La jefa de cartera también se refirió a la informalidad, que para algunos expertos se quedó por fuera de la ecuación del Gobierno.
El proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el debate se avivó tras las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, quien se refirió al articulado como un “pliego de peticiones sindicales”.
Después de un encuentro con líderes gremiales, Cabello enfatizó en los puntos que le preocupan del proyecto, entre ellos, la ausencia de propuestas claras para atender a la informalidad, su posible impacto fiscal y los efectos que podría tener sobre la generación de empleo. Ante estas inquietudes, y respondiendo a las palabras de la procuradora, la ministra de Trabajo Gloria Ramírez aseguró que no el articulado tomó en consideración las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Corte Constitucional.
“Me parece que cuando dicen que la reforma laboral es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la normatividad, tanto nacional como internacional, esto es un sistema de pesos y contra pesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, estamos respondiendo a las sentencias que tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está en la Constitución Política”, dijo la jefa de cartera.
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Asimismo, indicó que se basa en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, con foco en principios fundamentales como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil, la proporcionalidad a la cantidad y calidad de trabajo, así como la estabilidad del empleo.
Ramírez sostuvo que el proyecto se centra en la garantía de los derechos de los trabajadores, con medidas como la delimitación de la jornada diurna hasta las 6 p.m., así como el ajuste del recargo dominical del 75% al 100%.
Ante la insistencia de diferentes líderes gremiales y analistas que aseguran que la informalidad quedó por fuera de la ecuación del Gobierno, la ministra afirmó que ese es un problema estructural de vieja data y que es un asunto no solo de relaciones laborales, sino también de las políticas económicas.
“Dentro del proyecto, Trabajo por el Cambio, existen capítulos destinados a reducir de manera directa la informalidad, por ejemplo, poblaciones tradicionalmente informales como: Trabajadoras domésticas, que suman cerca de 700 mil, formalización para los y las trabajadoras migrantes sin consideración a su nacionalidad, deportistas, trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de reparto que con la reforma se podrían formalizar a más de 100 mil y la creación del jornal agropecuario que impactaría a la informalidad en este sector que está en 86%”, aclaró el Ministerio del Trabajo en un comunicado.
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