostenibilidad fiscal como para la deuda externa.
“Por supuesto, le damos la bienvenida a iniciativas dirigidas hacia una economía más verde, pero es importante que esto se haga de manera gradual y mediante un camino que sea consistente con la estabilidad macroeconómica. Esa estrategia también debe permitir que los agentes en cuestión hagan planes de inversión de acuerdo a estos planes”, apuntó.
Bajo esta perspectiva, Muhamad dejó en claro la necesidad de efectuar varias reformas sistémicas a las instituciones financieras internacionales para que sus objetivos y medios estén alineados con el contexto actual de crisis climática, permitiendo mecanismos de financiamiento que eviten exacerbar los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía de los países en desarrollo.
¿Cómo está América Latina?
Los fenómenos meteorológicos extremos y los impactos del cambio climático, como las megasequías, las precipitaciones extremas, las olas de calor terrestres y marinas y el deshielo de los glaciares, están afectando a toda la región. Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la tasa media de aumento de las temperaturas fue de aproximadamente 0,2°C por década entre 1991 y 2021, frente a los 0,1°C registrados entre 1961 y 1990.
A manera de ejemplo, los glaciares de los Andes tropicales han perdido al menos 30% de superficie desde 1980. Por su parte, el nivel del mar continuó subiendo a un ritmo más rápido que a escala mundial, sobre todo a lo largo de la costa atlántica de Sudamérica, al sur del Ecuador, en el Atlántico Norte subtropical y el Golfo de México, agregó la información.
Otro de los titulares mediáticos más importantes de la COP fue la vuelta al ruedo de Brasil como líder en la acción climática con la llegada de Luiz Inácio Lula Da Silva a la presidencia. Según Gutiérrez, esto pone de manifiesto la importancia global de la Amazonía para el equilibrio de la tierra, de la cual Brasil representa más del 60%.
“La crisis climática y la creciente deforestación tiene a la Amazonía al borde de un punto de inflexión en donde llegaría a pasar de ser un ecosistema de bosque tropical a una sabana. Esto sería una sentencia de muerte al equilibrio climático del planeta entero y también sería susceptible de ser financiado por el fondo de Pérdidas y Daños, pues la vida de cientos de millones de personas que viven en la Amazonía se vería afectadas, así como el clima de toda América Latina”, señaló.
La atribución del cambio climático a fenómenos como el efecto de la deforestación en la Amazonía a los ciclos de lluvia en Centroamérica, por ejemplo, todavía son medidos a base de probabilidades e incertidumbres, por lo que no es claro qué podría calificar bajo la sombrilla de Pérdidas y Daños cuando nos referimos a los efectos de su deterioro.
Pese a ello, Muhamad también subrayó que, con la participación de Colombia en el Comité de Transición, el gobierno nacional espera que se puedan tener en cuenta regiones como la Amazonía, que es un ecosistema estratégico para el balance mundial climático y por el cual “debemos salvar la selva”.
¿Y Colombia?
El país ha avanzado en la identificación y análisis de riesgo frente a las principales amenazas de origen climático que afectan al país, como inundaciones, huracanes, incendios forestales y deslizamientos. Igualmente, ha generado coyunturas de estudio que han considerando diversos escenarios a través de la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050 (E2050), que busca definir objetivos de desarrollo socioeconómico y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo.
Incluso, el Ministerio de Ambiente de Colombia ha avanzado el desarrollo de la Evaluación de Daños y Necesidades Ambientales Continental (EDANA-C), que busca evaluar los daños y necesidades ambientales de los ecosistemas que se han afectado por un desastre, así como las necesidades para recuperar los servicios ecosistémicos.
A pesar de todos los avances señalados anteriormente para Colombia, y de acuerdo con la revisión probabilística del riesgo realizada en la E2050, donde se evaluaron las pérdidas anuales promedio para amenazas como inundaciones, sequías, incendios de cobertura vegetal, huracanes y deslizamientos, se llegó a la conclusión que las pérdidas anuales alcanzarían US$800 millones.
Aún si no se consideraran los escenarios de cambio climático, las pérdidas anuales promedio son cercanas a US$600 millones, indicando que el país ya presenta un nivel de riesgo muy alto. “No esperamos que estos arreglos financieros lo cubran todo, pero que sí sean parte de la solución a las pérdidas y daños que estamos viviendo en el país”, aseveró la ministra.
Muhamad también es consciente de que no todos los donantes están dispuestos a poner recursos en este fondo, porque implicaría reconocer en cierta medida su responsabilidad frente al tema de pérdidas y daños. No obstante, espera que los países desarrollados sean abanderados en este proceso y que adicionalmente se discutan fuentes innovadoras de financiamiento como una reforma estructural de las instituciones financieras internacionales.
El fondo también reconoce que los esfuerzos de mitigación no han sido suficientes y que es necesario introducir nuevos paradigmas de la cooperación internacional, más encaminada a reconocer las necesidades de los países que a su poder geopolítico, y a darle lugar a la justicia climática como un principio fundamental. Se esperaría que esta iniciativa contribuya a más ambición con referencia a la mitigación, así como a aseverar la necesidad de tener conversaciones difíciles que han evitado una verdadera resolución en las COP. Esa tarea todavía sigue pendiente. Ojalá avancemos pronto.
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