La academia, los pacientes y trabajadores del sector, así como exministros y empresarios agruparon a más de 60 actores que firmaron un Pacto Nacional por la mejora del sistema de salud.
A un mes de que el Congreso de la República concluya su periodo legislativo, las discusiones sobre la reforma a la salud se han intensificado desde todos los sectores. Tanto así que, en vísperas del debate que tendrá lugar mañana, los sectores académicos, usuarios y trabajadores de la salud, así como exministros de la cartera y empresarios de todo el país se unieron en un ‘Pacto Nacional para la mejora del Sistema de Salud’ que tiene como propósito solicitar formalmente al Gobierno que retire el proyecto que actualmente cursa en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Adicionalmente, y atendiendo la invitación del presidente Gustavo Petro de construir reformas entre todos, según declaró en su alocución del pasado 12 de mayo, los actores del sector solicitaron que se convoque a una “gran mesa nacional” que posibilite un debate amplio con evidencia científica y participación tanto ciudadana como de las organizaciones del sistema sanitario para construir una reforma que tenga como guías el mandato constitucional por el derecho fundamental a la salud.
El listado de organizaciones y personas que firmaron la propuesta asciende a más de 60 actores que incluyen a Pacientes Colombia; Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer; las asociaciones de usuarios de las EPS Salud Total, Compensar, Coosalud, Sura, Nueva EPS, Famisanar y Sanitas; Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi); Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas); Asociación Colombiana de Universidades (Ascun); Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de Salud (Gestarsalud); Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), entre otros.
También dieron su apoyo al proyecto los exministros de Salud Mauricio Santamaria, Fernando Ruíz, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño, Diego Palacio, Jaime Arias, Gabriel Riveros y Augusto Galán, así como los exministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo, Rudolf Hommes, José Manuel Restrepo y Juan Carlos Echeverry.
Convierta a Forbes Colombia en su fuente habitual de Actualidad
“Nos convoca el propósito de tener un mejor sistema de salud en Colombia (…) Esos cambios tienen que ver con mejoras en el acceso a la salud pública y a buscar una mayor equidad en las zonas rurales, así como al mejoramiento del talento humano en infraestructura en el sector público (…) Hacemos un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para considerar las manifestaciones y expresiones que tienen el genuino interés de advertir los riesgos para los pacientes, usuarios, institucionalidad y sostenibilidad del sistema si se aprueba el texto que hoy se discute”, sostuvo el exministro Augusto Galán, vocero de la iniciativa.
Unido a ello, existen graves preocupaciones sobre las forma en la que se ha tramitado el texto del proyecto 339 de 2023, que pasó de un borrador original a una ponencia y a una enmienda durante el transcurso del año. Con los cambios en esas diferentes propuestas, ha quedado como resultado un texto “ininteligible”, según explicó a Forbes el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
“El texto de reforma a la salud tiene demasiadas contradicciones en temas de financiamiento, modelo de atención, e incluso desde la técnica jurídica. El procedimiento ha sido absolutamente caótico, incluyendo una comisión accidental que revisó más de 540 proposiciones en tres horas, entonces estamos ante una posible aprobación por pupitrazo, lo que sería un error absoluto porque va a terminar invadiendo todo el proceso, y yo creo que esta es la reforma más sensible que se está discutiendo”, añadió.
A su vez, Ruiz sostuvo que volver a revisar el texto sería una “enorme oportunidad” para enriquecer el proyecto de ley, teniendo en cuenta que hay consenso en el hecho de que el sector salud necesita ajustes, pero al mismo tiempo, sostiene que es necesario escuchar a todos los actores y sus inquietudes ante efectos que “pueden ser muy negativos”.
Y es que, según Galán, los cambios propuestos en la reforma a la salud generan incertidumbre e inestabilidad para más de 100.000 trabajadores y no presenta reglas claras de un periodo de transición que proteja los avances para pacientes y usuarios al garantizar las prestaciones a las que tienen acceso. Al mismo tiempo, aseguró que viola las disposiciones de la Ley 5 de 1992 frente al trámite de leyes en Colombia.
“Muchas disposiciones del proyecto deben tramitarse por ley estatutaria en cuanto comprometen la garantía del derecho a la salud, lo que implica que sea declarada inconstitucional con enormes peligros para el sistema”, señaló.
Otro de los grandes cuellos de botella apunta a que la reforma desincentiva la participación privada y desconoce avances en calidad, avance tecnológico y formación de talento humano que ubica a Colombia en altos estándares de excelencia. Asimismo, los expertos manifestaron su preocupación por el esquema de manejo de recursos, que quedaría enteramente en manos de la Adres, institución que no cuenta con capacidad en infraestructura para responder por toda la operación financiera y administrativa del sistema.
Lo anterior, según los expertos involucrados en la iniciativa, generaría un impacto fiscal de decenas de billones de pesos sin considerar un plan completo de inversión que, sumado a la falta de control en gasto futuro, puede ser gastos fiscales a la nación. De ahí que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, comentara que, para establecer esas mejoras y construir sobre lo construido, no es necesario tomar riesgos que generen situaciones traumáticas.
Lea también: Investigación de Supersalud descartaría escasez de ciertos medicamentos en el país
Una de ellas ya se estaría dando en la actualidad, y tiene que ver con el presunto desabastecimiento de medicamentos en todo el país. Al respecto, el coordinador nacional de asociaciones de usuarios, Álvaro Molina, dijo que la reforma tiene contemplado generar un sistema nacional de fabricación de medicamentos, pero es un tema a futuro, por lo que debe haber solución inmediata a esta problemática.
“Lo que está en riesgo es la vida de los colombianos. Algunas EPS han ampliado y modificado esquemas para cubrir esta contingencia, pero debe haber intervención inmediata del gobierno. El ministro lo viene entendiendo y esperamos que así suceda (…) Las iniciativas apuntan a ampliación de contrataciones e importación de medicamentos, pero son pañitos de agua tibia en la crisis de abastecimiento”, detalló.
Lo que se ha visto ha desatado un debate democrático “suficientemente valioso” para la sociedad colombiana. Tanto que los actores del sector salud han hecho de todo para ser escuchados: desde enviar derechos de petición hasta buscar participación en las audiencias públicas sobre la reformas, pero no ha sido posible. “Tenemos que llegar a estas instancias porque la angustia y la desesperación es tal que no sabemos si nos quieren imponer una nueva reforma sin pensar en los pacientes. Esto es lo último que podemos hacer para ser escuchados”, sostuvieron al término de la presentación de la iniciativa.
El tema, según argumentan, no es que haya convocatorias a audiencias públicas donde haya un formalismo para escucharlos. Lo que han expresado asociaciones de usuarios y pacientes es el sentir de la gran mayoría del sector: no han sido atendidos en esta reforma, por lo que sus preocupaciones sobre el trámite que se ha surtido son legítimas ante una etapa definitiva del proyecto que representaría un antes y un después en el sistema de salud colombiano.