La Ley del Viche ha abierto nuevos retos sobre los modelos de comercialización de la bebida. El país está frente a casos de apropiación cultural y económica. ¿Por qué?
En el capitalismo moderno, el conocimiento se ha convertido en un factor de producción necesario como el trabajo y el capital. La propiedad y el control de la información son fundamentales para la extracción de valor, dando lugar a un ‘capitalismo cognitivo’ basado en la apropiación y el control de la circulación del conocimiento y la información.
Parte central de este engranaje es la acumulación del conocimiento, de la cultura y de la información, en manos de corporaciones privadas que los ‘reempaquetan’ como bienes comerciales. Estas prácticas de comercialización de la inteligencia colectiva -inmersa en los conocimientos tradicionales con valor de cambio, accesible y compatible al mundo- ubican en un lugar de desventaja a las comunidades étnicas, frente aquellos que consideran que el monopolio del conocimiento es la fuente del valor de las mercancías de alto contenido inmaterial.
El patrón de usurpación se ha evidenciado con mayor claridad tras la promulgación de la Ley 2158 del 2021, o Ley del Viche, bebida tradicional de las comunidades negras de Colombia. La falta de reglamentación de la normativa ha propiciado modelos de relacionamiento comercial antiéticos, que facilitan la apropiación cultural y económica del mercado por parte de actores que sí tienen la fuerza financiera para hacerlo.
Mientras en los territorios étnicos los pequeños productores artesanales experimentan la zozobra constante por el decomiso de las bebidas por la falta de recomendación y conexión contextual de las entidades sanitarias y de policía, en las grandes ciudades, empresarios ajenos a las comunidades gozan de los beneficios económicos que deja la venta del viche bajo sus propias marcas en grandes restaurantes y bares exclusivos del país.
Lo cierto es que las comunidades negras han logrado consolidar un modelo de conservación y uso sostenible de la biodiversidad que le ha permitido al país tener esa reserva natural y cultural en las costas de Colombia, especialmente en el Pacífico. Al mismo tiempo, para estas familias el cultivo de la caña y producción de viche de manera artesanal constituye una de las fuentes de ingresos más relevantes dentro de sus contextos sociales. Una botella de viche condensa conocimientos tradicionales y valiosos saberes ancestrales de estas comunidades.
Para algunos productores tradicionales del viche, la reglamentación de la Ley 2158 es una oportunidad para gestar su autonomía económica y fortalecer su espíritu comunitario por medio de las distintas formas de uso y apropiación de los recursos naturales. Para otros, la falta de oportunidades jurídicas para establecer relaciones de comercio desde la equidad, ha facilitado la apropiación indebida de los recursos culturales y obstaculiza los emprendimientos étnicos de quienes ven la bebida una oportunidad de generar justicia económica.
Por lo pronto, mientras el Ministerio de Salud, el Invima y los distintos ministerios y entidades del Estado logran llegar a un mecanismo integral para la reglamentación del viche, es necesario implementar estrategias que permitan aumentar el poder de negociación de los pequeños productores y evitar las nefastas prácticas de apropiación cultural que se han desatado luego de la promulgación dela Ley del Viche. Aquí la pregunta es ; ¿A quién le interesa que el viche tenga otra cara distinta a las de cientos de familias productoras del Pacífico? ¿A quién le interesa que las comunidades no puedan aumentar su poder de producción y negociación, y poder establecer relaciones más justas y antirracistas con las grandes empresas?
Por: Audrey Mena*
*La autora es es abogada con maestría de la Universidad de Notre Dame y doctora en derecho de la Universidad del Rosario, con experiencia en temas de derechos étnicos colectivos y derechos culturales. Actualmente es la directora general adjunta de ILEX Acción Jurídica.
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